Con motivo del Día Mundial del Agua, que Naciones Unidas dedica este año a la relación entre agua y género, vuelve a ponerse bajo el foco la gestión del ciclo urbano del agua en Galicia. Una de las compañías con mayor implantación en la comunidad, Veolia, reivindica su papel como gestor y agente social tras más de 50 años de presencia y la prestación del servicio en 48 municipios. Sus proyectos combinan inversión tecnológica, programas educativos y medidas de apoyo social, pero también reabren un debate recurrente sobre la gobernanza del agua en el territorio.
Del contador a la comunidad: los hechos y las cifras
En los últimos años Veolia ha impulsado en la provincia de Ourense iniciativas que pretenden modernizar redes y servicios. La más ambiciosa, ‘Ou-Inteligente, provincia del agua’, promovida por AquaOurense y la Diputación provincial, dispone de más de 13 millones de euros para digitalizar el suministro en 79 municipios mediante telelectura, monitorización en tiempo real y la creación de un centro inteligente de gestión. El objetivo, según la compañía, es centralizar información y mejorar la respuesta técnica a incidencias.
Paralelamente, el Concello de Ourense desarrolla, con fondos del PERTE, el proyecto ‘Ourense termal verde y digital’, dotado con 4,5 millones de euros. Esa iniciativa incluye la instalación de más de 6.500 contadores inteligentes, la sectorización de la red en 40 áreas para controlar pérdidas y la puesta en marcha de fuentes de energía renovable, como la planta fotovoltaica de la EDAR de Reza. Son medidas concretas para reducir fugas, optimizar consumos y, en teoría, rebajar costes operativos a medio plazo.
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Conoce más →En el plano científico y tecnológico destaca la apuesta por el centro tecnológico Cetaqua Galicia, motor de proyectos como Waterun y AWARD, orientados al tratamiento y la reutilización de aguas de escorrentía, y el consorcio CIGAT Circular, que trabaja en transformar residuos en recursos (incluida la producción de agua regenerada y la eliminación de microplásticos). A estas iniciativas se suma el programa Ruagua, que completa un mapa de proyectos que miran hacia la economía circular aplicada al agua.
Programas sociales, educación y la mirada al interior
Más allá de la tecnología, Veolia subraya su labor social: fondos y tarifas sociales para colectivos vulnerables, el programa ‘Agua, Salud e Infancia’ para proyectos asistenciales y sanitarios y las becas ‘Talento Profesional’ y ‘Talento Joven’, desarrolladas junto a Igaxes para facilitar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión. También impulsa Aquae STEM, un programa educativo que busca acercar la industria del agua al alumnado gallego —con especial atención a fomentar vocaciones científicas entre las niñas— y Aqualogía, destinado a sensibilizar a la ciudadanía mediante visitas y actividades en instalaciones.
Estas iniciativas conectan con la campaña de este Día Mundial del Agua, cuyo lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad” insiste en el papel de las mujeres en la gestión del recurso. En Galicia, donde el envejecimiento y la despoblación del interior es una realidad, el reto pasa por garantizar servicios eficientes y accesibles en municipios pequeños, donde la economía de escala es más difícil y la brecha de género puede agravarse por la falta de oportunidades locales.
Innovación, resiliencia y el debate sobre la gestión
La digitalización y la reutilización suenan, a primera vista, como respuestas necesarias frente al cambio climático: mayor variabilidad pluviométrica, episodios de sequía estacional y presión sobre acuíferos y ríos en ciertas comarcas. En este escenario, proyectos que permiten reducir pérdidas de agua y monitorizar consumos resultan imprescindibles. No obstante, la técnica no basta si no va acompañada de transparencia en las tarifas, participación ciudadana y auditoría pública de resultados.
En Galicia existe una tradición de debate sobre la gestión mixta o privada de servicios públicos. No es la primera vez que la presencia de grandes operadores despierta recelos por parte de plataformas vecinales y ayuntamientos que reclaman mayor control municipal. A falta de confirmación oficial sobre algunos indicadores de desempeño —reducción efectiva de fugas, impacto en la factura doméstica o ahorro energético—, la experiencia de proyectos pilotos y la publicación de datos abiertos serán clave para evaluar el verdadero beneficio para la comunidad.
Un asunto central es la gestión de la transparencia. Empresas como Veolia defienden la eficiencia y la inversión; representantes públicos y asociaciones piden garantías: contratos claros, cláusulas de reinversión en infraestructuras, mecanismos de control y participación en la gobernanza del agua. En provincias como Ourense, donde el termalismo y el turismo suponen presión adicional sobre recursos, esas garantías se vuelven más relevantes.
Otro frente pendiente es la formación técnica local. La digitalización exige perfiles capaces de gestionar centros inteligentes, interpretar datos y responder a incidentes en tiempo real. Aquí las becas y programas de empleo pueden tener un doble efecto: mejorar la inserción laboral y crear tejido técnico en comarcas que lo necesitan.
En su conjunto, los proyectos anunciados prometen un modelo más eficiente e inclusivo, pero su impacto dependerá de la rapidez en implantar las medidas, de la capacidad de coordinación entre administraciones y empresa, y de la participación efectiva de la ciudadanía. La atención ahora se centra en la implementación de los contadores inteligentes, la reducción real de agua no facturada y la trazabilidad de los fondos sociales.
De cara al futuro inmediato, toca vigilar que la modernización técnica no desplace la dimensión pública del servicio: auditorías independientes, indicadores claros de mejora ambiental y social, y canales de participación abiertos a municipios y usuarios. Si se cumplen las promesas, la combinación de inversión tecnológica y programas sociales puede convertir inversiones como las de Ourense en ejemplos exportables al resto de Galicia. Si no, el debate sobre quién gestiona un recurso esencial como el agua seguirá en la plaza pública, con la ciudadanía reclamando que, más allá de los contadores inteligentes, lo que importe sea garantizar el acceso asequible, democrático y sostenible al agua.
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