El Gobierno apura el calendario: Sánchez prioriza decretos por la crisis y evita fijar fecha para los Presupuestos

El presidente Pedro Sánchez aseguró este viernes que el Ejecutivo «cumplirá con su obligación» de presentar los Presupuestos Generales del Estado, pero rehusó concretar cuándo lo hará. Fuentes del Gobierno justifican la demora por la necesidad de cerrar reales decretos leyes destinados a mitigar los efectos económicos de la escalada bélica entre Israel y Irán —con la implicación de Estados Unidos—, que está ya repercutiendo en los precios de la energía y los carburantes en España y, muy especialmente, en Galicia.

La prioridad: medidas urgentes frente a la crisis energética

En la rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo calificó la situación como de «dimensión y envergadura» gravísimas y subrayó la urgencia de adoptar medidas inmediatas por la vía del real decreto ley. La apuesta del Gobierno pasa por desplegar primero estas actuaciones para contener el impacto en hogares y empresas y, solo después, completar el trámite de las cuentas anuales.

La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, marcó días atrás un horizonte más impreciso: «unas semanas», dijo, para explicar la demora en la presentación de las cuentas correspondientes a 2027. Esa expresión ha abierto el abanico temporal que sitúa el posible anuncio en abril pero que, en la práctica, podría llevar la presentación hasta meses posteriores si la situación internacional no se estabiliza.

Los datos a pie de calle son ya tangibles. Desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero, los carburantes han experimentado repuntes notables. En Galicia, el precio del diésel se incrementó casi 50 céntimos por litro y la gasolina 95 subió cerca de 30 céntimos, según las estadísticas del Ministerio de Transición Ecológica. Estos incrementos se suman a la presión inflacionista que condiciona la formulación de cualquier cuadro macroeconómico.

«Creo que la dimensión, la envergadura de esta crisis… son gravísimas», afirmó Pedro Sánchez.

Un calendario en tensión: plazos constitucionales y obstáculos parlamentarios

La capacidad del Gobierno para presentar y tramitar los Presupuestos no depende únicamente de la voluntad ejecutiva. Cabe recordar que en diciembre el Ejecutivo ya depositó por segunda vez en el Congreso la senda de déficit, un requisito que, pese a su rechazo en la Cámara por PP, Vox, UPN y Junts, sirve para habilitar un proceso presupuestario. El problema real es la aritmética: sin un respaldo suficiente, las cuentas quedan abocadas al bloqueo.

El asunto cobra mayor gravedad porque el calendario se aproxima a un punto crítico. Este mes concluye, según fuentes parlamentarias, el plazo que la Constitución —artículo 134 del Título VII— fija de manera implícita para presentar las cuentas. El Gobierno no ha cumplido ese mandato en los tres últimos ejercicios y el Senado, controlado por el PP, ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional; la Cámara Alta solicita que se anulen las prorrogas y que se imponga un límite temporal al Ejecutivo para que rinda cuentas.

En el terreno político se suma otro factor: la combinación de las elecciones autonómicas andaluzas y la agenda de la propia ministra de Hacienda. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha colocado junio en el horizonte electoral, lo que obliga a que cualquier anuncio de fecha respete los plazos de la convocatoria y los 54 días de preaviso. Montero, con responsabilidades orgánicas en el PSOE andaluz, podría verse condicionada a elegir entre liderar su candidatura y presentar las cuentas estatales.

La variable energética tampoco es menor para la confección de los Presupuestos. Cuando el Gobierno cerró el último cuadro macroeconómico trabajó con una estimación del precio del barril Brent de 68 dólares; desde entonces, el crudo ha subido alrededor de 40 dólares, un movimiento que obliga a replantear ingresos y gastos y complica previsiones fiscales ya de por sí ajustadas.

Repercusiones y próximos pasos: riesgo político y coste para los ciudadanos

Para el Gobierno, la presentación de unos nuevos Presupuestos tendría un doble objetivo: dotar de mayor previsibilidad a la economía y tener herramientas fiscales para afrontar la crisis. A la vez, abriría un pulso político con la oposición. Las últimas experiencias lo muestran con crudeza: en ejercicios previos fue imposible sumar apoyos suficientes y el Ejecutivo optó por prórrogas que ahora están en el punto de mira judicial.

Desde la óptica de los hogares gallegos, la demora tiene un coste tangible. Un aumento de medio euro por litro en el diésel golpea a sectores clave en la comunidad: transporte, pesca y distribución, y se añade al coste de la vida en localidades rurales donde el vehículo privado sigue siendo imprescindible. La inmediatez de los reales decretos busca precisamente amortiguar esos efectos, pero no sustituye a la estabilidad que proporcionan unas cuentas anuales aprobadas con antelación.

En el ámbito internacional, la comparación con otros Estados es incómoda para Moncloa. Países en situación de conflicto prolongado, como Ucrania, han seguido aprobando sus presupuestos con regularidad. Eso deja en evidencia la tensión entre la excepcionalidad que alega el Gobierno y la obligación institucional de planificar las finanzas públicas.

A falta de confirmación oficial sobre fechas concretas, el mes de abril aparece como una ventana probable para el anuncio, pero no resuelve el nudo gordiano: conseguir apoyos parlamentarios. Si la negociación no prospera, la alternativa será una nueva prórroga que podría acabar ante el Constitucional y alimentar el debate sobre la responsabilidad política en tiempos de crisis económica.

La decisión que adopte el Ejecutivo en las próximas semanas tendrá efectos duraderos: más allá de un calendario administrativo, determinará la capacidad del Estado para intervenir con instrumentos fiscales en una fase de volatilidad internacional, y marcará la agenda política de cara a comicios autonómicos y municipales. En Galicia, como en el resto del país, la expectativa es que esa palabra final llegue pronto; hasta entonces, la sociedad y los mercados seguirán midiendo el coste de la espera.