El cierre de Lavacolla obliga a reajustar la economía santiaguesa: menos viajeros, pernoctaciones y mayores costes

El aeropuerto de Santiago permanecerá cerrado durante 35 días, entre el 23 de abril y el 27 de mayo, por obras en la pista. La decisión, necesaria desde el punto de vista técnico, abre un periodo delicado para la economía local: desde las cafeterías dentro del recinto hasta los hoteles de la ciudad vieja, pasando por agencias, taxis y congresos. Lo que nadie puede hoy es poner una cifra fiable a las pérdidas; como resume la profesora de Economía Aplicada de la USC, María Cadaval, “es muy difícil cuantificarlo ex ante”.

Un golpe directo sobre la actividad del propio aeropuerto

El primer efecto es el más evidente: la paralización de la actividad aeroportuaria y de todo el ecosistema que vive de ella. Servicios, concesiones comerciales, cafeterías y líneas de transporte que operan en torno a Lavacolla verán interrumpida su facturación. Muchos de esos negocios funcionan con contratos temporales o con plantillas ajustadas a picos de demanda, de modo que la afección a la ocupación laboral será inmediata y, para algunos, de hasta dos meses, según la economista.

También se resentirán las cuentas de Aena y de los operadores; caerán ingresos por tasas y otros servicios que, aunque menos visibles para el público, forman parte del músculo financiero del aeropuerto. Ese impacto «contable» —más sencillo de medir una vez concluido el cierre— servirá para cuantificar costes directos, pero no capta el efecto en cadena sobre la ciudad y la provincia.

La imagen de maletas en la praza do Obradoiro durante el puente de San José sirve de recordatorio: parte del turismo que llama a la puerta de Santiago llega en avión y esa puerta va a permanecer cerrada durante un mes y una semana en plena antesala de la temporada alta.

Turismo: menos viajeros y estancias más cortas

El impacto más profundo se jugará fuera del perímetro aeroportuario, en la decisión de los viajeros. Santiago recibe entre 300.000 y 350.000 visitantes en abril y mayo, meses que tradicionalmente marcan la transición hacia el verano. La ausencia de vuelos directos añade fricción a esas decisiones: algunos turistas cancelarán, otros buscarán alternativas y una parte mantendrá la visita pero reducirá la estancia.

“Aquellos que mantengan el viaje probablemente pasarán menos días en la ciudad”,

María Cadaval

El desplazamiento a aeropuertos cercanos —A Coruña, Vigo e incluso Oporto— obliga a reorganizar itinerarios. La conexión ferroviaria que deja A Coruña a media hora intensifica ese efecto: Santiago puede mantener visitantes, pero perder noches de hotel. Menos pernoctaciones implican menos cenas, menos paseo por tiendas y menor actividad de servicios vinculados al turista. Se trata de una doble vía de pérdida: reducción del número de viajeros y caída del gasto medio por visitante.

En un destino donde el Camino de Santiago continúa siendo un imán y donde el turismo religioso y cultural convive con congresos y escapadas urbanas, la interrupción llega en un momento especialmente sensible. La pérdida de dinamismo en abril y mayo tendría, además, un efecto arrastre en la temporada alta si empresas y visitantes reprograman viajes hacia otros destinos.

Más costes para empresas e instituciones

No todo lo afectado es ocio. El cierre complica la actividad económica ordinaria: viajes de empresa, eventos profesionales y congresos tendrán que reconfigurarse. La participante en un congreso que contaba con vuelos directos tendrá ahora que reservar billetes alternativos, pagar traslados más largos y asumir logística extra. Según cálculos prácticos citados por Cadaval, el sobrecoste por persona puede situarse entre 200 y 300 euros en muchos casos, una cifra que multiplica el impacto cuando se proyecta a grupos o delegaciones.

Ese encarecimiento no sólo lo sufren las empresas: universidades, hospitales y administraciones que nutren su agenda de desplazamientos tendrán que ajustar presupuestos y, en algunos casos, replantear la celebración de actividades presenciales. Para las pymes locales que coordinan visitas de proveedores o clientes internacionales, el cierre se traduce en pérdida de competitividad y en ajustes operativos que no siempre son fáciles de asumir.

A falta de confirmación oficial sobre medidas compensatorias, los agentes del sector miran a la Xunta y a Aena en busca de soluciones: refuerzos de transporte por carretera, acuerdos con aeropuertos alternativos o campañas de promoción que mitiguen el impacto sobre la ocupación. Serán medidas paliativas; la clave, según expertos, será combinar soluciones logísticas con comunicación clara para evitar la pérdida de reservas que aún podrían materializarse.

En el plano social, además, está la cuestión de los empleados temporales y de los contratos vinculados a picos turísticos. La menor actividad puede traducirse en ERTEs parciales o en contratos no renovados, un golpe para economías familiares ya tensionadas por la inflación y los costes energéticos que persisten.

El cierre asimismo recuerda una realidad estructural: la fuerte dependencia de la movilidad aérea para la conectividad de Galicia. La dispersión territorial, unida a un transporte ferroviario mejorable en varios ejes, convierte cualquier interrupción en un factor de fragilidad económica que exige reflexión a medio plazo sobre inversiones en infraestructuras y modelos de gestión turística.

En las próximas semanas, los indicadores que seguirán con lupa serán la ocupación hotelera, las reservas canceladas o reubicadas y el número de eventos reprogramados. Cuando la pista vuelva a funcionar el 27 de mayo, los datos ex post permitirán medir daños con mayor precisión. Hasta entonces, el cierre de Lavacolla, necesario por seguridad y modernización, ejercerá de prueba de estrés para un tejido económico que apuesta por el turismo y la conectividad aérea como motores de crecimiento.