SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 de marzo de 2026 — El debate sobre el futuro del gallego volvió a ocupar la tribuna del Pazo do Hórreo con la misma intensidad y la misma falta de acuerdo de siempre. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, dejó ayer claro que la Xunta no considerará la actualización de la ley de normalización lingüística de 1983 mientras, dijo, no existan condiciones de negociación: a su juicio, las exige la existencia de un BNG “más radical, reaccionario y antisistema de la historia”. Frente a él, la diputada del Bloque, Mercedes Queixas, acusó al conselleiro de actuar “deliberadamente en contra del gallego por mandato de Rueda”.
Interpelación en el Parlamento: reproches y reproches cruzados
La sesión parlamentaria comenzó con la intervención de la portavoz nacionalista, que interpeló al conselleiro sobre “cómo puede seguir vigente una ley” que, a su juicio, “no da respuesta a la realidad social ni lingüística actual”. Queixas repasó causas estructurales del retroceso del gallego y afeó a la Xunta la falta de una política activa que frene la pérdida de hablantes, un diagnóstico que el Bloque ha venido repitiendo en los últimos años.
En su réplica, López Campos defendió su trayectoria personal en la defensa del idioma —“lo mamé desde que nací”, dijo— y acusó al BNG de boicotear las mesas de trabajo sobre el Plan Xeral, el instrumento que la Xunta ha puesto en marcha para diseñar medidas más inmediatas. El conselleiro señaló además que existen entidades y “más de 130 profesionales incuestionables” que participan en esos foros, mientras que el Bloque “va a contracorriente”.
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Conoce más →“No es el momento” —afirmó— “porque la Administración autonómica no tiene con quién sentarse para establecer un proceso mínimo de negociación para llegar a acuerdos”.
La réplica de Queixas no se hizo esperar: acusó al conselleiro de convertir su cargo en una tribuna contra el BNG y atribuyó esa postura a órdenes del presidente de la Xunta, que desde la oposición y ya en el Gobierno ha protagonizado episodios de fuerte tensión en la cuestión lingüística, según la diputada. “Actúa deliberadamente en contra del gallego por mandato de Rueda. Para eso lo nombró”, llegó a afirmar la nacionalista, en referencia a episodios anteriores de confrontación política sobre la lengua.
La ley de 1983 y el debate sobre su vigencia
La norma de 1983 ha sido durante décadas el armazón legal para la promoción del gallego, pero también objeto de críticas por su carácter veterano y por no incorporar realidades como la movilidad laboral, la educación plurilingüe reciente o los nuevos medios digitales. No es la primera vez que desde la sociedad civil y desde distintos partidos se reclama una modernización que reconozca esos cambios.
En Galicia existe una larga tradición de movilización en torno a la lengua: desde iniciativas escolares hasta plataformas ciudadanas. En los últimos años han surgido voces diversas, algunas reclamando medidas más valientes para revertir la pérdida de hablantes y otras pautando la cuestión desde planteamientos más moderados. La intervención de la plataforma Lingua Vital y su protocolo de medidas, citado por el conselleiro como “un refrito infumable”, ilustra la polarización: hay propuestas técnicas que chocan con la interpretación política que de ellas hacen diferentes actores.
A falta de un acuerdo parlamentario o de una agenda conjunta entre Xunta y oposición, la reforma de la ley permanece en un limbo. Cabe recordar que cualquier reforma profunda exige no solo voluntad política, sino también diálogo con centros educativos, ayuntamientos, universidades y agentes culturales —actores que, en Galicia, suelen polarizarse según filiaciones políticas—.
Repercusiones y próximos pasos en la política lingüística
La negativa pública de la Xunta a impulsar ahora la reforma tendrá efectos inmediatos en la mesa política y en la calle. Para el BNG supone un nuevo motivo de denuncia que alimentará su campaña sobre la “emergencia lingüística”; para el PP y el Gobierno autonómico, un argumento para priorizar medidas del Plan Xeral y otras iniciativas sectoriales que, según la consellería, pueden aplicarse sin reformar la ley.
Queda por ver si las comisiones técnicas del Plan Xeral, cuyo trabajo el conselleiro lleva “cinco meses anunciando” según la diputada nacionalista, logran concretar propuestas con respaldo social. Si esas mesas producen documentos tangibles y no meros informes, podrían abrir una vía de trabajo capaz de desactivar, o al menos de reconducir, la actual confrontación pública.
En la arena interna del propio PP gallego también circulan tensiones: la gestión de la política lingüística es una pieza sensible que pesa en electores urbanos y rurales de forma distinta. La Xunta opta por una estrategia basada en la moderación verbal y en subrayar la pluralidad de actores que participan en los procesos técnicos; el BNG, en cambio, reclama que esa pluralidad se traduzca en medidas legales concretas y en un calendario claro.
Mirando hacia adelante, la actualización de la ley quedará supeditada a dos factores: la capacidad de los partidos para establecer un mínimo espacio de acuerdo —algo que, por el momento, las palabras de ayer no auguran— y la presión social. Si la sociedad gallega reclama con fuerza cambios legislativos, será más difícil que el Gobierno autonómico los posponga indefinidamente. Por ahora, la cuestión parece menos técnica y más política: la lengua, patrimonio común, vuelve a ser moneda de cambio en la pugna entre las formaciones que se disputan el liderazgo en Galicia.
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