El Gobierno ha anunciado que recurrirá por la vía judicial la parte de la sentencia del Tribunal Supremo que contempla una compensación económica a los herederos de Franco por el Pazo de Meirás, tras la confirmación del fallo que obliga a entregar la propiedad al Estado. La decisión se hizo pública el 15 de marzo de 2026, después de que el Alto Tribunal ratificara la resolución previa de la Audiencia Provincial de A Coruña. El Ejecutivo sostiene que no procede indemnizar por un uso considerado privativo y pide la colaboración de las administraciones para combatir esa parte del fallo. La ejecución de la sentencia, incluida la fijación de la cuantía, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña.

El Tribunal Supremo confirmó la restitución del inmueble ubicado en Sada al patrimonio público, pero introdujo la posibilidad de compensar a los herederos por las obras y el mantenimiento realizados mientras ocuparon la residencia. El Gobierno celebra que se reconozca la plena titularidad estatal, pero discrepa de la obligación de abonar una suma económica por ese periodo de ocupación. La cuantía no figura en la sentencia y deberá determinarse en una fase de ejecución separada.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció en una entrevista en la cadena SER la intención del Ejecutivo de oponerse a la indemnización y coordinar una estrategia conjunta con otras instituciones. Según explicó, el objetivo es evitar que el reconocimiento de un uso privativo derive en una compensación económica que, a su juicio, vulneraría los intereses públicos. El Gobierno ya ha consultado con la Abogacía del Estado sobre las opciones jurídicas disponibles.

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«Vamos a dar la batalla, y espero que sea con el conjunto de administraciones, para que un uso privativo no tengamos que indemnizarlo con cantidades económicas»

Qué falta por resolverse y el proceso de ejecución

La ejecución de la sentencia corresponderá al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que abrirá una pieza separada para fijar la cuantía de la eventual compensación. Esa determinación se realizará más adelante y podrá ser objeto de nuevos recursos, según las fuentes jurídicas consultadas por el Ejecutivo. La Abogacía del Estado ha señalado que la cuestión de la indemnización tendrá «recorrido jurídico» y que podría plantearse ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

En 2020, el abogado de la familia Franco llegó a estimar un importe mínimo de 800.000 euros por obras y conservación, una cifra que tendrá que ser contrastada y probada en el procedimiento de ejecución. El monto final dependerá de la prueba documental y pericial que aporten las partes y puede incorporar deducciones por la situación jurídica previa al fallo. El Gobierno advierte de que aceptar esta compensación sin pelea podría sentar un precedente en casos similares sobre bienes vinculados al periodo franquista.

La estrategia del Ejecutivo y la coordinación con administraciones

Torres explicó que su departamento ya se ha puesto en contacto con los servicios jurídicos de las administraciones implicadas para articular una respuesta coordinada. El ministro agradeció la participación de entidades locales y autonómicas que colaboraron en la causa hasta ahora y confía en que mantendrán la misma línea en esta fase procesal. El objetivo político y jurídico del Ejecutivo es defender la preservación del patrimonio público sin desembolsos que, a su juicio, serían indebidos.

La polémica sobre la indemnización añade una nueva dimensión a un litigio que ya fue seguido con atención por su carga histórica y simbólica. Más allá de la devolución material del Pazo, la posibilidad de pagar a herederos por mejoras realizadas durante décadas plantea dudas sobre quién debe responder por el coste de conservar bienes que finalmente son reconocidos como propiedad del Estado.

Fuentes del Ministerio sostienen que la batalla judicial no se limita a una respuesta técnica: persigue evitar una interpretación que normalice pagos por usos privativos en contextos de restitución de bienes vinculados a la dictadura. En su intervención, el titular de Memoria Democrática defendió la sentencia como un paso hacia la protección del patrimonio público y anunció que el Gobierno agotará las vías legales para impugnar la indemnización si es necesario.

La disputa judicial continuará ahora en los tribunales de A Coruña y, previsiblemente, en instancias superiores si se presentan recursos. La resolución definitiva sobre la cuantía —y sobre si corresponde o no abonar compensación alguna— puede tardar meses o incluso años, en función de los recursos que presenten las partes y del calendario procesal.