La Unión Europea dispone desde febrero de 2024 de la operación naval Aspides, creada para proteger la navegación en el mar Rojo y el golfo Pérsico, incluida de forma explícita la zona del estrecho de Ormuz. La decisión sobre ampliar su mandato o desplazar su foco operativo depende del consenso de los Veintisiete Estados miembros y responde a un aumento de las tensiones tras ataques en Oriente Medio. Hoy se debate si esa herramienta, concebida inicialmente contra los ataques hutíes, puede emplearse para garantizar el paso de mercantes en Ormuz sin provocar una escalada militar.

Aspides tiene su base de operaciones en Larissa (Grecia) y fue aprobada con un mandato orientado a la protección de buques comerciales ante amenazas en el mar. Aunque el texto jurídico incluye el estrecho de Ormuz en su ámbito, la praxis de la misión se ha concentrado en el mar Rojo, donde los ataques de los hutíes pusieron en riesgo rutas clave de transporte.

El cierre temporal del estrecho de Ormuz anunciado por Irán como respuesta a incidentes en su territorio ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de usar la operación para escoltar buques y disuadir ataques. Sin embargo, la utilización de Aspides fuera de su actual foco operativo exigirá no solo decisiones técnicas, sino también una decisión política unánime entre los socios comunitarios.

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Qué incluye el mandato de Aspides

El mandato original de la operación establece tres tareas centrales: acompañar a buques mercantes, mantener conciencia situacional marítima y proteger a las naves frente a ataques múltiples desde el mar o el aire. Estas funciones fueron definidas en clave defensiva, para responder a amenazas concretas contra la navegación y no para lanzar acciones ofensivas en tierra.

«Se trata de una misión puramente defensiva, concebida para responder a amenazas contra la navegación y no para abrir un frente militar nuevo en la región.»

En la práctica eso significa que los buques de Aspides pueden prestar escolta, compartir información de inteligencia y, en su caso, repeler agresiones dirigidas a embarcaciones civiles, siempre dentro de los límites del derecho internacional y con criterios de necesidad y proporcionalidad.

Límites legales y políticos

Modificar el alcance operativo de Aspides —por ejemplo, para permitir operaciones más proactivas en el estrecho de Ormuz— requiere el acuerdo de todos los Estados miembros. Esa unanimidad política es la principal barrera, porque muchos países temen que una escalada militar derive en confrontación directa con Irán o con fuerzas afines en la región.

Además de la voluntad política, existen limitaciones prácticas: despliegue de fuerzas, logística, reglas de enfrentamiento y coordinación con otras iniciativas internacionales. La UE debe armonizar su acción con aliados y actores regionales para evitar solapamientos y reducir el riesgo de incidentes indeseados.

Desde el punto de vista jurídico, cualquier actuación de Aspides en Ormuz tendría que sustentarse en el mandato actual o en una ampliación formal aprobada por los Veintisiete, y enmarcarse en el derecho internacional marítimo, con especial atención al principio de proporcionalidad en la respuesta ante amenazas.

¿Puede Aspides reabrir el tráfico en Ormuz?

En teoría, Aspides dispone de herramientas para contribuir a la seguridad del tráfico marítimo: escoltas navales, vigilancia y apoyo a la comunicación y coordinación entre buques mercantes. Ese tipo de presencia puede disuadir ataques oportunistas y facilitar la navegación segura en zonas de riesgo.

No obstante, la misión no es por sí sola una varita mágica capaz de «reabrir» el estrecho si la causa del cierre es una decisión estratégica de un Estado ribereño. Para garantizar un retorno estable del tráfico sería necesario un paquete político más amplio que combine disuasión en el mar, canales diplomáticos y, en su caso, medidas económicas o sancionadoras coordinadas.

En definitiva, Aspides es una herramienta disponible para la UE, pero su efectividad en Ormuz dependerá de tres factores: la decisión política unánime de los Estados miembros, la claridad del nuevo mandato y los recursos materiales y humanos que se asignen. Sin esos tres elementos, la operación seguirá siendo principalmente un escudo limitado a responder amenazas concretas en el mar.