La regidora de Santiago ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción conjunta para instar a la administración autonómica a ejecutar de forma inmediata la retirada de los residuos depositados en la cantera de Miramontes y a completar la restauración ambiental del enclave. La iniciativa, convocada para el devenir del debate municipal, llega después de que la Audiencia Provincial de A Coruña haya dictado una sentencia firme que condena a la empresa responsable por un delito contra el medio ambiente.

La moción municipal y la petición de responsabilidades

Goretti Sanmartín explicó en rueda de prensa que el texto que presentarán BNG y Compostela Aberta persigue dos objetivos claros: obtener de la Xunta de Galicia un calendario con plazos concretos para la retirada del material acumulado y garantizar la restitución de la zona afectada. “O que esiximos é que a Xunta faga público un calendario, que poña prazos e que diga cando se vai retirar ese material, e cando se vai proceder á restauración ambiental da zona”, afirmó la alcaldesa ante los medios.

Según la alcaldesa, el Ayuntamiento se ha implicado desde el inicio del conflicto y ha promovido “todos os procedementos posibles”, defendiendo la salud y los derechos de la vecindad. A falta de confirmación oficial por parte de la Xunta sobre los pasos a seguir, el gobierno municipal opta por elevar la presión política con una moción que pretende sumar el apoyo de la corporación y legitimar la demanda de las plataformas vecinales.

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En el mismo acto, Sanmartín manifestó su respaldo a la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y a la empresa Ferusa, cuyas reivindicaciones han cobrado nueva fuerza tras la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente por las actividades desarrolladas en las instalaciones de la parroquia de Guixoa. “Tras esa sentenza, o que resulta inaceptable é que non se lle dea unha solución ambiental definitiva… Mentres se manteñan aí materiais depositados vai continuar a preocupación e os riscos para a veciñanza”, zanjó la regidora.

“É inaceptable que non se dea unha solución ambiental definitiva á canteira de Miramontes”, declaró Goretti Sanmartín.

Contexto y antecedentes del conflicto

La polémica alrededor de Miramontes no surge de la nada. Durante años, vecinos y asociaciones han denunciado el depósito de materiales en una antigua cantera que, por su ubicación y las características de los residuos, ha despertado inquietud en la población rural de la parroquia de Guixoa y en áreas próximas a Santiago. Cabe recordar que la competencia para intervenir técnicamente en vertederos y canteras recae en la Xunta en materia de medio ambiente y gestión de residuos, lo que convierte a la administración autonómica en el actor principal para la ejecución de una solución definitiva.

No es la primera vez que el Ayuntamiento reclama medidas: los trámites administrativos, las denuncias y las demandas judiciales han ido marcando el pulso del conflicto. La reciente sentencia firme de la Audiencia, que confirma la responsabilidad penal de la empresa gestora, eleva el caso a una nueva fase en la que la retirada y la restauración dejan de ser solo una exigencia social para convertirse en una demanda fundada jurídicamente.

La Plataforma de Afectados y Ferusa han mantenido concentraciones y actos de protesta en distintos momentos del proceso. Según fuentes cercanas a la movilización, la sensación entre la vecindad es de hastío: esperan que la condena judicial se traduzca en hechos y no quede en una victoria simbólica sin ejecución práctica. La inquietud no es solo estética; los vecinos temen riesgos ambientales y para la salud vinculados a la permanencia de materiales no controlados en el entorno.

Repercusiones y pasos a seguir

La moción que se someterá a pleno busca, además de la publicación de un calendario, que la Xunta informe públicamente sobre los riesgos identificados y las medidas de prevención para evitar nuevos impactos. El Ayuntamiento pretende forzar a la administración autonómica a fijar plazos concretos y a clarificar quién asumirá los costes y la responsabilidad técnica de la actuación. En la práctica, esto obliga a abrir un proceso en el que intervengan técnicos, peritajes y, previsiblemente, una solución de retirada con traslado a instalaciones autorizadas y la posterior restauración del terreno.

Quedan por conocer varios aspectos decisivos: el calendario que propone la Xunta, el coste económico y el método de financiación, los plazos para la ejecución material y la coordinación entre administraciones. A falta de respuesta oficial, la alcaldesa ha marcado el compás político y ha emplazado a la corporación a respaldar a la vecindad afectada. Si el pleno aprueba la moción por mayoría, la presión institucional sobre el gobierno autonómico se intensificará y será difícil eludir responsabilidades.

Para la ciudadanía, la urgencia es tangible. Más allá de la dimensión jurídica, la permanencia de los residuos mantiene en alerta a quienes viven en la comarca. El Ayuntamiento, por su parte, ha dejado claro que seguirá promoviendo procedimientos destinados a proteger la salud pública y el medio ambiente, pero subraya que algunas actuaciones materiales exceden sus competencias y dependen de la capacidad de ejecución de la Xunta.

En las próximas semanas se espera que la moción llegue al pleno municipal, que los grupos definan sus apoyos y que desde la Xunta se ofrezcan —o no— respuestas concretas. Lo que parece indiscutible es que la sentencia firme ha cambiado el marco: la discusión sale del terreno de la protesta y entra en el de la obligación administrativa y, en última instancia, de la ejecución material. Los vecinos de Guixoa y los colectivos que han mantenido la denuncia aguardan ahora hechos, no promesas.