El juez avala la suspensión de la licencia del Centro de Asociacionismo en Lalín sin decidir sobre la titularidad del edificio

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo ha ratificado la suspensión de la licencia de obras para la transformación de uno de los edificios de los antiguos juzgados de la calle Lalín en el futuro Centro de Asociacionismo. La resolución, dictada el 26 de marzo de 2026, respalda la decisión municipal de paralizar el procedimiento, pero evita pronunciarse sobre quién es el verdadero propietario del inmueble, una cuestión que arrastra una disputa administrativa y registral desde hace décadas.

La decisión judicial y los argumentos del fallo

El magistrado recuerda en su sentencia que la suspensión de una licencia urbanística no es algo que deba admitirse de forma general por motivos ajenos a lo urbanístico, pero admite una excepción cuando existe una controversia litigiosa que afecte al interés público. En este caso la pregunta sobre la titularidad del edificio —si pertenece al Ayuntamiento o a la Xunta— ha sido considerada por el tribunal suficiente para justificar la paralización cautelar.

En su motivación, el juez señala expresamente que «la salvaguarda del interés público impone una suspensión en tanto no se dirima una cuestión capital como es la titularidad del inmueble licenciado». Esa ambigüedad entre la titularidad registral y la catastral es el nudo del asunto: el Ayuntamiento sostiene que la parcela está inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad, mientras que la administración autonómica figura como titular catastral.

La sentencia incorpora datos procesales relevantes: la propia Xunta reconoció no tener inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad, y los intentos anteriores de inmatriculación por parte de la administración autonómica fracasaron por la oposición municipal. El Concello, por su parte, también intentó modificar la titularidad catastral sin éxito. Ante esa maraña documental, el juez concluye que falta prueba esencial sobre los términos exactos de la cesión inicial de terrenos y que, por tanto, no procede entrar a fondo en la cuestión de la propiedad.

«Carecemos de esos elementos probatorios y por ello no es posible emitir un juicio sobre la titularidad del inmueble, siquiera con efectos prejudiciales»

El tribunal además descarta la pretensión de la Xunta de consolidar la titularidad por la posesión en el tiempo (usucapión), al tratarse de un bien que, en apariencia, tiene naturaleza pública y por la propia manera en la que se ostentó el uso del edificio: el Estado y luego la Comunidad Autónoma lo emplearon, pero sin declararlo expresamente como dominio particular de la Xunta.

Antecedentes: cesión, Real Decreto de 1994 y la memoria administrativa

La historia arranca décadas atrás: el Ayuntamiento cedió la parcela al Estado para la construcción de los juzgados y, mediante un Real Decreto de 1994, se transfirieron competencias y responsabilidades sobre el edificio a la Comunidad Autónoma. A la hora de decidir su futuro, sin embargo, esa cadena de cesiones no ha quedado suficientemente documentada en los registros accesibles, lo que alimenta el litigio actual.

Desde el Concello se argumenta que la titularidad catastral no equivale a titularidad registral y que, una vez que el edificio dejó de funcionar como sede judicial, debía revertir a ser de propiedad municipal. Esa tesis encuentra apoyo en expedientes abiertos por la propia administración local, que trató de recuperar la titularidad por la vía administrativa, sin éxito. La Xunta, por su parte, apela a sus competencias y a la publicidad del Real Decreto publicado en el BOE para sostener que actuó en uso legítimo del edificio durante décadas.

No es la primera vez que en Galicia una controversia sobre inmuebles públicos provoca choques entre administraciones. Vigo, por su tamaño y por su carácter de capital económico de la provincia de Pontevedra, es un territorio donde los usos y derechos sobre el suelo han generado disputas prolongadas que terminan resolviéndose en los tribunales o en acuerdos políticos que rara vez son rápidos.

Reacciones, costes y próximos pasos

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, mostró su respeto por la resolución judicial, pero no tardó en criticar la interpretación municipal y la consecuencia práctica: «La Xunta actuó con plena legalidad sobre un inmueble respecto del cual ejerce competencias desde hace décadas, y que le ha sido transmitido por un Real Decreto de transferencia de competencias con publicidad en el BOE», sostuvo. Ortiz ha calificado la anulación de la licencia como un acto de mala fe municipal que, a su juicio, bloquea un proyecto público de envergadura.

«La anulación de la licencia municipal … fue un acto de mala fe por parte del Ayuntamiento de Vigo para bloquear la iniciativa»

El proyecto autonómico tenía asignada una inversión de 19 millones de euros para la creación del Centro de Asociacionismo, una infraestructura pensada para agrupar entidades ciudadanas y servicios comunitarios en el centro de la ciudad. Además de ese montante, la paralización ya ha supuesto un coste económico: el gobierno gallego denuncia haber abonado cerca de un millón de euros en compensaciones a la adjudicataria por la resolución del contrato. Esa factura añade tensión política, porque pone en juego recursos públicos que, según la Xunta, podrían haberse destinado a obra efectiva.

Desde el Ayuntamiento se defiende la actuación municipal como una protección del interés público ante dudas reales sobre la propiedad y la legalidad de la licencia concedida. La sentencia, al ratificar la suspensión pero sin entrar en la titularidad, deja abierta una batalla administrativa y posiblemente civil pendiente de documentación que, según el tribunal, no ha sido aportada con suficiencia.

Los próximos pasos previsibles pasan por dos vías: la aportación de la documentación que aclare los términos de la cesión de 1994 y, si procede, la interposición de acciones civiles para que un juez se pronuncie sobre la titularidad plena del inmueble. Mientras tanto, el proyecto del Centro de Asociacionismo queda en suspenso, y la incógnita sobre el uso final de ese bien patrimonial en el corazón de Vigo seguirá condicionando las relaciones entre las dos administraciones.

Para la ciudad, la dilación supone más que un debate jurídico: es la congelación de una inversión y la pérdida temporal de un espacio que podría acoger a decenas de colectivos. En una urbe acostumbrada a proyectos repletos de reivindicaciones y negociaciones, este episodio recuerda que, al margen de las intenciones políticas, la claridad registral y documental sigue siendo la mejor garantía para que las infraestructuras públicas no naufraguen entre papeleo y litigios.