Empresas de alquiler de coches vetan a Uber Rent y frenan su desembarco en Vigo

Las firmas de alquiler de vehículos de Vigo han rechazado de manera unánime, de momento, la propuesta de la multinacional para que su división de arrendamiento, Uber Rent, gestione parte de sus flotas a través de la aplicación. La oferta —presumiblemente atractiva sobre el papel, con promesas de incremento de facturación y un porcentaje sobre los alquileres— no ha conseguido convencer a las empresas locales, que citan la incertidumbre jurídica que rodea a los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la ciudad y la falta de autorización municipal para realizar traslados urbanos.

La propuesta que no cuajó

Según fuentes del sector consultadas, la propuesta de Uber Rent pasaba por integrar en su plataforma los coches de las empresas de alquiler viguesas —permitiendo reservar y recoger en puntos como aeropuertos o estaciones— a cambio de una comisión. En otros municipios españoles, como Majadahonda o Benalmádena, ese modelo ya funciona y facilita la devolución en estaciones o aeropuertos con flexibilidad horaria. No obstante, en Vigo —una ciudad con una intensa movilidad urbana y, según el sector, más de 500 taxis— el planteamiento no ha superado el examen comercial y reputacional.

Los responsables de las empresas locales argumentan que el supuesto aumento de ingresos no compensa el riesgo de entrar en conflicto con los conductores de taxi, con los que comparten paradas y clientes en zonas neurálgicas como el aeropuerto, la estación de tren o Vialia. «No nos compensa por la situación de incertidumbre de las VTC en Vigo», indican de forma coincidente varias fuentes. A esto se suma el hecho de que, en la práctica, Uber no dispone del permiso del Concello para efectuar traslados dentro del municipio; su licencia permite, en teoría, desplazamientos interurbanos entre municipios.

Un conflicto que vuelve a aflorar

No es la primera vez que Vigo se convierte en un escenario tenso entre taxis, VTC y plataformas digitales. En los últimos meses las asociaciones del taxi han denunciado que la mayoría de los viajes realizados por VTC en la ciudad son urbanos. Según esos colectivos, aproximadamente el 90% de los trayectos atendidos por los vehículos vinculados a la plataforma se producen entre puntos distintos dentro de la ciudad, cuando su autorización sería la de servicio intermunicipal. A la preocupación por la competencia se suma la queja por el estado de algunos vehículos: «coches con golpes muy visibles», relatan representantes del taxi, que asocian un mayor riesgo de siniestralidad a la actividad reciente de estos vehículos.

«La siniestralidad de los VTC en los últimos meses es enorme, con coches con golpes muy visibles», aseguran desde las asociaciones del taxi.

En paralelo, la presencia de otras ramas de la multinacional ya se deja notar: Uber Eats presta servicio en Vigo y compite con aplicaciones como Glovo o Just Eat. Esa coexistencia comercial —servicios de reparto con licencias distintas a las de transporte de pasajeros— alimenta la sensación entre los taxistas de que la plataforma intenta consolidarse por fases.

Intereses encontrados en el sector turístico

Pese al rechazo de las empresas de alquiler tradicionales, algunas compañías ligadas al turismo vigés están explorando acuerdos con la multinacional. Administradores de pisos turísticos y proveedores de servicios al viajero han contactado con representantes de la plataforma con la mira puesta en dos objetivos: ofrecer sus servicios dentro de la aplicación y conseguir condiciones preferentes de traslado para sus clientes. Varias de estas firmas prefieren mantener el anonimato por el delicado equilibrio que mantienen con el sector del taxi, con el que suelen trabajar de forma habitual.

La lógica comercial que anima a estos operadores turísticos es sencilla: Vigo recibe un flujo constante de visitantes —negocios, turismo de fin de semana, cruceristas— y la posibilidad de ofrecer un servicio de transporte integrado en la reserva puede ser un valor añadido. Sin embargo, la tentación comercial choca, de nuevo, con la situación administrativa y con la presión social y sindical del taxi local, que se siente perjudicado por la proliferación de VTC sin las garantías reguladoras claras.

Las autoridades municipales han mostrado, por ahora, una postura prudente. El Concello de Vigo no ha dado permiso para que Uber realice traslados urbanos, y la Policía Local, junto con Tráfico, ha intensificado en las últimas semanas la vigilancia sobre coches sospechosos de alterar la normativa. Esa mayor atención policial, según fuentes municipales, busca tanto garantizar la seguridad vial como verificar el cumplimiento de las autorizaciones de prestación de servicio.

Repercusiones y próximas jugadas

El veto de las empresas de alquiler reduce las palancas con las que Uber Rent podría entrar en Vigo. Sin acceso a la flota local, la multinacional pierde presencia en puntos estratégicos —aeropuerto, estación de tren y Vialia— donde un servicio de alquiler flexible suele encontrar demanda. Para los taxistas, la noticia supone una pequeña victoria simbólica; para los consumidores, implica, de momento, menos opciones en la oferta de movilidad.

Queda por ver si la multinacional decide presionar jurídicamente, como ha hecho en otras ocasiones, o si opta por esperar a un marco regulador más claro. También es previsible que, si crece la demanda turística y algunas empresas del sector firman acuerdos discretos, el mapa local cambie. La alternativa posible pasa por pactos puntuales con alojamientos o tour operadores, modelos ya vistos en Madrid y Barcelona, que evitarían un choque frontal con las empresas de alquiler convencionales.

En el horizonte inmediato, la agenda se compone de varias incógnitas: la respuesta del Concello ante posibles litigios, la persistencia de la vigilancia policial y la decisión de las empresas de alquiler si la presión comercial se intensifica. A falta de confirmación oficial por parte de la multinacional, la apuesta viguesa por mantener fuera de su ciudad la división de alquiler de Uber ha logrado, por ahora, aparcar la expansión de un servicio que ya opera en más de cincuenta municipios en España.

Que esta disputa continúe abierta no sorprende a quien conoce la historia reciente de la movilidad en Vigo. La ciudad, con su tráfico denso en horas punta, su aeropuerto pequeño pero activo y una red de taxis muy asentada, ofrece un terreno complejo para cualquier actor nuevo. Habrá que seguir la evolución: si las empresas locales mantienen su veto, o si la presión del mercado y la carrera por captar turistas obligan a negociar, el futuro de la movilidad urbana en Vigo dependerá tanto de decisiones empresariales como de un marco regulatorio que aún no ha cerrado definitivamente sus puertas.