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Protesta en Vilalba frente a Lactalis: el sector lácteo gallego en pie de guerra por una bajada de hasta seis céntimos

Varias decenas de ganaderos y simpatizantes se concentraron este lunes ante la planta de Lactalis en Vilalba para denunciar una propuesta de contrato que, según el Sindicato Labrego Galego (SLG), recoge una bajada del precio de la leche de entre 2,5 céntimos y hasta 6 céntimos por litro para los próximos cuatro meses. La movilización llega en un momento en el que, según los representantes campesinos, quedan menos de 5.000 explotaciones lecheras en Galicia, con un margen de maniobra cada vez más reducido ante la escalada de costes.

La protesta y las reclamaciones del SLG

Los asistentes, entre ganaderos de la comarca de A Terra Chá y vecinos solidarios, desplegaron pancartas y corearon consignas frente a la entrada de la fábrica. El SLG plantea que la oferta de Lactalis no tiene justificación en las condiciones de mercado actuales y acusa a la industria de aplicar «una artimaña» que recae sobre los eslabones más débiles de la cadena. El sindicato empezó a alertar sobre esta caída desde enero, cuando se detectaron las primeras propuestas contractuales.

La secretaria xeral del SLG, María Ferreiro Santos, lamentó que Galicia esté registrando «los precios más bajos de la leche de todo el Estado español» y advirtió de que la reducción planteada por la multinacional podría llevar a «la ruina» a muchas explotaciones familiares. En su intervención recordó además la reciente subida de los insumos: fertilizantes, gasóleo y servicios veterinarios, entre otros, un encarecimiento que, según los ganaderos, no se ve compensado por los precios que pagan las industrias.

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«Ya estábamos en una situación preocupante, pero ahora mismo es ya alarmante. Estamos con los precios más bajos del Estado y no hay ningún dato que justifique esta bajada», afirmó Ferreiro, tras advertir de que esta acción es la primera de una serie si no se paralizan los recortes.

Antecedentes: concentración de la oferta y presiones sobre las explotaciones

La situación no es nueva en Galicia. La región, históricamente principal productora de leche en España, ha visto en las últimas décadas cómo la concentración del mercado y la entrada de grandes grupos internacionales han impuesto contratos cada vez más cortos y rígidos. Las industrias, con potentes posiciones negociadoras, presentan ofertas trimestrales que generan incertidumbre en explotaciones con elevados costes fijos y de inversión.

Además de las tensiones entre ganaderos e industrias, asociaciones agrarias han denunciado prácticas como la importación de leche en polvo o materia prima desde otros países —se han citado a Francia y Portugal en denuncias recientes— para abaratar costes y condicionar el mercado interior. Esos movimientos han llevado a otras organizaciones agrarias a presentar quejas ante la Fiscalía y a reclamar mayor vigilancia administrativa.

En lo normativo, el sector apela a la llamada ley de la cadena alimentaria para exigir que no se comercialice por debajo de costes y para reclamar el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales. Desde el SLG se exige a la Xunta y al Gobierno central una intervención más contundente que haga respetar los márgenes y evite prácticas que, según los agricultores, ponen en peligro al tejido rural.

Impacto en el medio rural y posibles escenarios

Si la bajada se materializa, los efectos sobre muchas explotaciones familiares podrían ser inmediatos. Galicia ha sufrido un proceso continuado de concentración de explotaciones y despoblación rural; la pérdida de rentabilidad en las granjas lecheras ahonda una dinámica ya conocida: jubilaciones no cubiertas, menor incorporación de jóvenes y riesgo de abandono de tierras. En comarcas como A Terra Chá, donde la leche es un motor económico local, cualquier contracción se traduce en efectos multiplicadores sobre servicios y pequeñas empresas.

En términos productivos, una reducción incentivaría la concentración del sector en manos de las explotaciones con mayor escala, capaces de asumir márgenes estrechos; las más pequeñas, en cambio, verían comprometida su viabilidad. Ferreiro advirtió que «las pocas incorporaciones que haya se verían abocadas a la ruina», un mensaje dirigido tanto a los responsables de la industria como a las administraciones competentes.

Las alternativas sobre la mesa incluyen desde la negociación colectiva y la firma de contratos con cláusulas de garantía de precio hasta medidas de apoyo público: ayudas a la inversión, líneas de liquidez temporales y la exigencia de trazabilidad en las compras de materias primas. No obstante, los ganaderos insisten en que la solución de fondo pasa por corregir la asimetría de poder comercial entre industria y productor.

Políticamente, la protesta en Vilalba puede tensar la relación entre la Xunta y las empresas lácteas. En campañas anteriores, el Gobierno gallego ha mediado en conflictos del sector sin que eso evitase episodios de movilización masiva. Ahora, con el telón de fondo de la inseguridad económica y la proximidad de plazos contractuales, el temor es que las acciones escalen: cierres de plantas, boicots a marcas o concentraciones con mayor impacto en las rutas logísticas.

Para los municipios afectados, la periocidad de estas tensiones recuerda que la política agraria local tiene que ir más allá de ayudas puntuales: requiere estrategias para fijar población, apoyar relevo generacional y diversificar la economía rural para que las explotaciones no dependan exclusivamente de un único cultivo o producto.

Esta protesta en Vilalba es, a la vez, un síntoma y una advertencia. Si las administraciones no actúan con agilidad, el riesgo no es solo la pérdida de rentabilidad de unas cuantas granjas, sino un agravamiento del declive demográfico y económico en áreas rurales que ya han sufrido recortes de servicios y despoblación. Los próximos pasos están por verse: el SLG ha anunciado que la concentración es solo la primera medida y que habrá más movilizaciones si no hay respuesta; la pelota está en el tejado de las industrias y de las autoridades competentes.

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Sofía Martínez

Periodista gallega especializada en información local y política. Licenciada en Periodismo por la USC. Redactora jefe de Galicia Universal.

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