Una investigación de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Ourense, ha llevado a la detención de tres mujeres vinculadas a una red de contratación de cuidadoras internas en O Barco de Valdeorras. La pesquisa, iniciada tras la denuncia de una trabajadora en diciembre de 2025, sostiene que las víctimas —todas extranjeras y sin permiso de residencia ni trabajo— fueron sometidas a condiciones salariales y laborales extremadamente precarias.
Cómo funcionaba la trama y los detalles de la operación
Según las fuentes consultadas por este diario, la investigación arrancó a raíz de la denuncia presentada por una empleada de una empresa de servicios de cuidado a domicilio. Desde entonces, agentes del Grupo Operativo Especial (GOE) de la Comisaría de Ourense y de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF) de Vigo-Redondela siguieron el hilo de un sistema de captación sistemática que trasladaba a mujeres en situación irregular a domicilios particulares de la comarca.
El modus operandi, describen los investigadores, imponía jornadas «extenuantes» y un régimen de descansos que violaba la normativa laboral: las cuidadoras tenían solo dos días libres al mes y, si necesitaban ausentarse más tiempo, se les obligaba a asumir el coste del salario de la sustituta. Además, la retribución se situaba «muy por debajo» del salario mínimo pactado para el régimen de empleados de hogar, lo que completaba el cuadro de explotación denunciado.
Salado Golf & Beach Resort
Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.
Conoce más →El 16 de marzo, con el apoyo de la Inspección de Trabajo y la comisión judicial, los agentes registraron la sede de la empresa responsable de las contrataciones. Allí se incautó documentación que, según la Policía, corrobora el relato de las trabajadoras; en esa fase fueron detenidas dos responsables de la entidad. Dos días después, el operativo sumó una tercera detención: una familiar de la persona dependiente a la que cuidaban las víctimas, que habría promovido directamente la llegada de trabajadoras en situación irregular.
Por ahora la investigación ha identificado a siete víctimas, aunque fuentes policiales no descartan que la cifra aumente tras el análisis de los papeles intervenidos. Las tres personas arrestadas quedaron puestas en libertad tras prestar declaración, a la espera de que la instrucción decida su situación procesal y las posibles imputaciones formales por explotación laboral.
Un fenómeno persistente en la provincia y en Galicia
La explotación de mujeres migrantes en el cuidado domiciliario no es un caso aislado en Ourense. En la provincia —y en zonas rurales de Galicia en general— la combinación de envejecimiento poblacional, dispersión geográfica y servicios públicos escasos ha generado una demanda constante de cuidados en el hogar que, en ocasiones, se satisface mediante circuitos informales. A falta de confirmación oficial sobre la tipificación final de los hechos, especialistas en trabajo y terceros sector advierten desde hace años sobre el riesgo de que esa demanda derive en situaciones de abuso.
Cabe recordar que muchos de estos contratos se encubren bajo fórmulas empresariales que externalizan la contratación y permiten, de facto, pagar menos y eludir responsabilidades. Según representantes sindicales consultados por este periódico en otras ocasiones, la figura del empleado del hogar ha permanecido en una zona gris normativa que facilita la precariedad, sobre todo cuando las trabajadoras no cuentan con permiso de residencia o desconocen sus derechos.
En Valdeorras, comarca con una economía marcada por el viñedo y la despoblación rural, los servicios sociales municipales a menudo están desbordados. El recurso a cuidadoras internas, por la comodidad que implica para familias con personas dependientes, favorece que surjan intermediarios que manejan ofertas fuera del cauce legal. No es la primera vez que la combinación de necesidad familiar y economía sumergida desemboca en una denuncia por condiciones laborales abusivas.
Repercusiones y próximos pasos de la investigación
La causa seguirá su curso en las próximas semanas: los documentos intervenidos en la sede de la empresa deberán ser analizados en detalle y pueden arrojar nueva luz sobre redes más amplias de contratación irregular. Desde la Inspección de Trabajo de Ourense han confirmado su implicación en la operación, que servirá además para abrir expedientes administrativos si se acreditan infracciones laborales. A falta de confirmación oficial sobre las calificaciones penales, fuentes cercanas a la investigación no descartan que se puedan formular cargos por explotación laboral e, incluso, por delitos relacionados con la inmigración irregular.
Para las víctimas, la prioridad será facilitar protección y regularizar su situación cuando proceda. ONG y servicios sociales de la provincia suelen reclamar protocolos más ágiles para identificar a trabajadoras en situación de explotación y separar su estatus migratorio de la condición de víctima, de modo que las personas afectadas no rehuían denunciar por miedo a la expulsión. La Policía ha subrayado que la colaboración con la Inspección de Trabajo ha sido clave para certificar el fraude en las condiciones laborales denunciadas.
En lo político, la noticia reaviva el debate sobre la regulación del empleo doméstico y las fórmulas de acceso de migrantes al mercado laboral en Galicia. La Xunta y los ayuntamientos de comarcas envejecidas como Valdeorras reciben presiones continuas para mejorar la oferta pública de atención a la dependencia y reducir la dependencia de trabajadores internos contratados por vías informales. Tras la operación, organizaciones de defensa de los derechos laborales pedirán, con toda probabilidad, mayor vigilancia y campañas de información dirigidas a las personas migrantes y a las familias que contratan cuidados.
Si bien la intervención policial ha desmontado por ahora parte del entramado en O Barco, la realidad es que la solución exige cambios estructurales. Más inspecciones, más recursos para los servicios sociales y políticas de regularización y formación para trabajadoras del hogar forman parte de la receta que proponen sindicatos y ONG. A la espera de las diligencias, la investigación seguirá desgranando hasta qué punto las irregularidades detectadas se limitaban a una empresa local o si formaban parte de una red con mayor alcance en la provincia de Ourense.
¿Buscas una Inversión Segura?
Salado Golf & Beach Resort te ofrece la oportunidad de invertir en el Caribe con rentabilidad garantizada del 12% anual
Solicitar Información Ahora
