Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, anunció ayer que el Ejecutivo emprenderá todas las acciones legales necesarias para evitar o reducir la indemnización que el Tribunal Supremo reconoce a los herederos de Franco por el Pazo de Meirás. La declaración se produjo en una entrevista radiofónica en la que el ministro pidió además la colaboración de todas las administraciones implicadas. La decisión responde a la sentencia que confirmó esta semana que el inmueble pertenece al Estado, pero que abre la puerta a una compensación económica a los herederos.

La cuantía de esa indemnización se fijará cuando se ejecute la sentencia, según explicó el ministro, aunque en 2020 el abogado de la familia Franco llegó a cifrarla en un mínimo de 800.000 euros. El propio fallo del Supremo reconoce el derecho de los herederos a ser indemnizados, lo que sitúa el conflicto en una nueva fase procesal centrada ahora en el importe y su justificación jurídica.

Torres precisó que la cuestión tiene aún recorrido legal y que la Abogacía del Estado ha apuntado que la determinación de la indemnización deberá ser trasladada a la Audiencia Provincial de A Coruña. El ministro subrayó que el Gobierno revisará esas vías y que, llegado el caso, agotará los recursos disponibles para defender el interés público.

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Recursos y coordinación entre administraciones

Preguntado por la posibilidad de recurrir, el ministro dijo que la parte relativa a la indemnización “tendrá recorrido jurídico” y que el Ejecutivo trabajará coordinado con las administraciones implicadas para afrontar ese trámite. Aseguró que su Departamento ya está en contacto con los servicios jurídicos de las distintas instituciones que participaron en el proceso.

«Vamos a dar la batalla, y espero que sea con el conjunto de administraciones, para que un uso de alguien privativo no tengamos que indemnizarlo con cantidades económicas»

Torres vinculó la estrategia del Gobierno a la defensa de los bienes públicos frente a usos privados heredados del franquismo y reclamó unidad entre administraciones para no favorecer compensaciones que, a su juicio, serían injustificadas. Desde Moncloa se emplazan los pasos procesales próximos a la Audiencia Provincial, aunque no se concretó calendario para la presentación de recursos.

El fallo y su ejecución

El Tribunal Supremo dictaminó esta semana que el Pazo de Meirás pertenece al Estado, cerrando una larga batalla judicial sobre la titularidad del inmueble. No obstante, la resolución incluyó la posibilidad de indemnizar a los herederos, una cuestión que ahora focaliza el debate político y jurídico.

Según explicó el ministro, la cuantía solo se fijará en la fase de ejecución de la sentencia, lo que supone que todavía no existe una cifra definitiva inscrita en una resolución ejecutoria. Ese avance procedural —el paso a la Audiencia Provincial de A Coruña para concretar la indemnización— será clave para determinar si la familia Franco consigue una compensación económica y de qué importe.

El Pazo de Meirás fue declarado recientemente Lugar de Memoria Democrática, un reconocimiento que el Ministerio ha utilizado para argumentar la defensa del dominio público. Para el Ejecutivo, ese reconocimiento refuerza la necesidad de no premiar con pagos lo que consideran un uso ilegítimo y simbólicamente ligado al franquismo.

Fuentes del departamento de Torres insisten en que la batalla jurídica combina criterios legales y de política de memoria: por un lado, limitar el abono de fondos públicos cuando el uso ha sido privativo, y por otro, consolidar la protección de bienes con valor histórico para la memoria democrática.

El proceso continúa en manos de los tribunales y las administraciones, que deben coordinar la respuesta legal del Estado. En los próximos meses se conocerá si el recurso o las gestiones solicitadas por el Gobierno logran reducir, anular o confirmar la indemnización, y cuál será el impacto final sobre la gestión del Pazo de Meirás.