Una historia que combina desahucio, alarma vecinal y la falta de recursos sociales se ha instalado estos días en Moaña. Mercedes y Antonio, la pareja señalada por ocupar varias viviendas en el municipio del Morrazo, fueron detenidos el pasado domingo y puestos en libertad tras aceptar una condena de cuatro meses. Mientras tanto, aseguran que llevan días «durmiendo en el monte» y reclaman una solución habitacional urgente.

Detención, versiones encontradas y la amenaza de penas mayores

Los hechos, según fuentes cercanas a la investigación, comenzaron hace un mes y medio en una vivienda del barrio de O Real que quedó, denuncian sus propietarios, «destrozada» tras semanas de ocupación. Aquel primer episodio derivó en una mayor atención de los vecinos y, finalmente, en la detención de la pareja el pasado domingo en una casa de A Moureira, en la parroquia de Meira.

Tras pasar por el juzgado de Cangas, ambos salieron en libertad. La fiscalía y la defensa acordaron una conformidad que, según la versión pública, implicaba aceptar cuatro meses de prisión. Sin embargo, para Mercedes la situación sigue siendo incierta: explica que, si vuelven a ocupar una vivienda, ella afrontaría «cuatro meses», pero que a Antonio le podrían caer «hasta dos años» por sus antecedentes penales. La propia mujer resume la precariedad en una frase dura: «Llevamos varios días durmiendo en el monte, como perros».

«Entendemos que el Estado tiene recursos para poder ayudarnos», dice Mercedes sobre su situación habitacional.

La pareja afirma que la detención en A Moureira fue fruto de una trampa: les dijeron que la casa estaba deshabitada y, cuando entraron, apareció uno de los propietarios. Tras la libertad del lunes, accedieron a una vivienda de un familiar por una ventana y tuvieron que ser desalojados por la Guardia Civil. Desde entonces, los agentes mantienen un seguimiento para impedir nuevas ocupaciones.

Vecinos, daños y la respuesta del Concello

En el barrio de O Real la propietaria afectada espera recuperar la normalidad. Los daños que dejaron obligan a una limpieza y un vaciado completo de muebles y enseres. El Concello ha pedido a la dueña una solicitud formal para estudiar cómo colaborar, y el servicio municipal del Punto Limpio está valorando la forma de retirar el mobiliario con las garantías legales pertinentes. Es una solución práctica, pero no resuelve la cuestión de fondo: ¿dónde duermen ahora quienes reivindican un techo?

La Guardia Civil, además de custodiar el caso, ha respondido a llamadas vecinales en las últimas noches. Hubo una alarma que situaba a la pareja en un invernadero de Quintáns, pero los agentes comprobaron que no estaban allí. El despliegue deja en evidencia la tensión entre la protección de la propiedad privada y la limitada capacidad de las administraciones para ofrecer alternativas habitacionales inmediatas.

La cuestión más amplia: vivienda, sanción y políticas locales

Este episodio no es aislado en la comarca. El Morrazo, con su combinación de precios de alquiler al alza en la franja costera y un parque de vivienda envejecido en el interior, ha visto episodios recurrentes de ocupación y conflicto entre propietarios y ocupantes. La pandemia, la inflación y la escasez de alternativas asequibles han contribuido a una situación donde, a menudo, la sanción penal y la exclusión social van de la mano.

Para los propietarios, la okupación supone una vulneración material y emocional: casas con muebles arrancados, desperfectos y el coste de recuperar un bien que, en algunos casos, ya llevaba tiempo vacío. Para quienes ocupan, la descripción que ofrece Mercedes —durmiendo al raso, puertas cerradas en albergues «completos»— dibuja la otra cara de la moneda. La política local se mueve entre medidas de apoyo a las víctimas y la presión para evitar nuevos episodios, pero con recursos limitados.

En Galicia, y en ayuntamientos como el de Moaña, las soluciones pasan por la coordinación entre servicios sociales, fuerzas de seguridad y entidades que gestionan viviendas temporales. No siempre es rápido: la exigencia de garantías administrativas, la falta de plazas en albergues y la complejidad del procedimiento judicial alargan la resolución.

Los próximos pasos plausibles son varios. Judicialmente, la conformidad aceptada por la pareja no cierra la vía penal si se repiten los hechos; administrativamente, el Concello puede acelerar la limpieza de la vivienda afectada y facilitar ayudas a la propietaria; socialmente, es urgente reforzar la red de acogida para evitar que personas vulnerables terminen durmiendo en el monte. En lo inmediato, la Guardia Civil mantiene vigilancia para impedir nuevos allanamientos, mientras la comunidad local intenta retomar la calma.

Más allá de la anécdota puntual, el caso de Mercedes y Antonio vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo compatibilizar la defensa de la propiedad con la obligación de garantizar un mínimo habitacional? Si la respuesta sigue siendo principalmente represiva, aumentará la probabilidad de que situaciones como esta se repitan. Si la respuesta incorpora vías de alojamiento temporal y mediación, podrá amortiguarse la tensión social que hoy se palpa en las calles de Moaña.

La semana que viene será clave: la propietaria del inmueble de O Real espera poder empezar la limpieza, el Punto Limpio estudiará la retirada del mobiliario y las fuerzas de seguridad seguirán los pasos de la pareja. Para muchos vecinos, la prioridad es recuperar la tranquilidad; para la pareja, la prioridad es no volver a dormir en el monte. En un municipio pequeño como este del Morrazo, ambas prioridades se cruzan y reclaman, con rapidez, una solución que evite más daños y más desamparo.