El debate sobre el futuro del gallego volvió a encenderse en el Parlamento autonómico en una interpelación en el Pazo do Hórreo que dejó pocas concesiones. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, defendió ayer que «no es el momento» para actualizar la ley de normalización lingüística de 1983 y apuntó directamente al bloque nacionalista como responsable de la falta de condiciones para negociar. La respuesta del BNG, personificada en la diputada Mercedes Queixas, acusó al conselleiro de actuar «deliberadamente en contra del gallego por mandato de Alfonso Rueda» y denunció la parálisis en la revisión del Plan Xeral de Normalización.
Choque en la Cámara: reproches y acusaciones cruzadas
La sesión fue de alto voltaje político. Queixas abrió la intervención cuestionando la vigencia de una norma concebida en la década de los ochenta que, a su juicio, no responde a la realidad social ni lingüística actual. Recordó que el gallego sigue perdiendo hablantes y señaló la responsabilidad de los gobiernos autonómicos que, a su entender, no han sabido articular una política de Estado capaz de revertir la tendencia.
En su réplica, José López Campos defendió su compromiso personal con la lengua —»lo mamé desde que nací», dijo— y reprochó al Bloque su actitud hacia las mesas de trabajo. El conselleiro sostuvo que, pese a existencias de grupos y profesionales dispuestos a participar, la Xunta «no tiene con quién sentarse» para una negociación mínima. En términos más duros calificó al BNG como «más radical, reaccionario y antisistema de la historia» y sostuvo que esa actitud partidista perjudica al propio idioma.
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Conoce más →«Esa radicalidad le hace un flaco favor a nuestro idioma. Esa utilización partidista del idioma, ese sentimiento que tienen de considerarse los propietarios de nuestra lengua, es el mayor enemigo que tiene el gallego»
El intercambio incluyó reproches sobre la transparencia en los trabajos previos al Plan Xeral. Queixas acusó al conselleiro de anunciar durante cinco meses los resultados de comisiones sin que se haya conocido «nada» del trabajo. López Campos, por su parte, defendió la participación de «más de 130 profesionales incuestionables» y la colaboración de algunas entidades, mientras descalificaba propuestas como el protocolo de la plataforma Lingua Vital, al que definió como «un refrito infumable».
Una ley con cuatro décadas: vigencia, críticas y ausencias
La ley de normalización de 1983 nació en los primeros años del Estatuto de Autonomía y sentó las bases para la protección y promoción del gallego en la enseñanza, la administración y los medios. Desde entonces ha sido el marco de referencia, pero también objeto de críticas recurrentes. Para muchas voces del nacionalismo y del sector académico, los cambios demográficos, la movilidad urbana y la presencia masiva del castellano en los medios y las redes exigen un nuevo enfoque que supere las fórmulas de hace cuatro décadas.
La discusión no es nueva en Galicia: hubo episodios de consenso y otros de fuerte polarización. En los últimos años la sensación de emergencia lingüística ha ganado espacio en el debate público —término que utilizan organizaciones y plataformas ciudadanas— y ha obligado a administraciones locales y universidades a presentar diagnósticos y propuestas. Sin embargo, la falta de una hoja de ruta unificada entre partidos frustró intentos previos de modernización legislativa.
Además, la dispersión de actores —ayuntamientos, entidades culturales, sindicatos, universidades y plataformas como Lingua Vital— añade complejidad. Queixas y otros dirigentes del BNG reclaman una revisión ambiciosa que incorpore medidas más coercitivas en la enseñanza y la administración, mientras que la Xunta, con el PP al frente, ha preferido hasta ahora fórmulas más consensuales cuando ha habido acuerdos posibles, o la inacción cuando hay bloqueo político.
Consecuencias prácticas y próximos pasos en la política lingüística
La negativa del Gobierno gallego a avanzar ahora en la reforma abre varias incógnitas. En el corto plazo, la decisión significa que muchas de las propuestas en estudio seguirán sin marco legal claro y que el Plan Xeral —instrumento más operativo que la ley— será la vía principal para impulsar medidas puntuales. No obstante, la opacidad denunciada por la oposición puede minar la credibilidad de cualquier iniciativa, sobre todo si la percepción pública es la de un proceso cerrado a la participación.
Política y ciudadanía miran también a la próxima agenda electoral. La administración autonómica, consciente de la sensibilidad del tema, evita abrir frentes de conflicto en momentos políticos delicados. Para el BNG, sin embargo, la espera se interpreta como una estrategia de desgaste que prioriza la estabilidad política del ejecutivo por encima de la vida cotidiana de la lengua. En la práctica, profesores y asociaciones culturales siguen reclamando recursos para la educación en gallego, campañas de normalización en medios y fórmulas para frenar la pérdida de hablantes entre los más jóvenes.
Si se confirma la posición del Gobierno, la pugna se trasladará a los ayuntamientos y a la sociedad civil. Allí, medidas municipales, convenios con universidades y proyectos comunitarios pueden avanzar sin necesidad de una reforma legal inmediata, pero su alcance será más limitado y desigual según la voluntad política local. Al mismo tiempo, la crispación entre PP y BNG dificulta consensos que históricamente se lograron en torno a cuestiones culturales menos politizadas.
La discusión en el Parlamento dejó, más allá de los reproches, una imagen clara: el debate no es sólo técnico sino profundamente político. La lengua como símbolo identitario y como herramienta de cohesión social ocupa un lugar central en la política gallega. Quedan por ver los escenarios que se abrirán si alguna de las partes decide transformar la confrontación en una propuesta con apoyos amplios, o si, por el contrario, la situación se enquista hasta la próxima legislatura. Las próximas semanas serán clave para ver si la Xunta mantiene su posición o si la presión social obliga a reabrir una discusión que, para muchos, no admite más demora.
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