Varias decenas de ganaderos se concentraron el lunes frente a la planta de Lactalis en Vilalba para protestar por una oferta contractual que, según el Sindicato Labrego Galego, contempla una reducción del precio de la leche que puede llegar hasta los 6 céntimos por litro. La movilización, convocada por el SLG, mezcla la indignación por lo que califican de práctica empresarial sistemática con el miedo a que muchas explotaciones familiares queden abocadas al cierre.
Protestas y demandas: qué piden los ganaderos
Los concentrados portaban pancartas y reclamaban explicaciones tras recibir la propuesta definitiva de contrato para los próximos cuatro meses. El SLG asegura que la rebaja propuesta parte de 2,5 céntimos y alcanza los 6 en numerosos casos, lo que para granjas pequeñas y medianas supone la diferencia entre mantener la actividad y cerrar. María Ferreiro Santos, secretaria xeral del sindicato, declaró en Vilalba que no existe justificación de mercado para esa caída y que, por el contrario, los costes de producción siguen subiendo.
“Estamos con los precios más bajos del Estado español y no hay ningún dato que acredite esta bajada del precio; las granjas siguen cerrando y la producción no se incrementa”, dijo Ferreiro tras la protesta, en una intervención que resonó entre vecinos y alcaldes comarcales. Según fuentes cercanas al sector, la sensación de indefensión es amplia porque la industria suele imponer unilateralmente las condiciones cuando existe poca capacidad de negociación en origen.
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El SLG reclama a las administraciones que apliquen la ley de la cadena alimentaria y que velen por que no se venda por debajo de los costes. A falta de confirmación oficial desde las oficinas centrales de Lactalis en España, los ganaderos anuncian que esta fue solo la primera acción y que no descartan intensificar las movilizaciones si no hay rectificación.
Un conflicto con raíces económicas y territoriales
La protesta en Vilalba no puede leerse sin la radiografía previa de la ganadería lechera gallega. Desde la supresión de las cuotas lácteas en 2015, el sector ha sufrido procesos de concentración, y hoy en Galicia quedan, según los sindicatos, menos de 5.000 explotaciones activas. Muchas son pequeñas iniciativas familiares que funcionan con márgenes estrechos y dependen, además, de la demanda local y de la estabilidad del precio en origen.
En la última temporada los ganaderos han visto subir inputs básicos: fertilizantes, gasóleo, y costes de servicios, un incremento que atribuyen en parte a la incertidumbre global tras el estallido del conflicto en Ucrania. En ese escenario, una rebaja de hasta 6 céntimos no solo asesta un golpe a la rentabilidad, sino que, en términos rurales, acelera el proceso de despoblación en comarcas como Terra Chá y otras zonas de Lugo donde la ganadería es columna vertebral económica y social.
La disputa tiene además un componente comercial que complica la negociación. Unións Agrarias ha denunciado ante la Fiscalía la importación de leche desde Francia y Portugal por parte de algunas industrias con el objetivo, dicen, de abaratar el precio en el mercado gallego. Si se confirman prácticas de ese tipo, la controversia podría adquirir dimensiones judiciales además de económicas.
Repercusiones y próximos pasos: entre la movilización social y la vía legal
En el corto plazo, la caída proyectada en el precio repercutirá en decisiones concretas en las granjas: aplazamiento de inversiones, reducción de costes fijos y, en algunos casos, la pérdida de empleos. Los representantes del sector advierten que se trata de una cuestión de supervivencia para muchas explotaciones que no alcanzan la escala para amortiguar variaciones bruscas en el precio de venta.
Históricamente, Galicia ha visto ofertas y contramarchas entre industrias y productores; no es la primera vez que las movilizaciones rurales obligan a revisar contratos. En 2015 y años posteriores se vivieron episodios de presión sobre las industrias que terminaron, a veces, en acuerdos temporales. No obstante, los ganaderos sostienen que las medidas puntuales no resuelven el problema estructural: la asimetría entre el poder de compra de grandes grupos y la dispersión productiva en origen.
Además de la protesta en la calle, el sector apela a la acción pública: demandas de mayor transparencia en la formación del precio, incentivos para la comercialización colectiva y mecanismos que permitan relacionar el precio en origen con los costes reales de producción. La aplicación efectiva de la ley de la cadena y la coordinación entre la Xunta y el Gobierno central son peticiones recurrentes que, hasta la fecha, no han dado respuestas satisfactorias para todos los productores.
En las próximas jornadas, el calendario sindical contempla más movilizaciones si no hay avances. Los síntomas de descontento incluyen también la posibilidad de paros en entregas o concentraciones en otras plantas de la provincia; los organizadores confían en que la presión conjunta obligue a debatir modelos de contrato más equitativos.
Vilalba, núcleo tradicional de la industria láctea en Terra Chá, vuelve a situarse en el epicentro de una discusión que afecta a buena parte de la Galicia rural. Aquí, donde la leche ha sido durante generaciones fuente de ingresos y de paisaje, la tensión entre industria y ganadería vuelve a ensanchar la brecha entre el modelo productivo actual y la necesidad —reiterada por las comunidades— de garantizar viabilidad y relevo en el campo.
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