Xunta presentó en septiembre de 2024 un estudio elaborado junto a la Fundación Juana de Vega y las tres universidades públicas gallegas —Universidad de Santiago, Universidad da Coruña y Universidad de Vigo— que reabre el debate sobre el mapa municipal. El trabajo identifica alrededor de 30 concellos cuya demografía y situación financiera los dejan en una “zona de riesgo” y propone mecanismos que, en último término, permitirían imponer anexiones si el municipio receptor acepta la absorción. A falta de confirmación oficial sobre la relación completa de municipios afectados, la noticia ha provocado alarma en varios consistorios del interior.

Los indicadores que alarman

El estudio combina parámetros demográficos —descenso sostenido de población, envejecimiento y pérdida de peso electoral— con variables financieras: endeudamiento por habitante, dependencia de transferencias y capacidad de gasto corriente. No es la primera vez que los técnicos subrayan la vulnerabilidad de municipios de Lugo y Ourense, las provincias más afectadas por la despoblación en Galicia. Según fuentes cercanas a varios equipos de gobierno, el informe utiliza umbrales que muchos alcaldes consideran “fríos”: reducen la complejidad de la vida municipal a ratios y proyecciones que no recogen matices locales.

La clave política está en la nueva fórmula normativa: permitir que una anexión prospere si el ayuntamiento receptor —el denominado “saneado”— la acepta. Ese mecanismo evita que la negativa del municipio propuesto a desaparecer bloquee una operación considerada beneficiosa desde la óptica de la administración autonómica. Más allá del lenguaje técnico, esa posibilidad enciende debates sobre identidad, servicios y representación: ¿pierde un pueblo su voz si se integra en una cabecera comarcal? ¿Se deteriora la atención a la gente mayor en aldeas dispersas?

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Alcaldes consultados por este periódico muestran nerviosismo y discreción. Un regidor de la montaña lucense, que pide anonimato, resume la sensación: “No vamos a renunciar a nuestra personalidad por una etiqueta estadística”. Sus palabras advierten de que, frente a balances y balances, está la gestión cotidiana de escuelas rurales, transporte y atención domiciliaria.

“La fusión no puede ser la única receta; primero hay que intentar compartir servicios y buscar fórmulas intermunicipales”, afirma un alcalde, preocupado además por las plantillas municipales.

Memoria de procesos y resistencias locales

Cabe recordar la experiencia de Oza dos Ríos, que en 2013 se integró con Cesuras en una operación que dejó lecciones sobre trámites administrativos y el coste político de estas decisiones. Entonces, como ahora, la discusión no fue solo técnica: hubo movilizaciones, debates en plenos y un sentimiento extendido de pérdida de autonomía. Esa memoria pesa en las comarcas, donde la identidad municipal está ligada a festividades, parroquias y a un entramado social muy concreto.

Las resistencias no se limitan a lo sentimental. Desde el punto de vista operativo, la unificación de servicios conlleva costes iniciales importantes: adaptación de sistemas informáticos, homogeneización de plantillas y revisión de ordenanzas. Las economías de escala que promete la fusión tardan en materializarse. Además, la redistribución de deuda plantea interrogantes: quien absorbe no siempre está dispuesto a cargar con pasivos considerables sin contrapartidas claras.

En lo político, cualquier fusión puede reconfigurar mayorías municipales y, por ende, proyectos locales. Los partidos y los líderes locales lo saben: perder una alcaldía o reducir concejalías es perder capacidad de decidir sobre inversiones o políticas culturales. Por eso es previsible que la discusión se traslade a los tribunales y a campañas electorales locales, donde la defensa del municipio propio suele ser un tema que moviliza votos.

Repercusiones prácticas y el camino por delante

La consellería responsable adelanta que la revisión busca garantizar la sostenibilidad de servicios básicos: mantener colegios con ratios razonables, asegurar transporte escolar y preservar la atención a domicilio en áreas rurales. Sin embargo, la Xunta tendrá que concretar calendario, metodología y compensaciones. La manera en que se diseñen los incentivos —ayudas para la integración, fondos para modernizar instalaciones o periodos de carencia en la asunción de deuda— marcará si las fusiones se hacen por acuerdos voluntarios o por imposición legal.

Mientras tanto, varios ayuntamientos estudian alternativas. La creación de mancomunidades con mayor capacidad operativa, consorcios para servicios como recogida o abastecimiento de agua y acuerdos intermunicipales para promoción turística son propuestas repetidas. Es una vía de menor coste político que la fusión y, en muchos casos, permite mantener la marca municipal sin renunciar a eficiencia.

También hay un frente jurídico que no se puede ignorar. Asociaciones vecinales y algunos consistorios han avanzado que llevarán cualquier decisión “forzosa” a los tribunales. En Galicia existe jurisprudencia y doctrina administrativa sobre límites a la autonomía local que se invocará si la imposición llega a materializarse. A su vez, la negociación política entre municipios y la Xunta será clave: pactos que blinden servicios, oficinas descentralizadas o consejos de distrito pueden suavizar la transición.

El debate trasciende la técnica: es una conversación sobre qué Galicia se quiere. La demografía y la economía exigen respuestas, pero los pueblos reclaman que esas respuestas respeten la historia y el tejido social. El informe de septiembre de 2024 funciona, en definitiva, como un aviso. La pregunta ahora es si la administración y los municipios lograrán convertir ese aviso en políticas concertadas o si el choque de intereses abrirá un largo pulso judicial y político.