Zona Franca ha puesto en marcha el procedimiento para adquirir fincas y viviendas que permitirán la ampliación del polígono de Balaídos, el principal parque industrial de Vigo. El Comité Ejecutivo del Consorcio aprobó este martes la fórmula de la «oferta pública de compra» —frente a la expropiación— para garantizar precios reconocidos a los propietarios; la fase de adquisición está valorada en torno a 9 millones de euros y afectará a una treintena de viviendas dentro del ámbito proyectado hacia Matamá.
Desarrollo de los hechos
El objetivo inmediato es doble: dar respuesta a la saturación actual del polígono —que opera al 100% de su capacidad— y adaptar la infraestructura a las nuevas exigencias de la industria de la automoción. Balaídos, cuyo principal cliente es Stellantis, necesita ampliar espacios para optimizar procesos productivos, acortar cadenas de suministro y atraer proveedores que fortalezcan el ecosistema industrial de la ría.
La decisión del Consorcio, presidido por David Regades, apuesta por un mecanismo de compra voluntaria que busca evitar el desgaste social y jurídico de las expropiaciones. Con la oferta pública de compra se pretende ofrecer “un precio seguro y representativo” a los titulares de los terrenos, según fuentes cercanas al proceso, y así acelerar la adquisición sin generar la incertidumbre asociada a los procedimientos forzosos.
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Conoce más →El ámbito de actuación anunciado alcanza los 233.304 metros cuadrados. De esa superficie, alrededor de 107.000 metros cuadrados se destinarán a suelo empresarial, mientras que más de 76.000 se dedicarán a conformar lo que la Zona Franca plantea como la cuarta mayor zona verde de la ciudad, solo por detrás de Castrelos, O Castro y A Guía. La imagen que se proyecta es la de una operación híbrida: expansión industrial compatible con mejora ambiental y de integración urbana hacia el barrio de Matamá.
El presupuesto global de la intervención supera los 26 millones de euros. La partida más relevante corresponde a las obras de urbanización —casi 16 millones de euros—, que incluyen viales, redes de servicios e infraestructuras; otros más de 9 millones están previstos para la adquisición de bienes y derechos, de los cuales aproximadamente 4,6 millones se reservan para indemnizaciones por las edificaciones existentes. Casi 1 millón quedará destinado a trabajos técnicos para la redacción de proyectos y la tramitación administrativa.
Contexto y antecedentes
La ampliación de Balaídos no surge de la nada. El proyecto ya contaba con respaldo normativo del Plan Sectorial de Grandes Áreas Empresariales de Galicia y del nuevo Plan Xeral de Vigo, y la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade ha sometido a consulta pública el borrador del plan para la presentación de alegaciones. La evaluación ambiental estratégica, trámite que ahora se abre, es previsible que tarde entre 18 y 24 meses.
Si se cumple el calendario que maneja la Zona Franca, la fase de aprobación definitiva y la redacción de proyectos podría prolongarse hasta 2028, y la ejecución material —por fases— no arrancaría en el mejor de los escenarios antes de 2030. Es decir: estamos ante un proyecto de largo aliento, con fases administrativas y técnicas que condicionarán la velocidad de la inversión y su impacto en el empleo local.
Históricamente, Zona Franca ha jugado un papel central en la configuración industrial de Vigo y su área metropolitana. La fábrica de Stellantis —antigua PSA— es una referencia en la economía local desde hace décadas; cualquier movimiento para garantizar su competitividad tiene efectos colaterales en la cadena de proveedores, en el mercado laboral y en la propia ordenación del suelo urbano en los márgenes de la ría. Por eso la propuesta de introducir una gran franja verde junto a la ampliación empresarial busca compatibilizar crecimiento económico y calidad de vida urbana.
Repercusiones y próximos pasos
Entre los primeros efectos visibles estará la movilización de propietarios que recibirán la oferta pública de compra. La fórmula elegida pretende acelerar conversaciones y evitar litigios prolongados, pero no elimina fricciones: la reclamación por precios, la relocalización de familias y la integración de viviendas en el perímetro industrial requerirán negociación y, muy probablemente, algún recurso. Además, sindicatos y empresas estarán pendientes de las condiciones laborales y de cómo la ampliación puede traducirse en empleo estable o en subcontratación temporal.
Desde el punto de vista urbano, la creación de una nueva gran zona verde hacia Matamá responde a demandas de integración que vienen arrastrándose en Vigo: la ciudad necesita más espacio público de calidad y corredores verdes que funcionen como amortiguadores entre actividad industrial y barrios residenciales. No obstante, el éxito dependerá de detalles técnicos: diseño de accesos, mitigación de ruidos, gestión de tráfico y financiación sostenida para mantener el espacio una vez urbanizado.
En clave institucional, el avance del expediente dependerá de las alegaciones durante la consulta ambiental y de la agilidad con la que la Dirección Xeral resuelva la evaluación estratégica. La hoja de ruta de Zona Franca prevé etapas claras, pero también deja margen para imprevistos administrativos y técnicos. A falta de confirmación oficial sobre plazos concretos, el calendario que apunta la entidad sitúa la materialización plena del proyecto en la próxima década.
Para Vigo, la ampliación de Balaídos supone una apuesta por consolidar su perfil industrial sin renunciar a la regeneración urbana. Quedan por ver la aceptación social de las compras, la correspondencia entre las expectativas empresariales y la realidad de las inversiones, y cómo la ciudad gestiona la convivencia entre logística pesada y nuevos espacios verdes. Si todo marcha según las previsiones, la ría ganará suelo productivo y un gran pulmón vegetal; si no, la operación podría convertirse en un nuevo capítulo de tensiones entre crecimiento económico y derechos de la ciudadanía.
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