La Xunta anuncia agilidad administrativa para sustituir pinos no viables por la «banda marrón» y avanza la instrucción sobre el eucalipto

Luisa Piñeiro, directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal desde finales de diciembre, adelantó esta semana que su departamento impulsará la agilización de los trámites para sustituir pinos que ya no sean viables por la denominada «banda marrón». Al mismo tiempo, anunció que en los próximos días se publicará una instrucción que precisará las excepciones a la moratoria sobre el eucalipto que aprobó la Xunta, una medida que ha generado expectación entre propietarios, industria y ayuntamientos.

Qué pretende la «banda marrón» y cómo se aplicará

La propuesta de Piñeiro persigue, según sus palabras, reducir la carga administrativa que retrasa actuaciones silvícolas sobre rodales de pino con escasa viabilidad técnica o económica. La «banda marrón» se plantea como una franja de intervención donde se priorizará la prevención frente al fuego y la restauración de la estructura forestal, sustituyendo árboles enfermos o poco productivos por actuaciones de manejo diversas.

En la práctica, esa agilidad administrativa implicará modificar procedimientos para acelerar autorizaciones, acortar plazos de informes y facilitar la coordinación entre la Administración autonómica y los ayuntamientos. No obstante, la clave estará en los criterios técnicos que se apliquen: según fuentes cercanas al sector, el principal temor es que la rapidez no sacrifique garantías ambientales ni transparencia en la gestión del monte, donde la propiedad es mayoritariamente privada y muy fragmentada.

Los actores sobre el terreno recuerdan que la complejidad no es sólo normativa: la sustitución de masas de pino requiere evaluaciones de riesgo, análisis de suelo y planificación de cortafuegos y accesos para maquinaria. El éxito de la «banda marrón» dependerá, por tanto, del acompañamiento técnico y económico que la Consellería pueda ofrecer a comunidades de montes y propietarios particulares.

La instrucción sobre eucalipto: dudas y expectativas

La moratoria al eucalipto fue una de las decisiones recientes que más debate ha generado en el rural gallego. Sus impulsores argumentan que frenar la expansión de esta especie busca recuperar diversidad, proteger cuencas y reducir riesgos frente a incendios; sus detractores denuncian pérdidas de renta y confusión normativa. Piñeiro anunció que la inminente instrucción aclarará qué supuestos permitirán excepciones a esa moratoria, definiendo criterios técnicos y territoriales aplicables.

La expectativa es elevada: muchos proyectos de reforestación o renovación de masas dependen de saber si su caso podrá acogerse a una excepción. La directora xeral hizo hincapié en que la instrucción abordará factores como la idoneidad edáfica, la función paisajística y la integración en planes locales de gestión. A falta del texto, la incertidumbre ha llevado a retrasos en inversiones y a peticiones de aclaración por parte de comunidades de montes y empresas de aprovechamiento.

En Galicia, donde hay más de 2,6 millones de hectáreas de superficie forestal repartidas entre terreno agrícola, monte vecinal y montes de titularidad pública, cualquier cambio en la política de especies tiene consecuencias económicas y sociales. No solo afecta a las empresas de celulosa y tablero, con presencia histórica en las Rías Baixas y en la comarca de Lugo, sino a municipios que basan parte de su actividad en la gestión del monte y al atractivo del paisaje para el turismo rural.

Antecedentes: el bosque gallego en tensión

La configuración del monte gallego se ha ido transformando desde finales del siglo XX: la expansión de coníferas y eucaliptos aportó rentabilidad y materia prima a la industria, pero también homogeneizó paisajes y, para muchos técnicos, aumentó la vulnerabilidad ante incendios y plagas. Las campañas estivales de lucha contra el fuego y episodios graves en años recientes siguen marcando la agenda política y social.

Hace décadas que la gestión preventiva —fajas, desbroces, apertura de pistas, retirada de restos— ocupa buena parte de la inversión pública y privada. Sin embargo, la aplicación de esas medidas es desigual: hay territorios con proyectos avanzados y otros con limitaciones técnicas o económicas. La iniciativa de la «banda marrón» busca incidir donde la viabilidad de los pinos ya es cuestionable, aunque los detalles sobre financiación y plazos todavía no han sido precisados por la Dirección Xeral.

El perfil técnico de Piñeiro —ingeniera técnica en Industrias Forestales, nacida en Moraña— ha sido bien recibido por parte del sector por su conocimiento del monte gallego. En sus primeros contactos con colectivos locales ha defendido un enfoque pragmático, que combine prevención de incendios, sostenibilidad económica y mantenimiento del paisaje. Pero la política forestal en Galicia siempre requiere pactos con múltiples actores: comunidades de montes, propietarios, ayuntamientos y empresas.

Repercusiones y próximos pasos

La publicación de la instrucción sobre eucalipto y la puesta en marcha de procedimientos acelerados para la «banda marrón» marcarán las próximas semanas. Los ayuntamientos estarán atentos a las competencias que deben ejercer; las comunidades de montes reclamarán criterios claros para poder planificar; la industria mirará la disponibilidad de materia prima; y los colectivos conservacionistas exigirán salvaguardias ambientales.

Si la Xunta logra combinar celeridad administrativa con control técnico y transparencia, la medida podría facilitar actuaciones necesarias y reducir riesgos en montes degradados. Si no, se corre el riesgo de aumentar la conflictividad y prolongar la incertidumbre. En cualquier caso, Galicia volverá a ser terreno de prueba para políticas forestales que buscan reconciliar prevención, economía y paisaje: un reto que no admite soluciones simples, pero que exige decisiones concretas y bien justificadas.