La causa por la muerte de Soufian M., ocurrida en la madrugada del 8 de junio de 2019 frente a un local de Salceda de Caselas, llega por fin a la sala. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará la vista con jurado popular la próxima semana, después de una investigación que terminó con la detención del presunto autor en el Reino Unido en enero de 2024. El Ministerio Fiscal reclama una pena de 25 años de prisión y la ejecución íntegra de la condena en España.

La sesión de apertura y las pruebas que llevarán al jurado

El tribunal constituirá el jurado el lunes a las 10.00 horas y, acto seguido, está previsto que preste declaración el acusado, identificado en el sumario como Florian R.. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avanzan que ese mismo día darán comienzo las testificales, que se extenderán hasta el martes, jornada en la que comparecerán hasta 17 agentes de la Guardia Civil y cinco peritos. La deliberación del jurado, según el calendario previsto, arrancará el miércoles.

El escrito de acusación dibuja una escena breve y violenta: alrededor de las 04.50 horas, la víctima se encontraba con amigos en la terraza del bar conocido como La Parchita cuando, siempre según la versión del fiscal, el agresor se acercó para recriminarle que le había tirado una copa. Tras un forcejeo camino del Ayuntamiento, el procesado habría sacado un arma blanca por sorpresa y asestado hasta tres puñaladas en zonas vitales. El joven logró caminar unos metros y sentarse en un banco frente al consistorio, pero poco después cayó desplomado y falleció a causa de una perforación cardíaca.

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La acusación solicita además que, si al condenado se le aplicase el tercer grado o la libertad condicional por falta de arraigo en España, se proceda a su expulsión del territorio nacional y a una prohibición de regreso durante 10 años. Las cuantías reclamadas por daños y perjuicios para los padres y hermanos de la víctima superan los 300.000 euros.

Investigar en varios países: la detención en el Reino Unido

No es un caso ordinario por el largo periodo que medió entre los hechos y la apertura del juicio. La investigación se prolongó durante años y culminó con una laboriosa actuación policial que llevó a localizar al sospechoso en el condado de Cheshire; fue detenido el 6 de enero de 2024 y posteriormente extraditado a España. La resolución de un homicidio cometido en 2019 gracias a operaciones transfronterizas ilustra, en clave local, la complejidad de perseguir delitos cuando el tiempo y las fronteras juegan en contra.

En la comarca se recuerdan con nitidez aquellas madrugadas de 2019: Salceda es un municipio pequeño, donde los nombres y las caras permanecen en la memoria colectiva. El suceso sacudió a la comunidad de la Louriña y el Condado, y reabrió debates sobre seguridad nocturna y vigilancia en zonas de ocio en pueblos próximos a Vigo y Porriño, donde la concentración de bares y el tránsito de jóvenes es habitual los fines de semana.

La vía judicial que ahora se activa, con jurado popular, implica que serán ciudadanos quienes valoren la versión de los hechos, las pruebas testificales y periciales, y emitan un veredicto sobre la responsabilidad penal. Posteriormente, corresponderá a los magistrados fijar la pena en función de ese veredicto y de las circunstancias que aprecien.

Consecuencias, reparación y el pulso de la justicia local

El fiscal insiste en la ejecución íntegra de la pena en España y en la expulsión como medida complementaria; reclamaciones que apuntan a la intención de evitar que un eventual acceso a beneficios penitenciarios—como la progresión de grado o la libertad condicional—se traduzca en una efectiva continuidad de la libertad del condenado en territorio español. Para la familia de la víctima, las indemnizaciones reclamada superan una suma que pretende cubrir daño moral y material tras la pérdida.

Más allá de la dimensión estrictamente legal, el caso plantea preguntas sobre la respuesta institucional ante episodios violentos en municipios pequeños: cómo actúan los cuerpos de seguridad local y provincial, qué protocolos existen en locales de ocio para evitar escaladas, y cómo la justicia restituye, en la medida de lo posible, la percepción de seguridad en comunidades que aún recuerdan el suceso. En los últimos años, la Guardia Civil ha reforzado la cooperación internacional y las unidades especializadas, algo que en este procedimiento fue clave para rastrear y detener al presunto autor fuera de España.

La celebración del juicio tendrá eco en la comarca, donde la familia de Soufian busca un cierre que, admiten allegados, será incompleto sin la reparación humana que ninguna condena puede garantizar por completo. A falta de la deliberación del jurado y de la sentencia definitiva, la fecha del juicio supone un hito en un proceso que ha estado marcado por la lejanía temporal entre los hechos y la acusación pública.

En términos procesales, cabe recordar que la implicación de un jurado popular confiere al veredicto una significación social: no es solo la aplicación fría de normas, sino el juicio de ciudadanos sobre una agresión que costó la vida a un joven. Tras la deliberación, la eventual sentencia y las posibles apelaciones, la repercusión práctica sobre el detenido—siempre que sea condenado—incluye la ejecución de la pena, las medidas de expulsión y la reclamación económica a favor de la familia.

El desarrollo de la vista oral en Pontevedra será, además, un termómetro de la actuación de la Fiscalía y de la Guardia Civil en la investigación. Para Salceda de Caselas y municipios cercanos, la atención no cesará con el veredicto: quedará la reflexión sobre prevención, control y la atención a las víctimas, así como el recuerdo de una madrugada de 2019 que marcó a una comunidad. El juicio, previsto para la próxima semana, arrancará con la constitución del jurado y podrá ofrecer respuestas que la familia y el pueblo llevan años esperando.