La Xunta de Galicia ha anunciado que ofrecerá viviendas de reemplazo a los vecinos de Monte Mero afectados por las expropiaciones para la construcción del nuevo barrio en A Coruña. La decisión llega tras la campaña de protestas de los residentes y con una convocatoria de la Consellería para el próximo 25 de marzo en la Delegación Territorial. El Ejecutivo autonómico mantiene que las expropiaciones son inevitables por el proyecto urbanístico, pero asegura que se estudiará caso por caso. El objetivo declarado es facilitar una opción habitacional para quienes tengan su residencia habitual en las parcelas expropiadas.
Cerca de 180 coruñeses se habían mostrado angustiados por la posibilidad de quedarse sin hogar al quedar sus viviendas en el suelo donde se prevé levantar más de 4.000 viviendas. La Xunta sostiene que dará alternativas a quienes acrediten que la casa afectada es su vivienda habitual y permanente. En su comunicado, el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, anunció la apertura de canales de información y asesoramiento para los afectados.
La reunión convocada para el 25 de marzo en la Delegación Territorial servirá para explicar los criterios de aplicación y resolver dudas individuales, según fuentes del departamento. Está previsto que técnicos de Vivienda y Urbanismo informen sobre la oferta de pisos de relevo y las condiciones administrativas del proceso. El Ejecutivo autonómico también aseguró que se habilitará una zona en el ámbito del desarrollo urbano destinada a acoger esas viviendas de sustitución.
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La propuesta de la Xunta contempla la entrega de una vivienda alternativa a quienes acrediten que la casa expropiada era su residencia habitual. Esa alternativa podrá materializarse tanto en un bloque de pisos como en una vivienda unifamiliar, según indicaron responsables de la Consellería. La administración remarca que se intentará adaptar la solución a la situación concreta de cada hogar, aunque los detalles sobre régimen, titularidad y condiciones concretas no se han concretado todavía.
El anuncio evita, por ahora, precisar plazos de traslado, fórmulas de compensación económica o la superficie de las viviendas ofrecidas. Tampoco se ha explicado el criterio de prioridad entre los posibles beneficiarios ni si habrá ayudas complementarias para el traslado o la adaptación de la nueva vivienda. Esos puntos serán, previsiblemente, objeto de debate en las reuniones informativas programadas.
Desde las asociaciones vecinales implicadas en la movilización —principalmente las de Eiris y de Pedralonga— mantienen una postura de cautela ante el anuncio. Los colectivos señalaban que hasta el momento no habían recibido convocatoria ni comunicación oficial personalizada sobre las soluciones anunciadas por la Xunta.
Reacción vecinal y próximos pasos
La portavoz de la plataforma vecinal, Mónica Díaz, recordó procesos anteriores y mostró escepticismo sobre las condiciones que se ofrecerán. Díaz recordó el caso del parque de Eirís, donde algunas familias heredaron pisos en mal estado que no fueron considerados como soluciones equivalentes. Por eso, para la plataforma el anuncio gubernamental es, por ahora, insuficiente hasta conocer las condiciones concretas.
«Es un brindis al sol sin saber las condiciones»
Mientras mantienen las reservas, los colectivos han anunciado que seguirán con las movilizaciones que, dicen, han contribuido a que la Xunta suavizase su postura inicial. Hoy celebrarán una asamblea con la Plataforma por el Derecho a la Vivienda y mañana se reunirán con la alcaldesa Inés Rey, encuentro que los vecinos habían reclamado desde noviembre.
«Pedimos esa reunión en noviembre»
En el horizonte siguen abiertos asuntos clave: la garantía de que la vivienda ofrecida sea equivalente en superficie y servicios, la titularidad final de esas viviendas y la transparencia en los criterios de selección. Los afectados también barajan la posibilidad de recurrir a vías administrativas o judiciales si las propuestas no resultan satisfactorias.
La cita del 25 de marzo se presenta, por tanto, como el próximo hito para aclarar el alcance de las soluciones prometidas. Hasta entonces, continúa la tensión entre el desarrollo urbanístico proyectado para Monte Mero y las demandas de vecinos que exigen seguridad habitacional y condiciones claras antes de aceptar cualquier alternativa.
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