La Xunta anuncia un plan de 150 millones para paliar «los efectos de la guerra» y abre un nuevo choque con el BNG

Alfonso Rueda ha anunciado que el Ejecutivo gallego llevará al próximo consejo de la Xunta, que se celebra el lunes, un paquete de ayudas por 150 millones de euros destinado a mitigar el impacto en la economía autonómica de la crisis internacional derivada del conflicto en Oriente Medio. El presidente gallego avanzó medidas para inyectar liquidez, ayudas a transportistas y apoyos específicos al sector agrícola y marítimo, con trámites acelerados en determinados casos.

Medidas anunciadas y plazos

El plan, según lo explicado por el presidente en el Parlamento, combina actuaciones pensadas para responder con rapidez a problemas concretos. Una de las promesas más contundentes es la creación de una línea para facilitar circulante a empresas que operan en la zona de Oriente Medio, cuyos expedientes, aseguró, se resolverán en un plazo de 10 días. A ello se suman ayudas compensatorias a transportistas —un colectivo que en Galicia, por la dispersión territorial y el peso de la logística, sufre de forma aguda la subida de los combustibles— y fondos dirigidos a la modernización de maquinaria agrícola y a la renovación de embarcaciones de pequeña y media pesca, con el objetivo de reducir el consumo de combustible.

Rueda subrayó que las ayudas se han negociado «con los sectores afectados» para intentar que sean efectivas y no meramente simbólicas. Además, remarcó que las partidas anunciadas se suman a los 120 millones que, según dijo, facilitará la propia Administración autonómica como consecuencia de las recientes rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno central. El presidente anticipó también la resolución urgente de las ayudas de inclusión social, una línea pensada para impactos más directos sobre las familias vulnerables.

Fuentes de la Xunta insisten en que la prioridad es la celeridad administrativa. En el caso de la línea para empresas vinculadas a Oriente Medio, el compromiso de diez días para resolver trámites pretende evitar la paralización de contratos y pagos que ya están afectando a exportadores y compañías que trabajan con esa área geográfica.

Reacción política y tensión en la Cámara gallega

La presentación del paquete no calmó las críticas de la oposición. Ana Pontón, líder del Bloque Nacionalista Galego, reclamó en la sesión de control que la Xunta movilice un volumen de recursos muy superior: propuso un paquete de medidas por 700 millones para apoyar a familias y empresas ante la subida de precios, incluyendo ayudas directas, una línea de crédito para pymes y un «escudo social gallego». Pontón llegó a acusar al presidente de ausentismo político: «Cando hai problemas, o presidente da Xunta non está nin se lle espera», espetó, reclamando una respuesta contundente y a la altura de la crisis.

El intercambio subió de tono cuando la portavoz nacionalista puso en cuestión la postura del PP sobre el conflicto internacional y vinculó al Ejecutivo central con posiciones que, en su opinión, no condenan suficientemente determinadas alianzas. Rueda respondió con dureza, reprochando al BNG su actitud en otros frentes —la invasión de Ucrania o la política de excarcelaciones apoyadas por algunos partidos en el País Vasco, según su argumento— y defendió la «responsabilidade de gobernar» frente a lo que calificó de propuestas hechas «ao tuntún».

«Por unha vez estea á altura», dijo Pontón en el pleno, instando a un compromiso mayor con las familias y empresas.

La comparación con otras comunidades autónomas fue otro punto de fricción: Pontón recordó que Cataluña y el País Vasco han movilizado, respectivamente, alrededor de 400 millones y 1.047 millones, y que regiones como Murcia ya anunciaron medidas a mediados de marzo. El contraste busca marcar la percepción de insuficiencia del plan gallego, que para la líder del Bloque llega tarde y corto.

Impacto en sectores clave y próximos pasos

En Galicia, la vulnerabilidad frente al alza del combustible y a las turbulencias comerciales tiene rostro en los muelles y en el medio rural. La flota costera, que necesita renovar motores y artes para reducir consumo, ve en las ayudas anunciadas una oportunidad, aunque algunos armadores reclaman más concreción sobre los importes y las condiciones. En el campo, agricultores y ganaderos han alertado repetidamente sobre el encarecimiento de los insumos y la necesidad de medidas que no queden en promesas.

El sector del transporte por carretera también acapara la atención: las ayudas compensatorias y las líneas de liquidez buscan evitar que los costes se trasladen íntegramente a los consumidores, pero sindicatos y asociaciones de transportistas seguirán exigiendo concreción sobre quiénes serán los beneficiarios y cómo se articulará el reparto.

En paralelo, la campaña de Semana Santa sirve de termómetro: establecimientos de hostelería y pequeñas empresas en la costa, como el chiringuito de As Furnas en Porto do Son que ultima su reapertura, esperan que las medidas permitan amortiguar el impacto de los precios energéticos sobre la temporada. El turismo aporta un pulso económico inmediato, y la Xunta parece apostar por un paquete mixto que combine alivio a corto plazo y reformas para mejorar la eficiencia energética a medio plazo.

Quedan por conocer los detalles operativos: el Gobierno autonómico promete dar mañana, en la reunión del lunes, un desglose pormenorizado de beneficiarios, cuantías por línea y plazos de ejecución. La oposición ya ha dejado claro que seguirá exigiendo mayores recursos y transparencia en la tramitación, y que someterá el plan al escrutinio parlamentario.

La respuesta final a la crisis abrirá una nueva fase de discusión política en Galicia. A falta de ver los decretos que materialicen las partidas, la tensión entre la necesidad de rapidez y la reivindicación de mayor ambición económica —con el sustrato mediático de las comparaciones con otras comunidades— marcará las próximas semanas. Para muchos sectores productivos gallegos, la urgencia no admite demoras: la diferencia entre medidas eficaces y soluciones simbólicas puede medirse en contratos, en kilómetros de marea y en euros en la factura del combustible.