El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que la administración gallega comunicará a la Abogacía del Estado su intención de sumarse al recurso que el Gobierno central podría presentar contra la indemnización reclamada por los herederos de Francisco Franco por el Pazo de Meirás. Al mismo tiempo, la Xunta ha puesto sobre la mesa su voluntad de asumir la gestión del inmueble, una vez que el Estado haga las obras de conservación necesarias en las conocidas Torres de Meirás.
La decisión política y los detalles administrativos
Rueda explicó tras la reunión del Ejecutivo autonómico que los servicios jurídicos de la Xunta han recomendado incorporar a ese eventual recurso, una medida que, según dijo, procede tras la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la devolución del pazo al Estado. «Entendemos que procede», fueron sus palabras en la rueda de prensa, que recogen la determinación política del Gobierno gallego de mantenerse alineado con los pasos legales emprendidos por el Ejecutivo central.
«Queremos que el plan de usos lo refleje todo. Una cosa no puede ser excluyente de la otra y creo que todo tiene cabida»,
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Rueda añadió que la Xunta pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez abrir un proceso de diálogo técnico y jurídico para concretar la fórmula de gestión: cedencia de uso o transferencia de titularidad. No obstante, subrayó que la prioridad es gestionar el inmueble y que esa petición sólo se planteará una vez que el Estado, ahora titular tras la resolución del Supremo, ejecute las obras necesarias para garantizar la conservación tanto del interior como del exterior de las Torres de Meirás. Según fuentes cercanas a la Consellería de Cultura, la evaluación preliminar apunta a intervenciones urgentes en cubiertas y elementos estructurales que impiden una apertura plena al público.
La Xunta ha justificado su interés en gestionar el pazo por motivos de utilidad pública y cultural: pretende incorporar el edificio al ecosistema de creación cultural de Galicia, aunque bajo la premisa de respetar «toda su historia». Ese matiz adquiere especial relevancia en un monumento que fue impulsado por la escritora Emilia Pardo Bazán y que, décadas después, quedó vinculado al régimen franquista y a su familia.
Antecedentes judiciales y memoria histórica
No es la primera vez que el Pazo de Meirás ocupa la escena pública y judicial gallega. La disputa sobre su propiedad se ha prolongado años, con sentencias y recursos que han enfrentado a herederos, administraciones y colectivos memorialistas. Cabe recordar que la declaración del pazo como Bien de Interés Cultural y las investigaciones sobre las circunstancias que llevaron a su pertenencia a la familia Franco marcaron el pulso de la batalla legal anterior a la sentencia del Supremo.
El plan de usos que ahora propone la Xunta parte del documento elaborado en 2020, pero Rueda ha dejado claro que debe ser reformulado para integrar tanto el legado de Pardo Bazán como el proceso que condujo a la apropiación por parte del dictador. La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude será la encargada de renovar ese documento y, además, de diseñar un proceso participativo en el que participen personas y colectivos de distintas sensibilidades. La intención es, dijo Rueda, alcanzar «un documento plural y sólido en el que toda la ciudadanía se vea representada».
La propuesta de la Xunta pretende así conjugar memoria y actividad cultural: musealizar fragmentos de la historia del pazo sin excluir su potencial como equipamiento para creación contemporánea. Ese planteamiento no está exento de polémica. Colectivos memorialistas y asociaciones vecinales en Sada han reclamado en el pasado un tratamiento explícito del significado del pazo en la dictadura; otros actores culturales defienden su potencial como espacio de dinamización artística y turística.
Repercusiones políticas y pasos siguientes
La voluntad de la Xunta de sumarse al recurso del Estado tendrá consecuencias legales y políticas. En el plano jurídico, un apoyo autonómico puede reforzar la argumentación del Gobierno central frente a la petición de indemnización de los Franco, que, de prosperar, implicaría un desembolso de fondos públicos para compensar a particulares por un bien cuya titularidad se disputa por motivos históricos y legales. En lo político, la posición muestra una coincidencia puntual entre un gobierno autonómico del Partido Popular y el Ejecutivo central, pese a sus divergencias habituales en otras materias.
En términos prácticos, la pelota queda en el tejado del Estado: será la Administración central la responsable de ejecutar las obras de conservación que, según la Xunta, son imprescindibles para poder contemplar una cesión o transferencia. A partir de ahí se abriría el diálogo formal con la Xunta sobre la fórmula administrativa más adecuada, un proceso que, según fuentes de la propia Consellería, podría prolongarse meses e incluso requerir la intervención de fondos estatales o europeos para la rehabilitación integral.
La propuesta participativa anunciada añade una dimensión social al proceso. Si la Xunta cumple con su promesa de abrir espacios de diálogo público, la definición del futuro uso del Pazo de Meirás dependerá tanto de expertos como de la ciudadanía. Sin embargo, existe el riesgo de que la gestión política del legado se convierta en un campo de batalla simbólico: la manera en que se narre la historia del pazo —qué episodios se visibilizan y cuáles se relativizan— será objeto de debate durante años.
La cuestión económica tampoco es menor. La rehabilitación y el mantenimiento continuado de un BIC como las Torres de Meirás requieren inversión sostenida. Tanto la Xunta como el Estado deberán acordar no solo la fórmula de titularidad sino también los compromisos presupuestarios para garantizar la conservación y el acceso público, especialmente si se aspira a convertir el conjunto en un recurso para la cultura contemporánea gallega.
El anuncio de este lunes, fechado el 23 de marzo de 2026, cierra una etapa y abre otra en la larga historia del pazo. A falta de confirmación oficial sobre los plazos que manejarán Madrid y Santiago, lo que está claro es que la gestión del Pazo de Meirás seguirá siendo un símbolo: de la memoria, de las políticas culturales y de la capacidad de las instituciones para transformar un legado polémico en un bien de utilidad pública. Galicia, con su particular sensibilidad hacia la historia y la cultura, observa con atención cómo se articulará ese equilibrio entre reparación histórica y puesta en valor patrimonial.
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