La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará este lunes y martes el juicio por jurado contra Florian R., el hombre acusado de apuñalar mortalmente a un joven de origen marroquí, identificado como Soufian M., la madrugada del 8 de junio de 2019 en la localidad de Salceda de Caselas. La Fiscalía considera los hechos un delito de asesinato y solicita una pena de 25 años de prisión, además de indemnizaciones que rozan los 290.000 euros para la familia de la víctima.

Los hechos: una discusión que terminó en tragedia

Aquel sábado de junio, la terraza de un bar del centro de Salceda fue el escenario de una confrontación que solo entonces parecía una bronca más de madrugada. Según el relato de la acusación, la discusión se inició porque, presuntamente, a alguien le habían tirado una copa. Soufian intentó calmar la situación, pero las tensiones fueron en aumento hasta que el acusado lo empujó y le instó a «ir para atrás» para zanjar el asunto.

El forcejeo acabó alejándolos hacia la plaza del Ayuntamiento. En un momento en que la víctima cayó al suelo, el procesado habría sacado un arma blanca de pequeñas dimensiones —descrita en el escrito fiscal como de entre 1,5 y 2 centímetros de ancho y de 8 a 10 centímetros de hoja— y le clavó tres heridas en zonas vitales: tórax con lesiones en el corazón, escapula izquierda y región dorsal. Pese a que Soufian logró levantarse y avanzar unos pasos, quedó desplomado en la entrada de la plaza y falleció por una hemorragia masiva.

Tras el ataque, el presunto autor huyó del lugar. Minutos y horas después, la confusión marcó los primeros movimientos de la investigación: hubo una detención inicial de un sospechoso que días después fue liberado y excluido de las diligencias al identificársele erróneamente. Aquella equivocación dejó a la familia, al municipio y a los investigadores con preguntas que tardaron años en responder.

La investigación que culminó en detención en Reino Unido

La Guardia Civil reabrió la investigación bajo el nombre de Operación Parchita y remontó el caso con pruebas aportadas por testigos: fotografías y vídeos tomados la noche del crimen en varios locales. Del análisis conjunto con el laboratorio de criminalística de la Comandancia de Pontevedra nació, según fuentes judiciales, un perfil genético que permitió descartar otras hipótesis y centrar las sospechas en el hombre que ahora se sienta en el banquillo.

Las pesquisas no se limitaron al territorio gallego. Los agentes siguieron al sospechoso por varios países —Portugal, Italia, Albania, Grecia— hasta localizar su rastro en el Reino Unido. Una orden de búsqueda, el trabajo con Interpol y la cooperación de la policía británica culminaron con su detención en el Condado de Cheshire el 6 de enero de 2024. Posteriormente, el investigado fue puesto a disposición del juzgado de O Porriño el 25 de enero de 2024, se acogió a su derecho a no declarar y quedó en prisión provisional.

No es la primera vez que en procedimientos complejos contra supuestos homicidas la investigación combina pruebas forenses con periciales de identificación facial; en este caso, los investigadores remitieron al juzgado informes del Departamento de Identificación Facial y del Grupo de Apoyo Técnico de la UCO. A falta de una condena firme, esas pruebas serán clave ante el tribunal de jurado que debe valorar la versión de la Fiscalía y la defensa.

Contexto local: heridas abiertas en un pueblo pequeño

Salceda de Caselas, municipio del área metropolitana de Vigo que cuenta con una comunidad marroquí asentada desde hace años, no ha olvidado el suceso. En poblaciones de menor tamaño, una muerte violenta altera la convivencia cotidiana: el bar donde se inició la pelea, los testigos que aquella noche grabaron imágenes con sus móviles y las familias que viven a ambos lados de la tragedia han tenido que convivir con la investigación y con la incertidumbre durante más de cuatro años.

La petición de la Fiscalía de que la ejecución de la pena se cumpla íntegramente en España y de que, en caso de acceder el reo al tercer grado, se ejecute una expulsión con prohibición de retorno durante diez años, vuelve a poner sobre la mesa debates habituales en Galicia: control de la delincuencia, cooperación internacional y medidas migratorias. Aún así, fuentes cercanas a la causa indican que la prioridad del proceso es acreditar la autoría y la intención, no la nacionalidad, en un caso que la acusación califica como asesinato por alevosía.

En el plano judicial también pesa el dato de que el detenido tenía, según consta en las diligencias, una reclamación judicial pendiente en Cambados por presunta vinculación con tráfico de drogas. Es un hilo más en la compleja madeja que los investigadores han ido desentrañando desde 2019.

Repercusiones y próximos pasos: el juicio, la familia y la búsqueda de justicia

El juicio ante un Tribunal del Jurado, previsto para los próximos días, marcará un punto de inflexión. La Fiscalía ha reclamado además responsabilidades civiles para los padres y los tres hermanos de la víctima por casi 290.000 euros, una cifra que busca cubrir daños morales y materiales. La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de rebatir las pruebas periciales y las imputaciones sobre la secuencia de los hechos.

Los vecinos esperan que el proceso arroje claridad y ponga fin a una herida abierta en la comunidad. A falta de confirmación oficial sobre la agenda de testigos, se espera la comparecencia de personas que presenciaron la discusión y de peritos que explicarán los análisis de ADN e identificación facial que han sido determinantes para la detención. La complejidad del caso —con pruebas técnicas cruzando fronteras— exige una instrucción y una vista que resistirán escrutinio público.

Más allá de las partes y de las pruebas, queda el recuerdo de Soufian y la búsqueda de justicia por parte de su familia. Para un pueblo donde los nombres se conocen y las calles recuerdan noches compartidas, el juicio no es solo un trámite legal: es la concreción de una demanda social por respuestas. Habrá que ver si el tribunal de jurado comparte la calificación de la Fiscalía y si la sentencia, cuando llegue, sirve para cerrar un capítulo doloroso que comenzó en una madrugada de junio de 2019.

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