Un sector tradicionalmente visible en el pulso urbano de Ourense denuncia que la actividad se ha desplomado en los primeros meses del año mientras los costes operativos siguen subiendo. Los profesionales alertan de una reducción de la clientela cercana al 20% respecto a 2025, combinada con la volatilidad en el transporte ferroviario y el encarecimiento de los carburantes, factores que están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas licencias.

Crisis de demanda y caos horario en las estaciones

La queja más repetida entre los conductores es la irregularidad en la llegada de viajeros a las paradas. “Estamos a lo mejor parados una hora o hora y media y después llegan a la vez, nos lían mucho”, explica Francisco Javier Álvarez, presidente de los taxistas de Ourense. Esa tendencia ha convertido la plaza de la estación y otras paradas clave en un rosario de esperas largas seguidas de picos que las flotas no logran absorber con eficacia.

El fenómeno no es sólo coyuntural: los taxistas señalan que la falta de puntualidad en los trenes obliga a reorganizar turnos a golpe de arribos, con conductores que pasan horas inactivos y, acto seguido, se ven desbordados por la demanda. El resultado, según los profesionales, es un servicio menos eficiente y clientes frustrados que, en ocasiones, optan por alternativas o cancelan trayectos.

En el entramado urbano de Ourense —ciudad de tamaño medio con altas concentraciones de actividad en el casco histórico y zonas como O Couto— esta irregularidad repercute también en la planificación diaria de los desplazamientos. A la incertidumbre de horarios ferroviarios se suma la competencia por el espacio público: la convivencia con nuevos modos de movilidad, declaraciones de vecinos sobre ocupación de paradas y las obras puntuales condicionan el flujo de clientes.

Un negocio apretado por los precios del combustible y los costes fijos

La escalada de los precios de los carburantes ha sido la otra pata del problema. Aunque los taxistas reciben una tarifa regulada, los aumentos del coste por litro erosionan rápidamente los márgenes. En ciudad, pequeños desplazamientos con numerosas paradas y tráfico intermitente consumen más y ofrecen menos recorrido facturable, una combinación que encarece cada jornada laboral.

Además de combustible, la cuenta de explotación de un taxi incluye seguros, revisiones, tasas municipales de licencia y, en muchos casos, financiación de vehículos. Para los titulares de licencias con dorso hipotecario, reducir la jornada no es una opción: cualquier disminución de ingresos amenaza con convertir una licencia histórica en una carga económica. Por eso hay profesionales que están revisando horarios, racionalizando rutas y, en algunos casos, planteándose cambios de modelo de vehículo.

La transición hacia vehículos eléctricos aparece en la conversación como una posible salida a medio plazo. La menor dependencia de los precios del diésel o la gasolina y el menor coste de mantenimiento prometen alivio económico, aunque la inversión inicial, la incertidumbre sobre la autonomía en jornadas largas y la densidad de puntos de recarga en la ciudad son obstáculos reales que, hasta ahora, frenan decisiones masivas.

Antecedentes locales y la respuesta institucional

No es la primera vez que el taxi en Ourense enfrenta tensiones: la profesión ha pasado por reajustes tras cambios en la movilidad urbana, el impulso de plataformas y la reordenación del transporte público. Históricamente, la actividad se beneficia del turismo termal, la actividad universitaria y el comercio local, pero esas fuentes son volátiles y dependen de factores externos como la estacionalidad o la conectividad ferroviaria.

Fuentes del sector explican que se han solicitado medidas a las administraciones municipales y autonómicas para hacer frente a la circunstancia, desde campañas de apoyo al taxi hasta líneas de subvención para la renovación de vehículos. A la espera de respuestas concretas, los taxistas reivindican un plan que combine ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos, mayor coordinación con la operativa de las estaciones ferroviarias y medidas temporales que alivien la factura del combustible.

En otras ciudades gallegas la implantación de puntos de recarga y los incentivos para flotas han funcionado con mayor o menor intensidad; Ourense, con su dispersión territorial y un parque de vehículos veterano, necesita calibrar esas iniciativas para que no queden en mera retórica. La negociación entre el sector, el Concello y la Xunta seguirá siendo decisiva en las próximas semanas.

Repercusiones y próximos pasos: ajustes necesarios en un sector al límite

Si la tendencia de caída de la clientela se consolida, las consecuencias podrían ir más allá de una simple reestructuración comercial. Algunos profesionales advierten del riesgo de cierre de licencias y pérdida de un servicio de proximidad clave para personas mayores y para las conexiones nocturnas y entre municipios del área metropolitana. La pérdida de taxistas también tendría un efecto espejo en la oferta, encareciendo servicios residuales y perjudicando al usuario final.

En el plano inmediato, las flotas han empezado a ajustar horarios y a explorar acuerdos temporales con eventos y establecimientos para garantizar recorridos más estables. En paralelo, se suceden contactos con empresas energéticas y operadores de recarga para evaluar soluciones conjuntas que reduzcan costes operativos. El sector apunta a una mezcla de medidas: modernización del parque, mejor coordinación intermodal con RENFE y Adif en la gestión de arribos y, sobre todo, respaldo administrativo para hacer viable la transición.

La próxima reunión entre representantes del taxi y responsables municipales será un termómetro de la capacidad de reacción. Para los conductores, la espera no es ya una cuestión de comodidad: es una cuenta que debe cuadrar. Y Ourense, ciudad con tradición de comercio local y movilidad a pie, necesita que ese servicio siga siendo una pieza firme del sistema urbano, no un sector condenado a encogerse por la combinación de precios y descoordinación.