Cuatro acusados se enfrentan a 11 años de prisión por una oleada de robos en viviendas del área de Santiago

Cuatro personas de nacionalidad albanesa llevan a juicio una serie de robos cometidos entre los días 3 y 5 de febrero de 2022 en distintos municipios del entorno de Santiago. La Fiscalía pide para cada uno hasta once años de cárcel —seis por robo con fuerza en vivienda, dos por pertenencia a grupo criminal y tres por falsedad documental— y reclama una indemnización conjunta que supera los 16.000 euros. El juicio está señalado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, para el próximo miércoles y jueves (25 y 26 de marzo de 2026).

Los hechos: entradas por ventanas, cajas fuertes y armas de caza

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los procesados actuaron de forma coordinada, repartiendo funciones de vigilancia, preparación y ejecución. Los tres días de robos descritos en la causa muestran una operativa dirigida a viviendas unifamiliares y chalés de la periferia: el primer desplazamiento frustrado tuvo lugar en Teo, donde, tras forzar una ventana, los acusados sustrajeron 200 euros y un frasco de colonia.

Al día siguiente, en Oleiros, el grupo entró por una ventana del baño y fracturó una caja fuerte, de donde se apoderaron de 2.000 euros y numerosas joyas; las cantidades y los daños se valoraron, según la Fiscalía, en más de 3.500 euros. El tercer asalto —el 5 de febrero— se produjo igualmente tras forzar una ventana en la planta baja de otra vivienda. En aquel caso los acusados se llevaron armas de caza, munición, joyas y 6.000 euros en efectivo, además de causar desperfectos que las peritaciones cifraron en más de 4.600 euros.

Para facilitar la comisión de los robos y las fugas emplearon dos vehículos, uno de ellos con matrícula falsificada, circunstancia que ha dado lugar a la acusación por un delito de falsedad documental. Parte de los efectos sustraídos y dinero en efectivo fueron recuperados en el momento de la detención, según consta en la documentación remitida al juzgado.

«Actuaban de forma coordinada, repartiéndose tareas de vigilancia, preparación y ejecución para acceder a las viviendas y sustraer dinero, joyas y otros objetos de valor.»

Procesos, calificación penal y cuantías reclamadas

La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de falsedad en documento oficial. Por cada acusado solicita la pena acumulada de seis años por el robo, dos años por pertenencia a grupo criminal y tres años por falsedad documental, así como multas y la obligación de indemnizar a los perjudicados y a la compañía aseguradora por más de 16.000 euros en total.

En sede judicial serán determinantes elementos probatorios como el registro de los vehículos, la identificación de los objetos recuperados, las declaraciones de las víctimas y, si las hay, pruebas periciales sobre las huellas o telemáticas. A falta de las intervenciones y defensas que se presenten en el juicio, la acusación sostiene la existencia de un patrón continuado en espacio y tiempo que justificaría la acumulación de penas.

Fuentes cercanas al proceso recuerdan que la atribución de responsabilidad penal exige probar el grado de participación individual de cada encausado (vigilancia, acceso, sustracción, conducción de vehículos), algo que suelen discutir las defensas en esta clase de procedimientos. No es la primera vez que la Audiencia de A Coruña ve causas por oleadas de robos en el área metropolitana de Santiago, y los veredictos finales dependen en gran medida de la prueba directa y de las valoraciones de los tribunales.

Impacto en la comarca y la respuesta policial

La noticia ha reabierto el debate sobre la seguridad en las zonas residenciales que rodean la capital gallega. Teo y Oleiros —municipios con gran número de chalés y viviendas secundarias, y que actúan como dormitorios para quienes trabajan en Santiago— han sido en los últimos años objetivos recurrentes de hurtos y robos con fuerza, especialmente cuando las casas están habitualmente vacías durante el día.

Vecinos consultados en ambas localidades coinciden en la misma preocupación: la sensación de vulnerabilidad cuando se conoce que armas de caza y munición llegaron a ser sustraídas. La sustracción de este tipo de material añade un componente de alarma que supera el daño patrimonial, porque coloca en el centro del debate la seguridad pública y la necesidad de medidas de protección adicionales, como alarmas conectadas o vigilancia vecinal organizada.

Desde las administraciones locales y las policías autonómica y estatal, la respuesta suele combinar consejos preventivos y operativos de carácter policial. En Galicia, donde la dispersión de los núcleos y la tipología de viviendas facilitan la acción de grupos organizados, las intervenciones coordinadas entre Guardia Civil, Policía Nacional y, en su caso, la Policía Autonómica han servido en ocasiones para desarticular redes que actúan por comarcas.

Para los afectados, la vía civil de las reclamaciones a compañías aseguradoras será tan importante como la penal. Las cifras concretas de daños y lo recuperado condicionarán la cuantía final de las indemnizaciones, y no son infrecuentes los litigios sobre la valoración de joyas o la sujeción de pólizas a clausulas que limitan coberturas.

El juicio, que comenzará el 25 de marzo en la sede santiaguesa de la Audiencia provincial, permitirá a las partes presentar sus pruebas y a los magistrados valorar el alcance de las responsabilidades penales. Más allá de la sentencia, el caso pone de manifiesto una realidad conocida en la comarca: la necesidad de medidas preventivas y de cooperación entre víctimas, aseguradoras y cuerpos policiales para reducir el efecto de estas entradas forzadas que generan inseguridad y desgaste comunitario.