El Saltamontes, la atracción de feria instalada en el barrio de Matamá, vuelve a estar en el centro de la investigación judicial después de que el Tribunal de Instancia número 3 de Vigo dictara una providencia que amplía las diligencias abiertas por el fallecimiento ocurrido en la instalación. La medida, conocida el pasado miércoles, suspende las declaraciones testificales previstas para la semana que viene y convoca nuevas actuaciones para aclarar responsabilidades.
La ampliación de la investigación y los nuevos citados
La providencia firmada por el Juzgado ha dado un nuevo impulso a una instrucción que arrancó tras el trágico suceso en la atracción. Están citados como testigos un suboficial del servicio de bomberos, dos ingenieros del Concello de Vigo encargados de la supervisión técnica de las atracciones de feria y dos agentes de la Policía Local, un total de cinco personas cuya declaración puede arrojar luz sobre lo ocurrido en el momento del accidente.
Fuentes judiciales consultadas por este periódico explican que la suspensión de las comparecencias previstas obedece a la necesidad de incorporar nuevos elementos al sumario: informes periciales complementarios, análisis técnicos de la maquinaria y cotejo de las actas administrativas remitidas por el Ayuntamiento. En los autos se subraya la relevancia de las pruebas técnicas para determinar si existió un fallo mecánico, un error de montaje o una deficiencia en los controles municipales.
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Conoce más →La presencia del suboficial de bomberos entre los citados evidencia asimismo que los equipos de emergencias desempeñaron un papel clave la noche del siniestro. Los servicios de extinción y salvamento fueron de los primeros en intervenir y, según varios testigos del barrio, permanecieron en el lugar durante horas mientras se aseguraba la atracción y se coordinaban las primeras diligencias.
Regulación, inspecciones y responsabilidades locales
En Galicia, como en el resto de España, las atracciones de feria están sujetas a una normativa compleja que combina requisitos de seguridad industrial con controles municipales. En Vigo, el Ayuntamiento emite autorizaciones temporales y dispone de técnicos para la inspección previa a la apertura; son precisamente esos técnicos —los dos ingenieros citados— quienes deberán aclarar si los certificados y revisiones exigidos estaban en regla.
No es la primera vez que un accidente en una feria alimenta el debate sobre la eficacia de las inspecciones municipales. En la memoria colectiva de la ciudad permanecen episodios en los que los controles se pusieron en cuestión y que terminaron por impulsar controles más estrictos. Ahora, la atención volverá a centrarse en los protocolos de montaje, mantenimiento y autorización de atracciones que, por su carácter efímero, dependen en buena parte de las revisiones previas a la instalación.
La causa que instruye el juzgado se ha abierto por la muerte de una persona en la atracción, y aunque la investigación aún no ha definido si se trata de un caso de homicidio imprudente o de otra calificación, los equipos jurídicos barajan distintas hipótesis. A falta de la confirmación definitiva de los peritos, la fiscalía y la representación de la familia están a la espera de los informes técnicos y forenses que determinen la cadena de responsabilidades.
Repercusiones locales y próximos pasos
En Matamá, la conmoción persiste. Vecinos y comerciantes del entorno de la zona donde se instala la feria relatan el impacto que ha supuesto el suceso en una fiesta que, históricamente, supone un alivio económico para puestos ambulantes y pequeñas actividades. «La feria es un punto de encuentro para el barrio, pero ahora la preocupación es otra», contaba ayer un comerciante local según fuentes consultadas; la frase, repetida en las terrazas de la zona, resume el ánimo de una comunidad que exige respuestas rápidas y claras.
El calendario procesal marca nuevas actuaciones: además de las declaraciones que se deberán reagendar, fuentes judiciales indican que el juzgado pedirá los informes técnicos definitivos sobre la estructura de la atracción, el libro de mantenimiento, y la documentación administrativa que avaló su montaje. También será clave el informe de la policía local sobre las condiciones de seguridad en el recinto y si se dieron avisos previos respecto a la empresa explotadora.
En paralelo, el Ayuntamiento de Vigo ha recibido peticiones de comparecencia en sede municipal; concejales de la oposición y asociaciones vecinales reclaman transparencia y un refuerzo inmediato de los controles en futuras ferias. Desde el gobierno local, a falta de un pronunciamiento oficial que detalle las medidas concretas, se insiste en la colaboración con los tribunales y en la necesidad de respetar el secreto de las diligencias.
Para el proceso judicial serán determinantes los plazos periciales. Un dictamen técnico que especifique el origen del fallo —si lo hubo— y que establezca si los protocolos de seguridad fueron correctos puede inclinar la instrucción hacia imputaciones o cerrar la vía penal si se descarta negligencia. Mientras tanto, la familia de la víctima y el vecindario aguardan con inquietud y exigen que la investigación no quede solo en un expediente administrativo.
Esta investigación reaviva una discusión más amplia sobre la gestión de eventos y ferias en Galicia: equilibrio entre tradición y seguridad, exigencia de peritajes rigurosos y responsabilidad municipal en la supervisión. Que sea la justicia la que determine lo ocurrido no excluye la necesidad de una revisión pública de los mecanismos de control. En Vigo, el caso de El Saltamontes será, como mínimo, una prueba de estrés para esas garantías.
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