El juicio contra Florian R., señalado como autor del apuñalamiento que costó la vida a Soufian M. en la madrugada del 8 de junio de 2019 en Salceda de Caselas, se celebra esta semana en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El acusado, detenido en Reino Unido en enero de 2024, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de prisión por un delito de asesinato; la vista será con tribunal de jurado.

Los hechos: una discusión que terminó en muerte

Según el relato del Ministerio Público, la víctima se encontraba en la terraza de un establecimiento de ocio cuando fue abordada por el ahora procesado tras una discusión por una copa derramada. La versión de la acusación describe cómo el enfrentamiento, inicialmente verbal, derivó en un forcejeo que continuó mientras ambos se dirigían hacia la plaza del Ayuntamiento de la localidad.

En ese empujón y forcejeo, la víctima cayó al suelo y el acusado, según la acusación, aprovechó el desplome para sacar un arma blanca y asestarle tres puñaladas. Los informes forenses que obran en el sumario atribuyen a una de las heridas la lesión del corazón y constatan que la causa del fallecimiento fue una hemorragia masiva.

«para atrás»

El fiscal describe el arma como una navaja de hoja estrecha —entre 1,5 y 2 centímetros de anchura y de 8 a 10 centímetros de longitud— que impactó en zonas vitales: tórax, escápula izquierda y región dorsal izquierda. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar dejando a la víctima tendida; Soufian consiguió levantarse y caminar apenas unos pasos antes de caer definitivamente en la entrada de la plaza.

No es menor el hecho de que la investigación sufrió un traspiés en sus inicios: unas horas después del crimen llegó a detenerse a una persona que ingresó en prisión provisional y fue puesta en libertad días más tarde cuando las diligencias sobre ella se archivaron por identificación errónea. Aquella actuación inicial alimentó la inquietud en un pueblo pequeño donde la comunidad se volcó desde el primer momento en la búsqueda de respuestas.

Una investigación internacional que terminó en extradición

La Guardia Civil reactivó la causa con lo que se denominó Operación Parchita y fue recopilando pruebas: fotografías y vídeos aportados por testigos desde distintos locales de ocio de la comarca permitieron obtener una imagen del supuesto autor que se difundió públicamente en 2020. Paralelamente, los laboratorios de la Comandancia de Pontevedra trabajaron en la obtención de perfil genético y se realizaron análisis de identificación facial y periciales por parte del Grupo de Apoyo Técnico de la UCO.

Con esos elementos y tras descartar otros candidatos, los investigadores localizaron pistas que situaban al sospechoso fuera de España. Los rastreos llevaron por varios países —Portugal, Italia, Albania y Grecia— hasta terminar en el Reino Unido. La jueza de instrucción de O Porriño activó el procedimiento de extradición y, coordinada con la policía británica vía Interpol, se logró localizar y detener al hombre el 6 de enero de 2024 en el condado de Cheshire. Poco después, el 25 de enero, pasó a disposición judicial en España y quedó en prisión provisional.

Durante la detención en el extranjero se detectó además que el investigado tenía otra reclamación judicial pendiente en Galicia, concretamente en Cambados, por su presunta vinculación con hechos relacionados con el narcotráfico, circunstancia que figura en las actuaciones y complica aún más su situación procesal.

Responsabilidades civiles, petición de expulsión y el peso simbólico del caso

La acusación pública solicita, además de la pena privativa de libertad y que ésta se cumpla íntegramente en España, medidas de carácter accesorio: la expulsión del territorio nacional en caso de acceder a un tercer grado y la prohibición de retorno durante una década. En cuanto a la responsabilidad civil, exige que los padres y los tres hermanos de la víctima sean indemnizados por una suma cercana a 290.000 euros.

Este procedimiento vuelve a poner sobre la mesa debates que en Galicia son recurrentes cuando un crimen violento sacude a poblaciones pequeñas: la seguridad en el ocio nocturno, la eficacia en la identificación temprana de sospechosos y la cooperación internacional en delitos transfronterizos. Salceda de Caselas, municipio de apenas 7.000 habitantes a medio camino entre Vigo y Tui, vivió en 2019 una conmoción que todavía perdura entre vecinos y comerciantes.

Para las familias y allegados de Soufian M., la apertura del juicio supone un paso clave hacia el esclarecimiento y, en su caso, hacia una reparación que nunca será completa. En el vecindario se mezclan la memoria del joven y la necesidad práctica de ver culminar un proceso que arrancó con errores y tardanzas y que necesitó la pericia técnica de laboratorios y los circuitos de cooperación policial europea.

Desde el punto de vista jurídico, el caso pasará por la valoración del jurado sobre aspectos determinantes: la intención homicida, la proporcionalidad del acto y las circunstancias que rodearon la agresión. La Fiscalía, que califica los hechos como asesinato, tendrá que probar la existencia de alevosía o, en su defecto, convencer al tribunal popular de la concurrencia de agravantes que justifiquen la petición de pena máxima formulada.

Más allá de las cuestiones penales, la vista permitirá también observar cómo ha evolucionado la respuesta institucional a este tipo de sucesos en las comarcas pontevedresas desde 2019. Los próximos días serán una prueba de la capacidad del sistema para afrontar casos complejos que combinan violencia callejera, errores iniciales de investigación y una resolución que ha exigido cooperación internacional. A la espera de la sentencia, la sociedad local busca respuestas y, sobre todo, garantías de que hechos así no queden impunes ni sin un aprendizaje colectivo.