La consejera de Mar, Marta Villaverde, se reunió el 15 de marzo de 2026 en Vigo con la nueva directiva de la Asociación Gallega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) para ofrecer la colaboración de la Xunta en la mejora de la competitividad del sector. El encuentro sirvió para analizar los retos actuales de la industria, entre ellos la propuesta de modificación del Reglamento General de Costas del Gobierno central. La administración autonómica se comprometió a presentar alegaciones y a coordinarse con las empresas afectadas ante posibles impactos en el dominio público marítimo-terrestre.
Villaverde estuvo acompañada por el director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Isaac Rosón, y mantuvo un diálogo con los responsables del sector sobre medidas para fortalecer la cadena mar-industria gallega. La reunión tenía como objetivo conocer de primera mano las necesidades de las empresas depuradoras y explorar vías de apoyo que mejoren su viabilidad y competitividad.
Entre los asuntos abordados, la posible reforma del Reglamento General de Costas centró buena parte de la conversación. Las empresas temen que una reinterpretación o endurecimiento de normas sobre el uso del dominio público marítimo-terrestre pueda limitar instalaciones y operaciones habituales de las depuradoras de moluscos.
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Conoce más →La Xunta presentará alegaciones
Ante esa preocupación, la consejería anunció su intención de presentar alegaciones al borrador remitido por el Ejecutivo central. Según fuentes de la Consellería, la acción se orientará a defender los intereses de un segmento que consideran estratégico para la economía gallega y para el mantenimiento del empleo vinculado al mar.
La postura de la Xunta busca, además, abrir canales de diálogo con el Gobierno estatal para abordar las modificaciones normativas sin poner en riesgo la actividad productiva. Desde la administración autonómica subrayan la importancia de compatibilizar la protección del litoral con la continuidad de actividades económicas consolidadas en la costa.
Retos y propuestas para el sector
En la reunión se trabajaron otros temas de interés para Agade, como la necesidad de modernización tecnológica de las plantas, la adaptación a nuevos requisitos sanitarios y la búsqueda de mercados que permitan incrementar el valor añadido de los productos. Las depuradoras reclaman también instrumentos administrativos y financieros que faciliten inversiones y mejoren su capacidad de competencia.
La nueva directiva de Agade, encabezada por Alberto Cacabelos, expuso su diagnóstico y propuestas para hacer frente a los desafíos estructurales del sector. Cacabelos, procedente de Mariscos Malliño, asumió la presidencia hace pocas semanas y su equipo busca reforzar la interlocución con las administraciones.
Los representantes empresariales insistieron en la trascendencia de preservar el acceso al dominio público marítimo-terrestre para garantizar la operativa de las estaciones depuradoras y evitar costes adicionales que podrían trasladarse a la cadena productiva. Plantearon, asimismo, la necesidad de coordinación entre administraciones para evitar interpretaciones divergentes de la norma.
La Xunta, por su parte, se comprometió a mantener contactos periódicos con Agade para acompañar iniciativas que impulsen la competitividad y la sostenibilidad del sector. Entre las medidas barajadas figuran programas de apoyo a la innovación, ayudas para inversiones y acciones de promoción en mercados nacionales e internacionales.
El encuentro se enmarca en una serie de reuniones que la Consellería de Mar mantiene con distintos agentes del mar-industria para articular respuestas conjuntas a los desafíos regulatorios y económicos. La intención oficial es conformar una hoja de ruta que combine defensa jurídica de intereses y estímulos para la modernización del tejido productivo.
Fuentes de la asociación valoraron positivamente la disposición mostrada por la Xunta y la apertura al diálogo, aunque advierten de que el desarrollo de las alegaciones y su posible impacto dependerán del contenido definitivo del reglamento estatal y de la capacidad de negociación entre administraciones.
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