La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará la próxima semana el juicio por el homicidio del joven Soufian M., ocurrido la madrugada del 8 de junio de 2019 a la salida de un local de copas en Salceda de Caselas. El procesado, identificado como Florian R., detenido en el Reino Unido en enero de 2024 y extraditado a España, se enfrenta a una petición fiscal de 25 años de prisión.

Los hechos y el calendario del juicio

Según el escrito de acusación, aquella madrugada alrededor de las 04:50 el joven se encontraba en la terraza del bar ‘La Parchita’ con amigos cuando, tras un breve intercambio de palabras, el acusado le recriminó que le hubiera tirado la copa. Lo empujó, lo agarró por la camiseta y, en medio de un forcejeo, lo trasladó en dirección al Ayuntamiento del municipio. En el trayecto la víctima cayó y, siempre según la acusación, el agresor sacó por sorpresa un arma blanca y asestó hasta tres puñaladas en zonas vitales.

El herido logró seguir a su agresor hasta un banco frente al consistorio, donde se sentó sujetándose el estómago; intentó reanudar la marcha pero cayó desplomado y falleció a causa de las heridas, que le perforaron el corazón. Fueron escenas que conmocionaron a la población de un concello pequeño como Salceda, donde los bares y las plazas todavía guardan el recuerdo de aquella noche.

El juicio se abre con la constitución del jurado el lunes a partir de las 10:00 horas en la Audiencia de Pontevedra. Ese mismo día está prevista la declaración del procesado y el inicio de las testificales. El martes desfilarán ante el tribunal, según comunicó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), diecisiete agentes de la Guardia Civil y cinco peritos. Se espera que el jurado comience a deliberar el miércoles.

Una investigación transfronteriza que tardó años

La detención del acusado no se produjo hasta más de cuatro años después del crimen: fue arrestado en el condado británico de Cheshire el 6 de enero de 2024 y posteriormente extraditado a España. La demora ha sido uno de los factores que complican el relato: testigos que cambiaron de domicilio, recuerdos que se atenúan y una instrucción que tuvo que reconstruir pruebas a partir de indicios y testimonios.

Fuentes judiciales señalan que la captura en el Reino Unido fue el resultado de una investigación laboriosa que implicó cooperación internacional y el rastreo de movimientos en el extranjero. No es la primera vez que casos con víctima joven y arma blanca terminan requiriendo este tipo de colaboración entre cuerpos policiales europeos, pero sí remarca la complejidad operativa y jurídica cuando el supuesto autor abandona el país tras un delito grave.

A la hora de exigir la ejecución de la pena, la Fiscalía ha pedido expresamente que la condena se cumpla íntegramente en España. Además solicita, en caso de que se acceda a un tercer grado penitenciario o a la libertad condicional, la expulsión del territorio nacional por carecer de arraigo y la prohibición de regreso durante 10 años. En paralelo reclama indemnizaciones que rozan los 300.000 euros para los padres y hermanos de la víctima.

Repercusiones locales y preguntas pendientes

En Salceda la muerte de Soufian dejó una comunidad dividida entre la incredulidad y la necesidad de respuestas. A falta de confirmaciones oficiales sobre algunos detalles de la instrucción, vecinos y allegados han reclamado desde el primer momento que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la escalada de violencia aquella madrugada. Según fuentes cercanas a la familia, la principal demanda es que el proceso aporte pruebas suficientes para que haya una sanción acorde con la gravedad de los hechos y, sobre todo, para que la familia obtenga un cierre judicial.

La petición fiscal, además de la privación de libertad, incorpora la doble vertiente reparatoria y administrativa: la indemnización económica por el daño sufrido y la expulsión como medida de política criminal. Esa combinación no es inusual en casos con acusados extranjeros cuando las autoridades consideran que, una vez cumplida una pena o en regímenes de semilibertad, el retorno al país de origen podría ser la única opción razonable para la seguridad pública y la reinserción.

Queda por ver cómo valorará el jurado la cadena de hechos narrada por la acusación y qué peso concederá a las pruebas periciales y a las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil. La previsión de que declaren diecisiete investigadores apunta a que una parte importante del juicio girará en torno a la reconstrucción técnica del suceso: trayectos, rastros de sangre, análisis balísticos o trazas de ADN, en su caso.

Para la familia de Soufian, que perdió a un hijo en circunstancias que todavía hoy remueven al entorno por su brutalidad, la vista no solo supone la búsqueda de una condena, sino la posibilidad de que la comunidad recupere una sensación de seguridad. En municipios del Condado y comarcas próximas, donde la vida social gira en torno a las plazas y los bares, episodios así dejan lecciones sobre la prevención de la violencia y la importancia de protocolos de actuación nocturna.

El juicio, por su carácter mediático y por la atención que suscita en la comarca, tendrá además un calado simbólico: medirá la capacidad de la justicia para culminar una investigación con detención en el extranjero y traducirla en una resolución firme. La semana de vistas judiciales culminará con la deliberación del jurado y, previsiblemente, con una sentencia que marcará el cierre provisional de un capítulo que comenzó, cabe recordar, hace casi siete años.

En Salceda hay citas y recuerdos pendientes: la familia reclama que el nombre de Soufian no se borre de la memoria del pueblo y que la respuesta penal sirva para reconstruir, en lo posible, la normalidad truncada una madrugada de 2019. A la espera de la decisión del jurado, el proceso judicial funcionará como esa pieza que la comunidad y los allegados depositan con la esperanza de que, al menos desde lo institucional, haya justicia.