25.000 autónomos gallegos, en vilo por la falta de claridad sobre módulos a días del cierre del trimestre

A menos de una semana para que concluya el primer trimestre y arranque el plazo de las declaraciones trimestrales, cerca de 25.000 autónomos en Galicia siguen sin saber cómo ni cuánto deberán tributar por el impuesto sobre el valor añadido. La incertidumbre no es local: afectan a unos 400.000 trabajadores por cuenta propia en toda España, pero en comunidades como la nuestra, donde el tejido de microempresas y profesionales sigue siendo el sostén del comercio y la hostelería, la falta de instrucciones claras del Ministerio de Hacienda genera nerviosismo y decisiones apresuradas.

La última semana: confusión y trámites a toda prisa

Con la obligación de presentar el IVA trimestral a la vuelta de la esquina, muchos gestores y asesorías en Santiago, Vigo y A Coruña han visto cómo se multiplican las llamadas de clientes que no saben si deben declarar por el sistema de módulos o por estimación directa. La clave está en una prórroga anual de los topes que permite a determinados autónomos permanecer en módulos; si esa autorización no llega, la normativa vigente desde 2016 reduciría los límites y obligaría a un cambio masivo de régimen.

La UPTA ha alzado la voz y denuncia que la ausencia de una comunicación oficial por parte de Hacienda está dejando a miles de profesionales en una «inseguridad jurídica y económica». El presidente de la organización, Eduardo Abad, lo resume con dureza:

«La falta de información y la ausencia de una comunicación oficial reflejan una preocupante falta de seriedad. No estamos tranquilos.»

Trasladar a estimación directa no es solo una cuestión de rellenar otro modelo. Implica llevar una contabilidad más rigurosa, afrontar pagos fraccionados con diferente calendario y, en muchos casos, pagar más IVA en el corto plazo. Las pymes y autónomos de sectores tan diversos como el taxi, la hostelería, el comercio de proximidad o la agricultura miran con inquietud la posibilidad de un vuelco tributario que les obligue a rehacer previsiones de caja y a plantearse inversiones que ya tenían planificadas para la primavera.

Un problema con raíces en la ley de 2016

El origen de la tensión hay que buscarlo en la reforma fiscal de 2016, que rebajó los umbrales máximos que permiten acogerse al régimen de módulos. Sin una prórroga, el cambio habría expulsado «alrededor del 60%» de los que hoy tributan por módulos. En cifras, la medida de mantenimiento que tradicionalmente se ha aprobado fija ahora límites de hasta 250.000 euros de volumen de ingresos anuales, con facturación a empresas o profesionales de hasta 125.000 euros y, en determinadas actividades, un volumen de compras de hasta 250.000 euros. En Galicia, los cálculos de las asociaciones sitúan en más de 13.000 los afectados si se aplicara la reforma de 2016 sin prórroga.

Desde la Administración se asegura que el Gobierno tiene intención de prorrogar esos topes, como ha hecho en ejercicios anteriores. Sin embargo, la reiteración de prórrogas puntuales ha provocado desafección entre colectivos que reclaman una solución estructural. En los despachos de las asesorías recuerdan que en enero pasado, a diferencia de este año, ya existía claridad sobre el mecanismo que se iba a emplear; ahora la incertidumbre se prolonga «sobre la bocina».

La situación tiene también una derivada política. La modificación necesaria para consolidar la prórroga se introdujo en paquetes de reales decretos-ley aprobados por el Gobierno, unas fórmulas que en teoría agilizan la normativa pero que en la práctica han topado con la falta de mayoría parlamentaria. Fue, según fuentes cercanas al proceso, una de las razones por las que el asunto quedó «tumbado» en el Congreso en ocasiones previas, lo que aumenta la sensación de que, más que una decisión técnica, estamos ante un problema de calendario político.

Costes, repercusiones y posibles salidas

Si la prórroga no llega en forma clara y oficial, las alternativas que manejan Hacienda o la Agencia Tributaria pasan por soluciones transitorias. Algunas, avisan las organizaciones de autónomos, podrían ser meros parches administrativos: instrucciones para hacer liquidaciones provisionales o mecanismos de regularización posterior que, a la postre, compliquen las contabilidades y abran la puerta a recursos y reclamaciones.

Las consecuencias son palpables. En municipios como Ferrol o la comarca de Santiago hay negocios con márgenes reducidos que dependen de una previsión estable de costes fiscales. Pasar a estimación directa puede traducirse en mayor carga administrativa (libros contables, justificantes, modelos trimestrales adicionales) y en pagos de IVA o retenciones que tensionan la tesorería. Para quienes trabajan en sectores estacionales —restauración de la ría de Arousa, turismo rural en la Ribeira Sacra—, el impacto puede ser especialmente agudo en los meses de baja actividad.

Desde el lado institucional, la respuesta esperada es una circular de la Agencia Tributaria o la firma de un real decreto que blinde la prórroga hasta que se aborde una reforma permanente del sistema. No obstante, los autónomos consultados por este diario subrayan que lo que necesitan no es solo un parche temporal, sino reglas estables que permitan planificar con meses de antelación. La petición de UPTA es en ese sentido nítida: certidumbre, seguridad jurídica y un calendario previsible para evitar sobresaltos en cada cierre de trimestre.

La amenaza de un «parche rocambolesco», como lo califican desde el sector, no es baladí. Un arreglo improvisado podría dar lugar a interpretaciones divergentes entre asesorías, a reclamaciones y, en definitiva, a un coste adicional para quienes menos capacidad tienen para absorberlo. La experiencia de años anteriores demuestra además que cada prórroga temporal aumenta la incertidumbre a largo plazo, porque posterga la discusión sobre una reforma integral del régimen de módulos que contemple la realidad económica de pequeños negocios y profesionales en zonas rurales y urbanas de Galicia.

Queda, finalmente, la incógnita política. Si el Gobierno opta por tramitar la prórroga mediante un real decreto-ley, será necesario traducir ese aval en seguridad real antes de que los modelos trimestrales comiencen a presentarse. Y si la solución se demora, abogados y asesores prevén un aumento de consultas, reclamaciones y, en último término, tensión en una economía local todavía resentida por la inflación y los costes energéticos.

Mientras tanto, en las calles del casco viejo de Santiago o en las cafeterías de las Rías Baixas, los autónomos siguen haciendo cuentas. La reclamación es sencilla y antigua: certidumbre y previsibilidad. Lo que se espera ahora es que la Administración traduzca ese mandato en hechos, y no en anuncios a última hora que obliguen a miles de pequeños negocios a improvisar cuando menos pueden permitírselo.