Vigo aprueba una compensación millonaria para los centros Máis que Auga por los efectos del covid

El Concello autoriza más de 2,5 millones tras ajustar la reclamación inicial

El Concello de Vigo ha aprobado en junta de gobierno una transferencia económica destinada a compensar a la concesionaria que gestiona los centros deportivos bajo la marca Máis que Auga por las pérdidas vinculadas a la pandemia. La cuantía acordada supera los 2,5 millones de euros y se suma a una ayuda previa que ya rondó el millón durante los primeros meses del estado de alarma.

La empresa explotadora de las instalaciones de Navia, Coia y Barreiro había presentado una reclamación mayor, que superaba los cuatro millones, según los documentos en poder del consistorio. Sin embargo, la administración local decidió limitar el cálculo de la compensación a los periodos de cierre y las restricciones más severas, lo que redujo la cifra final aprobada.

Una decisión que reabre el debate sobre riesgos compartidos en concesiones

Más allá del importe, la resolución reaviva la discusión en la ciudad sobre hasta qué punto debe responder el erario público ante la caída de ingresos de empresas que gestionan servicios municipales. Durante la pandemia, el súbito cese de actividad obligó a pactar soluciones sobre la marcha; ahora toca valorar responsabilidades y condiciones contractuales. Desde el Concello se argumenta la necesidad de compaginar la protección del servicio público con la prudencia financiera, mientras que representantes de la concesionaria sostienen que las pérdidas fueron consecuencia directa de decisiones sanitarias de alcance general.

La forma en que se ha limitado la cuantía —centrándose en los episodios más críticos del año 2020 y en la fase de confinamiento estricto— refleja un intento de la administración por acotar el impacto presupuestario. No obstante, la medida no zanja por completo las posibles reclamaciones administrativas o judiciales, por lo que el expediente podría seguir moviéndose en los cauces previstos para estos casos.

Presión sobre las cuentas municipales y prioridades de gasto

La aportación aprobada supondrá un nuevo capítulo en la gestión de los recursos locales. El desembolso llega en un contexto de ajustes y de demandas competidoras por fondos municipales, desde inversiones en infraestructuras hasta partidas sociales. El ayuntamiento deberá incorporar esta carga en su planificación financiera, lo que podría condicionar decisiones futuras o la redistribución de partidas en los presupuestos municipales.

A la vez, el pago responde a una prioridad también relevante en la agenda pública: asegurar la continuidad de instalaciones deportivas que atienden a miles de usuarios en la ciudad. El mantenimiento de estas infraestructuras, y la preservación de empleos ligados a su funcionamiento, son factores que han pesado en la valoración política del expediente.

Consecuencias para usuarios, plantilla y servicios

Los centros de Navia, Coia y Barreiro prestan servicios a un amplio colectivo de vecinos y deportistas, desde programas infantiles hasta actividades para mayores. La estabilidad económica de la concesionaria afecta directamente a la oferta de horarios, la conservación de instalaciones y la plantilla laboral que da servicio en esas instalaciones. Por ello, la compensación municipal se ha planteado también en clave de garantía de continuidad del servicio público con la menor disrupción posible.

En paralelo, el episodio pone de relieve la fragilidad de determinados modelos de gestión ante crisis de gran magnitud, y la necesidad de prever cláusulas contractuales que regulen con mayor precisión supuestos extraordinarios.

Qué queda por dirimirse

La aprobación no cierra todos los frentes. A corto y medio plazo quedarán por definirse aspectos como la posible revisión de las condiciones de las concesiones, la transparencia sobre cómo se han calculado las indemnizaciones y la apertura de un debate político sobre mecanismos de compensación en circunstancias excepcionales. Grupos municipales de la oposición han instado a que se expliquen con detalle los criterios aplicados y a que se evalúe el impacto en las cuentas globales del Concello.

También resta por ver si la concesionaria acude a vías administrativas o judiciales para reclamar cantidades adicionales, una posibilidad que no se ha descartado en casos similares en otras administraciones. Mientras tanto, la ciudad afronta el dilema habitual en la postpandemia: cómo equilibrar la defensa del interés público con la responsabilidad fiscal, y cómo diseñar soluciones contractuales que protejan a las partes ante futuras emergencias sanitarias o sociales.

La decisión del Concello servirá, en cualquier caso, como referencia local para el tratamiento de reclamaciones derivadas de la pandemia y como ejemplo de las tensiones que siguen marcando la relación entre lo público y lo privado en la gestión de servicios esenciales.