La Xunta moviliza 150 millones para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán

Alfonso Rueda anunció este miércoles en el Parlamento gallego un paquete extraordinario de ayudas por 150 millones de euros que el Ejecutivo autonómico aprobará en la reunión semanal del próximo lunes. El plan, dirigido a los sectores más golpeados por las consecuencias de la guerra en Irán —alza del precio del combustible, encarecimiento de suministros y fracturas en las cadenas logísticas—, se suma, según el propio presidente, a los 120,6 millones que la Xunta estima que dejará de ingresar por las medidas anticrisis del Estado.

Un paquete con medidas inmediatas y líneas de liquidez

El presidente de la Xunta adelantó varias vías de actuación que combinan liquidez rápida para empresas con ayudas específicas para transporte, agricultura y pesca. La línea más llamativa es la de créditos rápidos: «facilitar circulante», dijo Rueda, con préstamos que la Xunta quiere formalizar en un plazo de diez días para compañías que mantienen relaciones comerciales en Oriente Medio. La intención es evitar que la falta de tesorería derive en cierres o en impagos que contagien a proveedores locales.

Junto a los créditos, la Xunta plantea ayudas compensatorias para transportistas, un sector en Galicia con un peso relevante por la exportación de productos pesqueros y agroalimentarios desde puertos como Vigo, A Coruña o Marín. El Ejecutivo autonómico también anunció un paquete de medidas para el sector primario, con la prioridad de «acelerar todas las ayudas a aquellos que hicieron grandes inversiones y que ahora lo necesitan», y con un foco concreto en la renovación de maquinaria y embarcaciones para reducir el consumo de combustible.

«Se sumarán a los 120,6 millones que, según cálculos de la Xunta, dejarán de ingresar las arcas autonómicas por las medidas anticrisis estatales», afirmó Rueda durante la sesión de control.

En paralelo, la Xunta avanzará la tramitación de ayudas de inclusión social: adelantará el complemento a las pensiones no contributivas y a la renta de integración social (RISGA) cuando haga falta, según explicó el presidente. Estas medidas buscan conjugar la respuesta a necesidades empresariales con un escudo social que blinde a las familias más vulnerables frente al encarecimiento de la vida.

Contexto: por qué Galicia es especialmente vulnerable

Galicia no es una comunidad cualquiera en este mapa de riesgos. Su tejido productivo está marcado por la estrecha relación con el mar —pesca, conserveras, astilleros— y por una agricultura y ganadería que, en muchas comarcas, dependen de insumos cuyo precio se ha disparado con el alza del gasóleo. Cabe recordar la memoria reciente: durante la crisis energética de 2022, los armadores y transportistas gallegos ya alertaron del impacto en costes y rentabilidades; no es la primera vez que la volatilidad internacional golpea a la economía local.

Los puertos de Vigo y A Coruña, junto a los de Marín y Ferrol, son plataformas de exportación que sufren doble efecto: por un lado, el incremento de los fletes y el combustible penaliza los márgenes; por otro, las tensiones en rutas y mercados reducen la demanda en destinos estratégicos. A falta de confirmación oficial sobre la exposición concreta de cada subactividad, los sectores náutico y pesquero figuran, por peso e internacionalización, entre los más expuestos.

Políticamente, la medida llega en un momento de crítica y exigencia desde la oposición parlamentaria. La líder del BNG, Ana Pontón, reprochó al presidente una respuesta que consideró insuficiente y reclamó mayor ambición: planteó movilizar hasta 700 millones en ayudas directas, una línea de crédito para pymes y lo que denominó un «escudo social gallego». En la sesión de control no rehuyó la tensión y llegó a calificar la actuación del presidente con la polémica etiqueta de «bulopresidente».

«SEÑOR BULOPRESIDENTE, DEJE DE ARRASTRAR LOS PIES», espetó la portavoz del BNG durante el cara a cara con Rueda.

Repercusiones esperadas y retos en la ejecución

La clave del éxito no estará solo en la cuantía anunciada, sino en la agilidad administrativa. Rueda insistió en que las ayudas se tramitarán «con la máxima celeridad», especialmente las dirigidas a renovar maquinaria y barcos para reducir el consumo de combustible. En el pasado, la lentitud burocrática ha diluido el efecto de programas similares; por eso, el anuncio de plazos de diez días para créditos rápidos pretende evitar ese escollo. Sin embargo, la implementación práctica exigirá coordinación entre consellerías, entidades financieras y cámaras de comercio.

Otro reto es el equilibrio entre medidas temporales y reformas estructurales. Inyectar liquidez y adelantar prestaciones sociales puede contener la emergencia, pero no sustituye políticas de largo plazo para reducir la dependencia de suministros externos ni para mejorar la eficiencia energética de una flota y de una maquinaria agrícola envejecidas en ciertos territorios. En este sentido, la propuesta del BNG de un paquete mayor de 700 millones plantea un debate budgario que previsiblemente marcará los próximos días.

Desde el sector empresarial gallego, según fuentes cercanas a exportadores y navieras, la prioridad inmediata es la certeza sobre la disponibilidad de crédito y la simplificación de criterios para acceder a las ayudas. Para las familias, en especial en comarcas rurales y marítimas donde la renta media es inferior a la urbana, el adelanto de la RISGA y las pensiones no contributivas supone un salvavidas que aliviará las facturas del mes siguiente.

En términos políticos, la iniciativa de la Xunta busca también cerrar filas internas antes de la campaña veraniega y proyectar una imagen de gestión proactiva frente al aumento de precios y la inestabilidad internacional. Queda por ver si ese mensaje convence a los partidos de la oposición y a los agentes económicos, o si las demandas de partidas más ambiciosas ganan la partida mediática.

El próximo lunes, cuando el Ejecutivo lleve a la mesa el acuerdo formal, será el momento de los detalles: criterios de elegibilidad, calendario de desembolsos y la interacción con las medidas estatales. Galicia ha demostrado en otras ocasiones una notable capacidad de reacción ante crisis externas; la movilización de 150 millones es un paso en esa dirección, pero la incógnita sigue siendo si bastará para sostener una economía que vive del mar y del campo en tiempos turbulentos.