Renfe registró entre enero de 2025 y enero de 2026 un total de 8 partes de información de riesgos de seguridad en la línea Ourense-Santiago, según la respuesta del Gobierno a una batería de preguntas planteadas por senadores del PP. La estadística ha vuelto a centrar el foco en un trazado que aún arrastra la sombra del accidente del Alvia en 2013: la limitación temporal de velocidad que Adif impuso en enero —a 200 kilómetros por hora en 28 kilómetros antes de la curva de A Grandeira— ha activado de nuevo las alarmas entre viajeros y responsables políticos en Galicia.

Incidencias, medidas inmediatas y la respuesta oficial

Los partes comunicados por maquinistas —según recoge la documentación en manos del Senado y fechada el 13 de marzo— se refieren a incidencias relacionadas con la propia infraestructura de la línea. Tras los siniestros de Adamuz (Córdoba) y el incidente en Rodalies de Gelida (Barcelona), y ante avisos de vibraciones en el trazado, Adif optó por una restricción temporal de velocidad que afecta a los trenes antes de la curva donde tuvo lugar el grave accidente de 2013, que dejó 80 muertos y 143 heridos.

La limitación, que todavía sigue vigente desde enero, busca atajar riesgos detectados por los maquinistas y prevenir situaciones que puedan comprometer la estabilidad o seguridad del material rodante en un tramo concreto del corredor. Fuentes cercanas a los operarios consultadas por este periódico señalan que los avisos venían de la percepción de vibraciones y movimientos anómalos, detalles que, aunque no siempre derivan en una avería inmediata, obligan a la inspección y a la toma de medidas cautelares a la espera de un diagnóstico técnico exhaustivo.

En la comunicación oficial, el Ejecutivo aprovecha para poner sobre la mesa las reformas normativas en marcha: la implementación de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible y la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM). El Gobierno describe el EDIM como una estructura para centralizar datos sobre oferta y demanda de los diferentes modos de transporte, así como información financiera y de inversiones en infraestructuras.

«En lo referente al sector del transporte, y en particular al ferrocarril, esta ley promueve entre otros aspectos, la creación y regulación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM)»,

Además, el Ejecutivo enumera medidas complementarias: un plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a pasajeros en incidencias extraordinarias y un protocolo específico para el análisis de incidentes que no sean objeto de investigación por la Autoridad Independiente. «Estos planes serán objeto de exposición y debate junto con todos los grupos parlamentarios», añade la nota oficial, apuntando a una apuesta por más coordinación y transparencia.

El peso de la historia y las preguntas que persisten

No es la primera vez que la curva de A Grandeira y el tramo Santiago-Ourense ocupan titulares en Galicia. El recuerdo del siniestro del Alvia en el barrio de Angrois sigue muy presente en la memoria colectiva: homenajes, procesos judiciales y debates sobre responsabilidades han marcado la última década. A falta de confirmación oficial sobre la naturaleza exacta de cada uno de los ocho partes registrados, familiares de las víctimas y asociaciones de usuarios observan con desconfianza cualquier anomalía que afecte a ese corredor.

La responsabilidad de la infraestructura corresponde a Adif, mientras que Renfe opera los servicios. Esa división de funciones, que en teoría permite una supervisión especializada, también es fuente de tensiones cuando se detectan problemas: los operarios, que están en primera línea, son quienes reportan las incidencias; los gestores de la vía deben decidir intervenciones, y los gestores políticos deben asignar recursos y prioridades. En Galicia, donde la demanda de conexión con la meseta y el eje atlántico tiene implicaciones económicas y sociales, la percepción pública de cómo se gestionan esos riesgos tiene consecuencias políticas palpables.

Desde distintas fuerzas políticas en la comunidad autonómica se reclama información detallada sobre el alcance de las inspecciones y los tiempos previstos para ejecutar reparaciones o mejoras. La petición formulada en el Senado por el grupo popular pretende precisamente arrojar luz sobre ese proceso de notificación y actuación, algo que el Gobierno ha intentado matizar con la referencia a la nueva normativa y las herramientas de control que impulsa.

Qué se espera ahora y qué implicaciones tiene para los viajeros

En lo inmediato, la limitación de velocidad puede traducirse en incidencias operativas: ligeros aumentos de tiempo de trayecto, reajustes en la planificación de material y personal, y la posibilidad de que se comuniquen más partes si durante las comprobaciones técnicas aparecen otros puntos de interés. Para el viajero gallego, la cuestión es doble: por un lado reclama seguridad; por otro, no quiere ver deteriorada una oferta ferroviaria que en muchos tramos sigue siendo esencial para la movilidad laboral y turística.

La puesta en marcha del EDIM y los planes que anuncia el Ejecutivo podrían mejorar la coordinación y la transparencia si realmente se traducen en datos accesibles, auditorías regulares y criterios claros para priorizar inversiones. Sin embargo, la eficacia de esas herramientas dependerá de fondos, calendarios de mantenimiento y voluntad política para afrontar un déficit de obra pública en distintos nudos críticos. En el terreno local, la Xunta y los ayuntamientos afectados seguirán presionando para que los compromisos se concreten en actuaciones tangibles y en plazos reales.

A medio plazo, la clave será la capacidad de convertir las advertencias de maquinistas —esos ocho partes— en acciones verificables: inspecciones técnicas exhaustivas, reparación de elementos de vía, renovación de traviesas o sistemas de drenaje si fuese necesario, y, sobre todo, una comunicación más directa y comprensible con los usuarios. Mientras tanto, la foto en el lugar del siniestro de 2013 y los carteles de homenaje en Angrois recuerdan que la confianza se recupera con hechos, no solo con declaraciones. A falta de confirmación oficial sobre las conclusiones técnicas, este episodio refuerza la demanda social y política de que la seguridad ferroviaria sea una prioridad presupuestaria y operativa en Galicia y en el conjunto del país.

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