Unións Agrarias derrama leche en un centro mayorista para denunciar la caída «desorbitada» de precios

Este sábado, en el polígono de A Sionlla, un grupo de ganaderos vinculados a Unións Agrarias protagonizó una protesta simbólica en el centro de Cash Galicia, vertiendo varios litros de leche frente al almacén. La acción, celebrada en Santiago de Compostela el 21 de marzo de 2026, buscó llamar la atención sobre lo que su responsable lácteo ha calificado como una bajada de precios “desorbitada” atribuida, en buena parte, a la llegada de leche procedente de Portugal y Francia.

La protesta y las cifras que preocupan al sector

Los manifestantes eligieron el espacio mayorista por ser un punto estratégico de la distribución alimentaria. Según Óscar Pose, responsable del sector lácteo de Unións Agrarias, resulta “imposible” que la leche gallega compita con los cartones que se están comercializando en torno a los 76-79 céntimos. “Solo con leche a 30 céntimos de Portugal se pueden poner estos precios aquí”, declaró Pose durante la protesta, una afirmación que resume la sensación de impotencia entre muchos explotadores.

Además de la comparación de precios, la organización denuncia lo que considera un engaño al consumidor: envases que hasta hace poco mostraban “origen España” ahora se etiquetan como “origen Unión Europea”, lo que, en su opinión, camufla la procedencia lusófona o gala de lotes que entran en el mercado a muy bajo coste. Unións Agrarias también alerta de que las industrias han anunciado rebajas de entre 4 y 11 céntimos, situando el precio en muchos casos por debajo del coste de producción y poniendo en riesgo cientos de explotaciones gallegas.

En la protesta los ganaderos no se limitaron a lo simbólico. Aseguraron que no permitirán que la leche se utilice como “producto de reclamo” en campañas comerciales y advirtieron de que serán “muy contundentes” si detectan prácticas abusivas. La acción fue además un reclamo para que la Administración actúe: “echamos en falta a las administraciones”, resumió Pose, que reclamó a la Xunta la inmediata puesta en marcha de controles prometidos en una reunión mantenida la semana anterior.

Antecedentes y el mapa real de la producción gallega

Galicia sigue siendo la principal región láctea de España; su geografía de pastos, la presencia de pequeñas y medianas explotaciones familiares y una tradición de cooperativismo han marcado el sector durante décadas. No es la primera vez que voces del campo se levantan contra la presión de precios: en los últimos años se han celebrado concentraciones, cortes de carretera y actos simbólicos en distintas provincias.

Sin embargo, la novedad ahora es la confluencia de varios factores externos. Por un lado, la liberalización del comercio intracomunitario facilita la llegada de leche y derivados a precios inferiores. Por otro, el aumento de los costes de producción —que Unións Agrarias cuantifica en 6-7 céntimos por litro como efecto, entre otras causas, del conflicto en Oriente Medio— está estrechando el margen de muchas explotaciones. Los propios ganaderos argumentan que en los próximos cuatro meses deberán afrontar entre el 60 y el 80% de los gastos anuales, un esfuerzo concentrado que se percibe como particularmente gravoso.

En el plano regulatorio, la cuestión del etiquetado de origen ha estado en la agenda europea y estatal. A nivel práctico, la mención “Unión Europea” en los envases dificulta al consumidor distinguir si el producto procede de Galicia, de otras comunidades autónomas o del extranjero. Para las organizaciones agrarias, esa opacidad favorece prácticas comerciales que presionan a la baja a la producción local.

Repercusiones y pasos a seguir: control, diálogo y presión política

Tras la protesta, Unións Agrarias exige medidas concretas: más inspecciones en la cadena de comercialización, sanciones si se detecta competencia desleal y una campaña de vigilancia inmediata por parte de la Xunta. Fuentes del sector consultadas por este diario indican que una intervención rápida podría pasar por comprobar el origen real de partidas, la trazabilidad en los centros mayoristas y la monitorización de precios en la distribución.

La Xunta de Galicia, con competencias sobre agricultura y consumo, se encuentra en una encrucijada política. Por un lado, debe defender a un sector que genera empleo en el rural y vertebra comarcas; por otro, necesita equilibrar la aplicación de la normativa europea en un mercado abierto. Catalizadores políticos —desde ayuntamientos rurales hasta el Parlamento gallego— ya han trasladado preocupación por el fenómeno, y todo apunta a que la cuestión será motivo de debate en las próximas semanas.

Para las industrias y la distribución, el argumento de los márgenes y la competitividad es recurrente: el mercado busca el precio más bajo y las cadenas optan por la oferta que les permita atraer clientes. Pero esa lógica, dicen los ganaderos, termina externalizando costes sobre quienes mantienen la producción aquí. En un sector con explotaciones cada vez más pequeñas y con una media de edad elevada entre los titulares, el margen de maniobra es reducido.

En términos prácticos, las opciones sobre la mesa incluyen la exigencia de un etiquetado más claro que distinga “origen provincia/comunidad”, la promulgación de medidas de apoyo temporal a las explotaciones en situación crítica y la negociación de acuerdos de aprovisionamiento entre cooperativas y cadenas que garanticen un precio mínimo ligado a los costes reales de producción.

Mientras tanto, la protesta del sábado recuerda a las administraciones la urgencia del asunto: el paisaje rural gallego, con sus vaquerías salpicadas de verde, no es un elemento ornamental; es una economía que sostiene pueblos y servicios. Si la leche continúa cobrando menos de lo que cuesta producirla, la factura será social además de económica.

En los próximos días, las asociaciones agrarias mantendrán reuniones internas para definir acciones y vigilar el cumplimiento de cualquier promesa de control por parte de la Xunta. Para muchos ganaderos, la lección es clara: sin reglas de juego que protejan la producción local, la competencia exterior convertirá en insostenibles a muchas fincas familiares que llevan décadas sosteniendo el paisaje y la economía de Galicia.