El Concello de Oia recurre la orden de demolición del Talaso Atlántico para ganar tiempo y buscar un encaje parcial

Concello de Oia ha presentado un recurso de reposición contra la resolución judicial que obliga a exigir, en el plazo de días, el derribo completo del complejo turístico Talaso Atlántico, situado en la costa del municipio. La medida persigue, según fuentes municipales, frenar la ejecución inmediata lo justo para completar la tramitación de un plan urbanístico que permitiría una regularización parcial de las instalaciones, construidas sobre suelo rústico en un espacio protegido del litoral.

Qué contiene el recurso y por qué llega ahora

Tras analizar la sentencia junto a sus abogados, la alcaldesa Cristina Correa y el equipo de gobierno optaron por interponer el recurso de reposición. La resolución judicial, dictada recientemente, faculta al Ayuntamiento a exigir a la empresa gestora del Talaso que proceda al derribo total y fijaba plazos ajustados: fuentes municipales calculan que, en cuestión de días, la orden podría ser ya ejecutable si no hay maniobra jurídica que lo impida.

El argumento central del recurso no es negar la existencia de la sentencia —los ediles reconocen que la licencia original fue declarada ilegal hace casi dos décadas—, sino obtener del juez la posibilidad de concluir la tramitación del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID). Ese instrumento urbanístico, en palabras del Concello, permitiría «encajar» al menos parte de las obras del Talaso dentro de una figura legal que hasta ahora no ha prosperado por la lenta maquinaria administrativa.

No obstante, desde el propio Ayuntamiento admiten que el recurso no suspenderá de forma definitiva la demolición: la condición de la parcela como suelo rústico y la protección costera pesan mucho en el expediente. La idea municipal es lograr un aplazamiento suficiente para presentar y avanzar en el PEID, convencidos de que una solución urbanística parcial evitaría la pérdida absoluta de un activo que, según recuerdan, genera actividad diaria en Oia.

En boca de la alcaldesa:

«Nosotros estamos disconformes con la orden de demolición, pero la ejecución sigue su curso y las resoluciones judiciales están para cumplirlas»

Impacto local y las cuentas municipales en juego

El debate no es solo urbanístico. El Talaso Atlántico es, además, un motor económico para este rincón del Baixo Miño: combina spa, hotel y restaurante y da empleo, según datos municipales, a más de 70 personas, muchas de ellas residentes en el propio municipio. Su desaparición implicaría un doble golpe: pérdida de puestos de trabajo y una reducción sensible del flujo de visitantes que llegan a diario atraídos por sus servicios.

Pero la cuestión económica que más inquieta al Ayuntamiento es la indemnización que podría exigirse si el complejo es demolido. Fue el propio Concello, recuerdan, quien otorgó la licencia que años después fue anulada por los tribunales; esa circunstancia abre la puerta a reclamaciones millonarias por parte de la empresa. «No sabemos la cantidad exacta, pero es evidente que van a ser varios millones», reconocen fuentes del gobierno local, que temen incluso que el desembolso pueda poner en riesgo la estabilidad financiera del municipio.

En un municipio de apenas unos pocos miles de habitantes como Oia, que ya lidia con desafíos estructurales derivados de la despoblación y la estacionalidad del turismo, la posibilidad de asumir una sangría económica de ese calibre no es baladí. La oposición y parte de la sociedad civil han comenzado a preguntarse por alternativas: expropiación con pago compensatorio, negociación con la propiedad para una solución consensuada o buscar auxilios de la Xunta o del Estado para el pago de eventuales indemnizaciones.

Antecedentes y la larga historia administrativa

No es la primera vez que el expediente del Talaso se topa con pasivos judiciales y administrativos. La licencia que permitió la construcción fue anulada por los tribunales hace unos veinte años, pero el complejo siguió operando en distintas fases hasta consolidarse como referente termal en la comarca. En las últimas legislaturas, el Concello ha intentado regularizar la situación mediante el PEID, un proceso que, por la complejidad técnica y la lentitud administrativa, aún no ha culminado.

La insistencia en el PEID obedece a una lógica habitual en municipios costeros: transformar un problema legal en una solución urbanística que sea compatible con las exigencias ambientales. En el litoral gallego hay precedentes de pequeñas regularizaciones parciales que han permitido mantener usos económicos sin vulnerar las figuras de protección, pero esos acuerdos requieren tiempo y, sobre todo, soporte técnico y jurídico sólido.

En paralelo a la vía administrativa, la sombra de una posible reclamación económica condiciona las decisiones políticas. Varios regidores de la provincia han podido comprobar en casos análogos que afrontar indemnizaciones sin buscar antes fórmulas negociadas puede resultar demoledor para las arcas locales, y Oia no es una excepción.

Qué puede pasar ahora y próximos pasos

El recurso de reposición presentado por el Concello es, en la práctica, una maniobra para abrir una ventana temporal. Si el juez acepta conceder la tramitación del PEID como argumento para demorar la ejecución, el Ayuntamiento tendrá margen para intentar cerrar acuerdos técnicos y administrativos; si no, la demolición continuará su curso y el municipio deberá prepararse para la gestión del impacto económico y social.

En los próximos días estará la clave: el pronunciamiento judicial sobre el recurso marcará el ritmo. Mientras, el gobierno local afirma que seguirá negociando con la empresa gestora y reclamando apoyo a otras administraciones para minimizar el daño. La alternativa, a corto plazo, sería empezar a trabajar en planes de contingencia para los trabajadores y el tejido comercial que depende del Talaso.

Para Oia, este episodio no es solo una cuestión jurídica: vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de muchos proyectos turísticos en la costa gallega, la necesidad de planificación rigurosa y el coste político y económico de decisiones administrativas pasadas. El pueblo mira atento, consciente de que el resultado de este pulso puede condicionar su futuro inmediato.