Xunta de Galicia y Gobierno de España han encendido de nuevo la mecha en torno a la regulación del litoral. San Caetano ha pedido amparo a Bruselas por la reforma del Reglamento de Costas impulsada por el Ejecutivo central, un paso que acerca a las partes a su tercer litigio en apenas cinco años. La tensión administrativa y jurídica vuelve a traducirse en incertidumbre para ayuntamientos, vecinos y actividades vinculadas al mar en toda la comunidad.

Choque de interpretaciones y pasos formales

La remisión de la Xunta a la Comisión Europea no es un gesto simbólico: supone poner en manos de Bruselas la valoración sobre si la reforma respeta o vulnera preceptos del Derecho de la Unión. Según fuentes de la propia administración autonómica, la nueva redacción del reglamento introduce criterios que podrían debilitar la protección del dominio público marítimo-terrestre y abrir cauces de mayor discrecionalidad administrativa. El Ejecutivo central, por su parte, defiende que se trata de una actualización dirigida a la seguridad jurídica y a armonizar la normativa con la jurisprudencia más reciente.

Entre las cuestiones técnicas que preocupan en Galicia figuran la delimitación de las servidumbres de paso y protección, la autorización de usos en primera línea y la tramitación de obras de reparación tras temporales. En localidades con costa recortada, acantilados y numerosas pequeñas ensenadas —recursos que son seña de identidad del paisaje gallego— cualquier cambio en la interpretación de la ley puede tener efectos inmediatos sobre permisos, concesiones portuarias y actividades tradicionales como el marisqueo.

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No es la primera vez que esta confrontación desemboca en los tribunales. Desde 2021 la costa española ha protagonizado procedimientos y recursos relacionados con la transposición de directivas europeas y la aplicación de la Ley de Costas. El episodio más conocido fue la intervención de la Comisión en 2021 por posibles vulneraciones de la normativa comunitaria; ahora la petición de la Xunta reaviva un conflicto que ya ha dado lugar a dos litigios anteriores en los últimos cinco años y amenaza con prolongarse.

Los municipios costeros observan con preocupación. En sitios como Ortigueira, donde la visión sobre Os Aguillóns desde el banco de Loiba es patrimonio paisajístico y económico a la vez, las decisiones sobre el litoral se traducen en permisos, inversiones y en muchos casos en la supervivencia de modos de vida vinculados al mar. Concejales y técnicos insisten en que la normativa debe permitir aplicar soluciones diferenciadas según la realidad local, y temen que una reglamentación más genérica deje fuera esa flexibilidad necesaria.

Raíces históricas y debate técnico

La actual ley que ordena el uso del litoral en España parte de la conocida como Ley de Costas de 1988, que instauró el principio del dominio público marítimo-terrestre y la servidumbre de protección. Desde entonces, su desarrollo reglamentario y su aplicación han sido motivo de disputas recurrentes, especialmente en territorios donde la presión urbanística y la actividad económica chocan con la necesidad de preservar ecosistemas frágiles.

Añádase la emergencia climática y el incremento del nivel del mar, y el tablero normativo se complica: la normativa tiene que conciliar protección, adaptación y sostenibilidad económica. Expertos consultados en el pasado han reclamado instrumentos claros para evitar autorizaciones en zonas de riesgo, proteger hábitats de interés y mantener el uso público de las playas y riberas. Para la Xunta, según fuentes cercanas, la reforma planteada por el Gobierno no incorpora suficientes salvaguardas territoriales y apuesta por soluciones estándares que podrían no encajar con la complejidad de las rías gallegas.

La intervención de Bruselas en 2021 puso de manifiesto la dimensión europea del asunto. La Comisión vigila que las transposiciones y las prácticas administrativas respeten la normativa ambiental comunitaria y las exigencias de evaluación de impacto. Si Bruselas decide ahora abrir un nuevo expediente, el conflicto ganará en gravedad y podría desembocar en fases procesales largas, con consecuencias jurídicas que trascienden la contienda autonómico‑estatal.

Repercusiones prácticas, políticas y próximos pasos

En lo inmediato, la disputa genera inseguridad administrativa para proyectos pendientes: obras de regeneración de playas, ampliaciones portuarias o actuaciones de protección frente a temporales pueden quedar en suspenso. Promotores, ayuntamientos y pescadores se mueven con cautela. Hay además riesgo de impacto sobre la elegibilidad de proyectos vinculados a fondos europeos: la posible intervención comunitaria podría condicionar subvenciones y programas de adaptación financiados desde Europa.

En el plano político, el asunto se presta a instrumentalizaciones. Formaciones y plataformas locales lo convierten en ejemplo de prioridades distintas: unos exigen mayor protección y control frente a la presión urbanística; otros reclaman agilidad administrativa para permitir inversiones que, en su opinión, generan empleo y vertebran comarcas. Entre las dos posiciones, quedan administraciones y residentes que reclaman diálogo y soluciones concretas para problemas que no admiten recetas únicas.

A partir de aquí, la agenda marcará dos hitos: la contestación formal de la Comisión Europea a la petición de la Xunta y la publicación íntegra del texto reformado del Reglamento de Costas por parte del Gobierno. Si Bruselas abre expediente, el caso seguirá una vía que puede terminar, si procede, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En paralelo, en los tribunales españoles es previsible la presentación de recursos contencioso-administrativos y, en caso de conflicto competencial, la vía ante el Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, en pueblos como Cedeira, Viveiro o las rías bajas, el pulso entre administraciones se traduce en una espera tensa. No es solo una cuestión legal; es la gestión de un patrimonio común, la defensa de economías locales y la adaptación a un litoral que cambia. A falta de una salida política compartida, la disputa judicial amenaza con marcar la agenda del litoral gallego en los próximos meses, con efectos palpables en la costa y su gente.