Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, autorizó este viernes la compra y venta temporal de petróleo iraní que se encuentra varado en buques en alta mar. La medida, anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pretende inyectar hasta 140 millones de barriles al mercado y estará en vigor para cargamentos embarcados desde este viernes hasta el 19 de abril, con el objetivo inmediato de aliviar la presión sobre los precios de los carburantes tras el cierre parcial del Estrecho de Ormuz y la escalada del conflicto con la República Islámica.

Qué implica la autorización y cómo funcionará

No se trata de un levantamiento permanente de sanciones sino de una exención temporal limitada en el tiempo y al volumen. La autorización permite que cargamentos ya embarcados, que de otra forma quedarían inmovilizados por restricciones financieras y aseguradoras, puedan ser vendidos y descargados. Desde la Casa Blanca han insistido en que la medida busca recuperar barriles para el mercado sin normalizar el acceso de Irán a los ingresos y servicios financieros internacionales.

En su comunicado, Bessent advirtió que «Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados», una frase que resume la doble intención de la administración: aumentar la oferta para contener precios sin renunciar a la presión económica sobre Teherán. La operación incluye condiciones sobre el destino de los fondos y mecanismos para impedir el uso directo de los ingresos en favorecimiento del régimen.

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La logística detrás de la medida no es trivial. Los cargamentos varados dependen de aseguradoras, bancos corresponsales y puertos dispuestos a recibir hidrocarburos vinculados, aunque sea temporalmente, a Irán. Además, la exención solo corre mientras persistan las condiciones autorizadas; si el conflicto se agrava y el tránsito por el Golfo se interrumpe de nuevo, los efectos en el mercado podrían revertirse con rapidez.

Antecedentes y por qué Washington ha optado por ceder

La relajación de las restricciones ocurre después de semanas de fuertes subidas del petróleo: el barril de brent, referencia en Europa, pasó de cotizar alrededor de 72,48 euros a finales de febrero a superar los 108 euros esta semana, con picos que alcanzaron más de 119 euros en momentos de máxima tensión. La escalada impactó en el bolsillo de los consumidores y en los mercados financieros; la Asociación Automovilística Americana (AAA) situó el precio medio del galón entre 3,8 y 4,2 dólares y el índice S&P 500 registró retrocesos ante la incertidumbre.

Históricamente Washington no es ajeno a flexibilizar sanciones por motivos de mercado: en episodios previos, emergencias energéticas han forzado a los gobiernos a poner por delante la estabilidad económica inmediata sobre la aplicación estricta de medidas punitivas. Ahora la Casa Blanca combina la autorización de ventas con la modificación de reglas como la ley Jones —permitiendo temporalmente mayor flexibilidad en el transporte marítimo— y una exención similar aplicada esta semana a crudo ruso varado.

La lógica económica es elemental: más oferta, con los mismos niveles de demanda, tiende a moderar precios. Pero la eficacia depende de que los barriles lleguen a mercado real y a que compradores, aseguradoras y bancos acepten las condiciones impuestas. Además, la medida solo actúa sobre stocks ya cargados; no garantiza una solución estructural al problema del suministro si el Estrecho de Ormuz permanece inestable.

Impacto en España y en Galicia: efectos inmediatos y riesgos locales

En España los efectos son palpables. Datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reflejan que el diésel se encareció más de un 30% en las tres primeras semanas del conflicto y la gasolina casi un 10%. El precio medio del gasóleo llegó a 1,898 euros por litro el 17 de marzo, frente a 1,45 euros el 28 de febrero. Organizaciones de consumidores han denunciado incrementos extremos en estaciones concretas, con precios récord en determinadas provincias.

Para Galicia, la subida del combustible supone un golpe directo a sectores clave. La flota pesquera, en especial la pesca de bajura y las conserveras que operan en puertos como Vigo, A Coruña y Ferrol, ve cómo aumentan sus costes de explotación y transporte. El turismo de las Rías Baixas, con rutas en barco y servicios dependientes del carburante, también podría resentirse si la tendencia se mantiene durante la primavera y el verano.

El Gobierno español ha reaccionado con medidas fiscales para amortiguar el efecto en los hogares: el presidente Pedro Sánchez anunció una reducción de hasta el 60% en la fiscalidad de la electricidad. Es una respuesta dirigida a mitigar el impacto inmediato, pero la experiencia muestra que los recortes fiscales y las exenciones temporales pueden ser paliativos si los precios internacionales no se estabilizan.

En el plano político, la autorización estadounidense plantea preguntas sobre la coherencia de la política de sanciones y la capacidad de mantener una presión sostenida sobre Teherán sin causar daños colaterales masivos a aliados y a la economía global. Para los actores gallegos, la prioridad práctica es que el suministro y la logística no sufran cortes; en las cofradías ya se calcula el efecto en márgenes y en jornadas de salida a faenar.

Mirando más allá de las próximas semanas, la medida puede ofrecer un alivio temporal en los precios, pero no sustituye una solución diplomática que garantice la apertura estable de las rutas marítimas y la recuperación de la normalidad en el comercio de hidrocarburos. Mientras tanto, consumidores y empresas en Galicia y en toda Europa vivirán pendientes de cada noticia sobre pasos marítimos, acuerdos comerciales y nuevas exenciones que permitan traer más barriles al mercado.