La presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, María Azucena Recio, ha decidido apartar al magistrado Luis Villares de la sección tercera —la que venía resolviendo los asuntos sobre parques eólicos y la gestión público-privada del hospital Álvaro Cunqueiro— y trasladarlo forzosamente a la sección cuarta. El movimiento se produce menos de un mes después de que Recio asumiera la presidencia de la sala y llega tras la anulación, en enero, de hasta tres sentencias por parte del Tribunal Supremo que señalaban dudas objetivas sobre la imparcialidad del magistrado por sus posiciones públicas en etapa política.
El traslado y los motivos oficiales
En su resolución, Recio argumenta la necesidad de «salvaguardar la imagen de la institución y preservar la imagen de imparcialidad» del tribunal. El veto afecta tanto a Villares como a los otros tres magistrados que habitualmente firmaban las resoluciones de la sección tercera; en el caso de éstos últimos, la presidenta habla de reordenaciones vinculadas a la promoción en la carrera judicial, mientras que la salida de Villares se ha interpretado como un desplazamiento más marcado.
La medida no llega en vacío. El Tribunal Supremo dejó en su resolución de enero de 2026 abiertas dudas sobre la neutralidad derivadas de posiciones públicas que el propio Villares mantuvo cuando lideraba el partido En Marea, entre ellas la insistencia en que el Cunqueiro pagase el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). El Alto Tribunal no entró en el fondo de los asuntos anulados, pero sí consideró que esas manifestaciones podían proyectar una «duda objetiva» sobre la imparcialidad del magistrado al conocer recursos relacionados con la gestión del hospital.
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Conoce más →Fuentes del propio tribunal señalan que la decisión de Recio se ha tomado con rapidez pentru evitar que esa percepción condicionase la labor de la sala en litigios de alto valor económico y social. No obstante, las explicaciones públicas no han aplacado las críticas: algunos sectores interpretan el movimiento como una reordenación administrativa legítima; otros, como un gesto con carga política.
El trasfondo: eólica, Cunqueiro y una sala en el foco
La sección tercera ha sido en los últimos años un foco de fricciones. Sus reiteradas denegaciones a autorizaciones de parques eólicos provocaron tensiones con la Xunta de Galicia y con la industria, lo que llegó incluso a derivar en pronunciamientos a nivel europeo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón en litigios relevantes a la administración autonómica y al sector, en una derrota judicial que subrayó el impacto internacional de estas disputas administrativas.
La actividad de la sección no solo tenía consecuencias económicas: la discusión sobre la expansión de parques eólicos toca fibras sensibles en comarcas con fuerte tradición marítima y rural, donde se mezclan intereses ambientales, agrícolas y de desarrollo local. En Vigo y su área metropolitana, además, la polémica sobre el Cunqueiro —un centro construido y gestionado en colaboración público-privada— permanece como un conflicto latente desde su puesta en marcha y se ha convertido en símbolo de debates sobre fiscalidad, gestión sanitaria y transparencia.
La asociación judicial progresista Juezas y Jueces por la Democracia ha advertido que el traslado forzoso no puede interpretarse al margen del clima de presión sostenida por la labor de la sección en materia eólica. En su comunicado, el colectivo señala que «no es descartable que la ciudadanía pueda pensar» que las presiones políticas y económicas influyeron en la reorganización, una sospecha que, según la asociación, perjudica la confianza pública en el tribunal.
«No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las presiones políticas y económicas acabaron influyendo en la modificación de la sección», alerta Juezas y Jueces por la Democracia.
Reacciones políticas y consecuencias prácticas
La decisión ha provocado respuestas inmediatas desde la arena política. El Bloque Nacionalista Galego vinculó el movimiento al Partido Popular en el gobierno autonómico; la diputada Olalla Rodil escribió en redes que se trata de una purga motivada por intereses del Ejecutivo, en términos que en Galicia se han entendido como una acusación directa a la tutela política sobre órganos judiciales que deben mantener autonomía.
«El PP en Galicia, más desatado que nunca, quitando jueces del puesto porque le estorban en su política de depredación», reprodujo la diputada en su mensaje.
Desde el punto de vista procesal, el cambio puede tener efectos inmediatos. La reasignación de jueces a otra sección implicará retrasos en la tramitación de recursos y, previsiblemente, nuevas peticiones de recusación o incidencias procesales por parte de las partes interesadas. En causas sensibles como las relacionadas con autorizaciones eólicas —con inversiones millonarias y permisos autonómicos en juego— cualquier modificación en la composición de la sala puede ser impugnada y alargar los plazos.
Para el caso del Cunqueiro, la anulación previa de sentencias por el Supremo obliga a reabrir fases y a plantearse con más cuidado los pronunciamientos futuros. Aunque el Alto Tribunal no ha decidido el fondo, su advertencia sobre la posible percepción de falta de neutralidad sitúa la causa en una posición incómoda: los litigios sobre la gestión público-privada de hospitales son, además de jurídicos, políticos, y cualquier paso en falso repercute en la opinión pública.
En la práctica, la presidencia de Recio tendrá que conciliar dos objetivos contradictorios: por un lado, dotar de transparencia a la sala y evitar que dudas sobre individualidades empañen las resoluciones; por otro, garantizar que cambios organizativos no alimenten la percepción de injerencia política. Esa tensión no es nueva en Galicia, donde la línea entre lo judicial y lo político ha sido objeto de debate en los últimos años, desde el proceso de elección de magistrados hasta la resolución de expedientes con alto impacto territorial.
El futuro inmediato promete más ruido. Habrá escrutinio sobre cómo quedan compuestas las secciones, sobre la velocidad con que se tramiten los recursos eólicos pendientes y sobre el recorrido que tomará la causa del Cunqueiro. A falta de nuevos pronunciamientos oficiales, lo más probable es que la judicialización continúe y que la controversia sobre independencia institucional siga siendo tema recurrente en la agenda política gallega.
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