Alfonso Rueda anunció este martes, 24 de marzo de 2026, que la Xunta de Galicia persigue hacerse con la gestión del Pazo de Meirás, el conjunto monumental situado en el municipio coruñés de Sada. La Consellería de Cultura, según el presidente autonómico, ya trabaja en un futuro plan de usos que incluye obras de conservación y la apertura de todas las estancias al público.
Qué ha dicho la Xunta y cuáles son los próximos pasos
En la rueda de prensa posterior al Consello, Rueda situó la prioridad en garantizar la conservación del inmoble y en permitir “visitas públicas ao interior do inmoble na súa totalidade”. A falta de confirmación oficial sobre plazos, el presidente avanzó que la Administración autonómica se pondrá en contacto con el Estado para solicitar que se acometan las obras necesarias y para negociar la fórmula por la que la Xunta asumiría la gestión.
Rueda no cerró opciones jurídicas ni administrativas: “hai que valorar a fórmula máis adecuada, podería ser unha cesión, unha transferencia de titularidade, habería que falalo”, afirmó textualmente. La Consellería de Cultura —responsable del informe que, según el Ejecutivo autonómico, ya ha sido evaluado— trabaja en un plan de usos que combina conservación, acceso público y actividades culturales, explicaron fuentes próximas a la negociación.
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Conoce más →Fuentes de la Xunta puntualizan que, más allá del titular del bien, la intención es garantizar la inversión inicial para frenar el desgaste de un inmueble que acumula décadas de historia pública y polémica. En la práctica, eso supone definir partidas para restauración, seguridad y adecuación de itinerarios turísticos que permitan visitas integrales a estancias que hoy permanecen cerradas al gran público.
El contexto histórico y la sensibilidad local
El Pazo de Meirás no es un edificio cualquiera en Galicia. Su relación con la figura de Francisco Franco, que lo utilizó como residencia veraniega, y la larga batalla judicial por su titularidad lo han convertido en un símbolo de la memoria histórica en la comunidad. Tras años de litigio que culminaron con la declaración de titularidad estatal, la gestión del pazo ha estado en el centro de debates políticos y sociales.
Cabe recordar que Meirás cuenta con elementos emblemáticos, como la denominada Torre da Quimera, que aparece en muchas de las fotografías del conjunto. Para vecinos de Sada y activistas de la memoria, la apertura a las visitas y la restauración adecuada son reclamaciones antiguas; para el tejido turístico de A Coruña, supone una atracción de primer orden que puede ordenarse en torno a criterios patrimoniales y educativos.
No es la primera vez que la Xunta manifiesta interés por participar en la gestión de bienes patrimoniales recuperados por el Estado. En múltiples ocasiones anteriores, el Ejecutivo autonómico ha buscado fórmulas de colaboración con el Gobierno central para poder financiar intervenciones o asumir la explotación turística de grupos monumentales. La novedad ahora es la voluntad expresada públicamente por Rueda y el compromiso de la Consellería de Cultura de presentar un plan detallado.
Implicaciones políticas, culturales y económicas
La propuesta abre una negociación compleja entre administraciones. En el Gobierno central la titularidad del Pazo de Meirás es, a día de hoy, estatal, y cualquier cambio en la gestión o en la titularidad exige acuerdos administrativos y, en su caso, trámites jurídicos complementarios. En la práctica, la Xunta deberá convencer al Estado de que su intervención garantiza mejor conservación y mayor apertura, o bien plantear un modelo de cesión temporal para ejecutar las obras y diseñar la oferta cultural.
Desde el punto de vista cultural, los técnicos insisten en que no todo debe girar en torno al turismo. La recuperación de Meirás ofrece la oportunidad de abrir un espacio para la investigación histórica, la educación sobre la dictadura y su memoria, y proyectos expositivos de largo aliento. La Consellería habla de compatibilizar usos: salas de exposición, programas didácticos para centros escolares de la comarca y actividades que impliquen a la Universidad de A Coruña y a asociaciones locales.
En cuanto al impacto económico, la reapertura total del pazo puede reforzar la oferta turística de la ría de A Coruña y Sada. Fuentes municipales señalan que, con una gestión pública eficiente, los ingresos por visitas podrían reinvertirse en el propio mantenimiento del conjunto y en la dinamización de la economía local —hostelería, comercio y guías culturales—. Al mismo tiempo, el debate político no es menor: el Gobierno autonómico del PP exhibe con este movimiento su intención de liderar iniciativas patrimoniales en Galicia frente a la tutela estatal.
También hay voces críticas que piden cautela. Asociaciones de memoria histórica reclaman que cualquier gestión priorice la transparencia en la gestión de fondos, la investigación sobre los bienes incorporados al pazo y la participación de la sociedad civil en la definición de los usos. En Sada hay tradición de movilización cívica en torno al pazo; no será una negociación puramente técnica.
Respecto a los plazos, fuentes cercanas a la Consellería indican que en las próximas semanas la Xunta remitirá al Estado el informe con el plan de usos y la petición formal para iniciar conversaciones. El documento incluye un diagnóstico de las necesidades de conservación y un cronograma orientativo para las intervenciones; no obstante, los trabajos más ambiciosos dependerán de acuerdos económicos y de la cesión o transferencia que finalmente se acuerde.
Si la negociación avanza, el Pazo de Meirás podría entrar en una nueva fase antes del próximo verano: actuaciones de emergencia sobre estructuras vulnerables, señalización y la apertura controlada de nuevas estancias. A largo plazo, la aspiración anunciada por Rueda es que Meirás deje de ser un emblema de controversia y se convierta en un equipamiento cultural al servicio de la memoria y del turismo responsable en Galicia.
En los próximos días, la clave estará en cómo responda el Ejecutivo central y en la capacidad de la Xunta para articular una propuesta técnica y financiera convincente. Para los vecinos del entorno y para las organizaciones de memoria histórica, la esperanza es que la política no postergue la conservación. Para la Xunta, la oportunidad es también política: gestionar Meirás significaría, además de tutelar un patrimonio complejo, dar una imagen de compromiso público con la recuperación y el uso social del patrimonio gallego.
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