La tramitación de la ley para traspasar la AP-9 se reactiva en el Congreso: la ponencia se constituirá el jueves

La iniciativa para transferir la titularidad de la autopista AP-9 a la Generalitat gallega vuelve al foco político esta semana. Tras meses de quejas por la aparente paralización, la Comisión de Transportes del Congreso ha fijado la constitución de la ponencia para el jueves 26 a las 8:30 horas, media hora antes del inicio del pleno, un gesto que partidos como el PPdeG y el BNG interpretan como victoria en su presión para reactivar la tramitación.

La cita: quién empuja y cómo se logró

La convocatoria para constituir la ponencia llega después de que las enmiendas a la ley, registradas en octubre por el PSOE y Sumar, permanecieran sin movimientos apreciables en el Congreso. Fuentes del PPdeG sostienen que fue su diputado en la Cámara baja, Celso Delgado, quien presionó en la Mesa y en la junta de portavoces para que la ponencia no se pospusiese hasta después de Semana Santa. Según Delgado, el cambio de criterio prosperó gracias al apoyo conjunto de su grupo y del BNG, representado por Néstor Rego.

Rego, por su parte, ha subrayado la importancia de la firmeza nacionalista para forzar el calendario. «O se convocaba de manera inmediata la ponencia, o se afectaba de forma directa la colaboración del BNG con cualquier iniciativa que pretendiese sacar adelante el PSOE o el Gobierno», afirmó en el debate, y destacó que la movilización del Bloque fue «determinante» para conseguir la fecha. En asambleas y despachos de la Cámara se interpretó la jugada como una muestra del peso que el BNG ha recuperado en las negociaciones sobre asuntos autonómicos.

«Casi dos años esperando con dilaciones y tuvo que ser una negociación del BNG la que desbloquease nuevamente la tramitación», señaló Rego

Antecedentes: del Parlamento gallego al pulso en Madrid

La ley de traspaso de la AP-9 salió por unanimidad del Parlamento de Galicia hace meses, pero su traslado al Congreso ha tropezado con obstáculos. No es la primera vez que este asunto genera roces: el PP, cuando estaba en el Gobierno central, impidió en dos ocasiones la toma en consideración de una ley orgánica para la transferencia, según recuerda la portavoz socialista en la Comisión de Transportes, Patricia Otero. Además, Otero recuerda que fue el mismo PP quien amplió la concesión de la autopista hasta 2024, una ampliación que hoy está siendo cuestionada por la Comisión Europea.

El trasfondo técnico y jurídico no es menor. La AP-9 es la arteria vertebral de Galicia: une El Ferrol con Tui pasando por A Coruña, Santiago y Vigo, y su régimen de peajes ha sido desde hace años un caballo de batalla político y social. Transferir la titularidad no equivale, automáticamente, a eliminar los peajes. La comunidad autónoma necesitaría recursos para asumir conservación, gestión y, sobre todo, una hoja de ruta para retirar o modular los cobros. Bruselas vigila además la compatibilidad de decisiones nacionales con la normativa comunitaria sobre concesiones públicas.

Reacciones políticas y el debate sobre la gratuidad

En el choque de versiones, el PSOE ha querido desvincular la constitución de la ponencia del debate central, que para ellos es la reducción del coste que soportan los usuarios. Otero ha insistido en que los socialistas son «los únicos» que han impulsado medidas concretas —bonificaciones y rebajas del peaje— y que la prioridad de su grupo es avanzar hacia la gratuidad del uso de la AP-9. «Lo que urge es la gratuidad», ha repetido la diputada, advirtiendo, no obstante, de que no permitirán que el debate sobre la transferencia frene «lo que de verdad importa».

PPdeG y BNG, sin embargo, subrayan que la transferencia es el camino para que la comunidad asuma decisiones permanentes. En la práctica, ambos partidos han usado la agenda del traspaso como palanca para reclamar protagonismo político en Madrid y exigir plazos concretos. El calendario de la ponencia será la primera prueba: si se aprueba una hoja de ruta ambiciosa, la percepción pública de avance será mayor; si no, las críticas por dilación volverán a aflorar.

Conviene recordar que las enmiendas al texto ordinario vinieron solo de PSOE y Sumar, un detalle que ha alimentado interpretaciones sobre la falta de consenso en torno a la fórmula jurídica y el coste final del proceso. A falta de confirmación oficial sobre el calendario que propondrá la ponencia, persiste la incertidumbre sobre plazos: la constitución es el primer paso, pero la tramitación parlamentaria puede prolongarse meses.

Repercusiones prácticas y próximos pasos

Desde el punto de vista ciudadano, lo que más pesa no son las maniobras en la Mesa del Congreso sino el bolsillo. Muchas familias gallegas llevan años reclamando soluciones tras décadas de peajes que condicionan la movilidad laboral y el transporte de mercancías. A corto plazo, la constitución de la ponencia permitirá fijar fechas de comparecencias, informes y posibles enmiendas parciales que perfilarán la ley. En paralelo, la negociación política seguirá abierta: el BNG exige una ruta clara y plazos concretos, el PPdeG reclama reconocimiento de su papel en el desbloqueo, y el PSOE insiste en avanzar en medidas para abaratar ya el uso de la autopista.

En el terreno legal y financiero, los técnicos alertan de que la transferencia implicará decisiones sobre la deuda vinculada a la concesión, compensaciones a la concesionaria y la financiación de la conservación. En la Comunidad hay quien propone fórmulas mixtas: traspaso con cláusulas de garantía presupuestaria para una reducción progresiva de los peajes; otros optan por la gratuidad inmediata, si el Estado asume el coste. Esos debates aparecerán en las próximas semanas en la ponencia, donde comparecerán responsables de Fomento, expertos en concesiones y representantes autonómicos.

La jornada del jueves será, en cualquier caso, una liturgia institucional con eco político. Más allá de la foto, lo que importa para Galicia es que ese calendario no se convierta en un nuevo compás de espera. Si la constitución de la ponencia culmina con un calendario de trabajo exigente y público, habrá razones para el optimismo. Si sirve únicamente para escenificar gestos, la indignación por los peajes seguirá alimentando la crispación en una comunidad que lleva demasiado tiempo esperando soluciones.