Santiago, 22 de marzo de 2026. Un operativo de la Policía Nacional en el corazón del Ensanche compostelano se saldó ayer con la intervención de un piso ocupado en la calle Alfredo Brañas, el registro de una segunda vivienda en Vista Alegre, la detención de cuatro personas y la incautación de un alijo preparado para la venta: 250 dosis de cocaína, un menor número de hachís, varias armas blancas —entre las que figuraban machetes y puñales de monte— una pistola simulada, una carabina de balines y más de 2.000 euros en efectivo, según fuentes judiciales y policiales consultadas por este diario.
Operativo y hallazgos: el piso que funcionaba como punto de venta y consumo
El principal registro se practicó en un piso okupado de la calle Alfredo Brañas, una zona tradicionalmente residencial que en los últimos años ha visto crecer la presión urbanística y también, según vecinos, episodios de ocupación y venta de sustancias. Allí la Policía halló la droga ya fraccionada y dispuesta para su distribución, además del dinero en billetes fraccionados, una circunstancia que los investigadores interpretan como producto directo del trapicheo al menudeo.
La intervención, que se prolongó varias horas y despertó expectación en la calle, contó con un despliegue llamativo de agentes. Los dos registros —el de Alfredo Brañas y el de Vista Alegre— se realizaron en el marco de una misma investigación abierta por tráfico de drogas, usurpación de inmueble y tenencia ilícita de armas; los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, quedaron finalmente en libertad con cargos por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que además impuso la obligación de desalojar de forma inmediata las viviendas afectadas.
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Conoce más →No es la primera vez que en el casco urbano de Compostela se realizan operaciones de este tipo. La Policía, con trabajos de investigación previos, detectó la actividad continuada en el piso de Alfredo Brañas: personas con problemas de drogodependencia acudían al inmueble para comprar y consumir allí las sustancias, relatan vecinos que pidieron anonimato. A falta de confirmación oficial sobre posibles nuevos arrestos, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias.
La alarma vecinal y la respuesta institucional
En el Ensanche la intervención ha reavivado la alarma de residentes y comerciantes. Desde las terrazas de la zona hasta asociaciones de vecinos, las quejas sobre ruidos, presencia de personas consumiendo en la vía pública y la sensación de inseguridad han aumentado en los últimos meses. Según fuentes cercanas a los tribunales, el mandato judicial de desalojo busca cortar de raíz ese foco que, a juicio de quienes sufren la convivencia diaria, había alterado el normal funcionamiento del barrio.
El debate que reaparece tras cada golpe policial es conocido: la delgada línea entre la actuación punitiva y las soluciones sociales. En Santiago, como en otras ciudades gallegas, la proliferación de los llamados ‘narcopisos’ obliga a coordinar a la Policía con servicios sociales y vivienda. Cabe recordar que la ocupación de inmuebles suele combinar precariedad, redes de distribución y falta de alternativas habitacionales para colectivos vulnerables.
El Concello de Santiago, que en ejercicios previos impulsó campañas de convivencia y recibió denuncias vecinales sobre puntos de venta, deberá ahora ejecutar las órdenes judiciales y mediar para evitar desahucios traumáticos. La solución no es sencilla: expulsar a ocupantes que sirven como eslabón de una red de venta no resta el problema de fondo si no se ofrecen vías para la atención sanitaria y la reducción del daño entre consumidores.
Repercusiones legales y próximos pasos en la investigación
Tras la puesta en libertad con cargos de los cuatro investigados, la causa continuará su curso en instrucción. Los agentes han remitido el material intervenido —la droga, las armas blancas, la pistola simulada, la carabina y el dinero en efectivo— para su análisis forense y contable. Es previsible que, conforme avancen los peritajes, aparezcan indicios que permitan concretar el grado de implicación de cada uno de los acusados y posibles vinculaciones con otras redes
Desde el punto de vista penal, los delitos que se investigan conllevan sanciones importantes si se acreditan las acusaciones; en paralelo, la obligación de desalojar impuesta por la jueza del Juzgado número 3 abre un procedimiento de ejecución que puede culminar con el cierre del inmueble y medidas administrativas. Para los vecinos, que durante meses han denunciado el trasiego de personas y la venta a pie de calle, la resolución judicial representa un alivio, aunque muchos anticipan que la actividad delictiva podría desplazarse a otros puntos si no existe una estrategia más amplia.
Las fuerzas de seguridad, por su parte, incrementan la presión sobre los denominados puntos calientes de venta al menudeo, pero reconocen la dificultad de sostener operativos permanentes sin el apoyo de políticas de prevención y programas de tratamiento para consumidores. En Galicia, la tensión entre movilidad urbanística, ocupación y control del tráfico de drogas se mantiene como un reto para administraciones locales, jueces y cuerpos policiales.
En definitiva, la operación de este fin de semana en el Ensanche y Vista Alegre deja un saldo tangible —dosis, armas y dinero intervenidos y cuatro personas investigadas— y otra menos visible: la necesidad de un abordaje que combine persecución del delito con respuestas sociales. A la espera de nuevas actuaciones y de las decisiones que adopte el Juzgado, los vecinos recuperan cierta calma, pero la sensación de vulnerabilidad persiste en una ciudad que, como otras en Galicia, trata de encajar en su tejido urbano los efectos colaterales de la drogodependencia y el mercado ilegal.
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