El Ejecutivo central convocó este lunes a representantes del sector agroalimentario y pesquero para analizar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio y estudiar medidas de choque que atenúen costes y riesgos de suministro. La ronda de contactos, celebrada en el Ministerio de Agricultura, comenzó por la mañana con la flota y proseguirá con la industria alimentaria y las organizaciones agrarias. El objetivo oficial es definir medidas inmediatas y evaluar instrumentos fiscales y de ayuda directa que protejan a agricultores, ganaderos y pescadores. La decisión responde al aumento de los costes de producción, especialmente de la energía y los fertilizantes, provocado por la crisis internacional.

Por la mañana abrió la agenda el ministro Luis Planas, que se reunió con la patronal Confederación Española de Pesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. El sector pesquero trasladó un diagnóstico de fuerte encarecimiento de los costes operativos, con la subida del combustible como principal factor de presión. Las organizaciones reclamaron medidas compensatorias urgentes para garantizar la viabilidad de la actividad y evitar tensiones en el suministro de pescado a los mercados nacionales e internacionales.

Entre las propuestas planteadas por la flota figuraron mecanismos de reducción del coste del combustible, la posibilidad de elevar los límites de ayudas estatales por buque en lugar de por empresa y la consideración de una suspensión o rebaja temporal del IVA de los productos pesqueros. Además, los representantes pidieron instrumentos que permitan liquidez inmediata y una revisión del régimen de ayudas para pequeñas embarcaciones que operan con márgenes estrechos. El objetivo es contener el cierre de jornadas de pesca y preservar el empleo en comunidades costeras.

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Encuentros con la industria y las organizaciones agrarias

Por la tarde, Planas se sentó acompañado del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas y con empresas de fertilizantes y piensos. El sector industrial demandó medidas para contener el alza en el coste de materias primas y suministros energéticos, además de apoyos para garantizar la continuidad de la cadena de valor agroalimentaria. Las empresas subrayaron la necesidad de mecanismos rápidos que permitan también sostener la exportación, un mercado relevante para muchas industrias españolas.

La ronda continuó en el Ministerio con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, así como con cooperativas agroalimentarias. Los sindicatos agrarios expusieron las dificultades que enfrentan productores de cereales, frutas y leche ante el encarecimiento de fertilizantes y la volatilidad de los precios. En el caso del sector lácteo gallego, los representantes alertaron sobre una presión adicional: la entrada masiva de cisternas procedentes de Francia y Portugal con precios por debajo de los costes de producción, lo que agrava la crisis de rentabilidad regional.

Medidas previstas y límites políticos

Las reuniones se producen después de la cita entre el Gobierno, sindicatos y empresarios celebrada el jueves anterior, en la que se acordó preparar un real decreto-ley con medidas fiscales de carácter temporal. El Ejecutivo ha adelantado que estas actuaciones incluirán ayudas específicas para sectores especialmente afectados, como el agro y el transporte por carretera. No obstante, desde Moncloa se evita por ahora comprometerse con soluciones amplias como una bonificación general del combustible o una rebaja indefinida del IVA alimentario, por su elevado coste presupuestario.

Fuentes gubernamentales explican que la línea prioritaria combinará medidas de carácter inmediato con acciones de carácter estructural orientadas a la reducción de la dependencia energética. Entre las áreas de trabajo figura el impulso a energías renovables en el entorno rural, la transición energética de explotaciones y empresas y el fomento de la electrificación donde resulte viable. El propósito es disminuir la exposición del sector a nuevas turbulencias internacionales a medio plazo.

En Galicia, donde la pesca y la producción láctea tienen especial peso, la convocatoria ha generado expectación por la posibilidad de ayudas concretas que respondan a la realidad local. Productores y armadores insisten en que los plazos de respuesta deben ser cortos para evitar cierres temporales de actividad y la pérdida de contratos. El debate regional también incorpora la preocupación por los costes de calefacción y combustibles, cuyos incrementos ya están afectando a hogares y pymes.

Si no se adoptan medidas eficaces y urgentes, alerta el sector, existe riesgo de desabastecimiento estacional en algunos productos y de mayor presión sobre los precios al consumidor. El Gobierno, por su parte, ha comprometido estudiar las propuestas y articular medidas a través de un real decreto-ley que podría activar ayudas directas, modificaciones temporales de tributos y líneas de crédito específicas. Los resultados de estas reuniones se esperan en los próximos días, cuando el Ejecutivo concrete el paquete de medidas.