Aragón instaló ocho veces más nueva potencia eólica que Galicia en 2025: las razones de una desigualdad energética

España añadió el pasado año 1.420,88 megavatios de nueva potencia eólica, alcanzando un parque total de 32.910,79 megavatios. Pese a ese avance, la distribución fue llamativamente desigual: Galicia incorporó apenas 70 megavatios, mientras que Aragón instaló alrededor de 560 megavatios, es decir, ocho veces más. La cifra no solo refleja recursos de viento, sino decisiones políticas, capacidad de la red y conflictos territoriales que siguen marcando el mapa energético.

Dónde se puso el viento a trabajar

El balance nacional publicado por la patronal eólica confirma la vigencia de la eólica terrestre como pilar de las renovables. Pero los números por comunidad autónoma muestran trayectorias divergentes. En Aragón, promociones concentradas en provincias como Zaragoza y Huesca encontraron terrenos más accesibles y una menor densidad de figuras de protección que, junto a una red de evacuación más desarrollada, facilitaron el despliegue masivo en 2025.

En Galicia la realidad fue distinta. La incorporación de solo 70 MW responde a varios factores acumulados: moratorias municipales en algunos ayuntamientos, litigios ambientales, dispersión de la propiedad del suelo y la existencia de múltiples espacios protegidos que condicionan los emplazamientos. También pesa la capacidad de transporte de la energía: sin la ampliación suficiente de líneas de alta tensión, muchos proyectos se topan con cuellos de botella que disuaden a inversores.

No es casualidad que en la memoria colectiva de la comunidad todavía resuene el debate en torno a parques como el del monte de A Curota. Aquellas controversias dejaron lecciones sobre la necesidad de combinar planificación con consenso local, una amalgama que en la práctica no siempre ha funcionado.

Antecedentes y motivos de la descompensación

Galicia fue protagonista en oleadas anteriores de instalación eólica, pero la última década ha estado marcada por una ralentización relativa. El fenómeno del repowering —sustituir aerogeneradores antiguos por modelos más potentes— avanza con timidez por problemas administrativos y por la complejidad técnica de coordinar actuaciones en infraestructuras ya existentes.

A nivel institucional, la autonomía gallega se debate entre proteger el paisaje, vertebrar el rural y atraer inversión. La Xunta y ayuntamientos han mostrado mensajes ambiguos: voluntad de transición energética por un lado, cautela por otro cuando surgen resistencias locales que temen por el turismo, los valores paisajísticos o la biodiversidad.

Aragón, por contraste, ha optado en los últimos años por políticas de ordenación territorial y agilización administrativa que han convertido sus suelos en destinos prioritarios para promotores. Eso no significa ausencia de conflicto; simplemente, la balanza entre desarrollo y protección ha pendido hasta ahora hacia un ritmo más rápido de instalación.

Repercusiones locales y próximos pasos

El desequilibrio tiene efectos concretos: menos megavatios nuevos equivalen en Galicia a menos contratos de obra civil, menos actividad para talleres y logística y menos ingresos fiscales para municipios. En comarcas que sufren despoblación, cada parque puede ser una fuente de empleo temporal y de canon que ayude a sostener servicios básicos.

Los operadores del sistema eléctrico advierten sobre la necesidad de invertir en la red de evacuación: aumentar la capacidad instalada sin reforzar las conexiones puede generar pérdidas por congestiones o incluso impedir la puesta en marcha de más parques. En el noroeste peninsular, la geografía y la lejanía de los grandes centros de consumo hacen que Galicia dependa todavía de decisiones de red que escapan a los municipios.

En el plano político se abren varias opciones. Una es acelerar la tramitación administrativa mediante convenios que garanticen condicionantes ambientales exigentes pero con plazos claros. Otra, fomentar modelos de beneficio compartido: que las comunidades locales obtengan participación en ingresos o electricidad a bajo coste. También se baraja mirar al mar: la plataforma continental gallega ofrece oportunidades de eólica offshore que, aunque más costosas, podrían sortear parte de los litigios asociados al uso del suelo.

Del lado industrial, recuperar un protagonismo sostenible pasa por atraer inversiones en repuestos, mantenimiento y servicios asociados. Las empresas que suministran cimentaciones, torres y logística buscan certidumbres a medio plazo; la falta de ritmo en nuevas instalaciones dificulta la consolidación de una cadena de valor local robusta.

Para algunos agentes del sector, la experiencia aragonesa demuestra que la combinación de planificación y voluntad política acelera despliegues, pero también ofrece una advertencia: si no se acompasa con criterios territoriales y ambientales claros, el desarrollo puede generar tensiones que luego costará gestionar.

El paisaje gallego, con su orografía recortada y su patrimonio natural, exige soluciones a medida. Si la comunidad quiere reducir la brecha con Aragón y otras autonomías, deberá articular incentivos que atraigan promoción privada sin perder control sobre impactos; negociar inversiones en la red con el operador y diseñar fórmulas que reviertan beneficios en las parroquias y ayuntamientos afectados.

Las cifras de 2025 no son una condena permanente, pero sí un mapa de prioridades. Galicia tiene viento suficiente para hacer del recurso una ventaja competitiva. Queda por ver si esa oportunidad se traduce en megavatios, empleo y riqueza local, o si el terreno seguirá siendo, en la práctica, más favorable para otras comunidades.