Denuncian riesgo grave para las trabajadoras del CRAPD I de Vigo por falta de medidas de seguridad

Un sindicato eleva un escrito a la Consellería de Política Social y advierte que la situación en el turno de noche exige actuaciones urgentes

Un sindicato ha presentado un escrito formal ante la Consellería de Política Social alertando de una situación que considera de riesgo para la salud y la seguridad de las trabajadoras del CRAPD I de Vigo, un centro residencial integrado en la red autonómica. Según la denuncia, los incidentes que se registran en el centro no son episodios aislados, sino que forman parte de un patrón estructural que requiere respuestas inmediatas por parte de la administración.

La queja sindical subraya la especial tensión que se vive durante el turno de noche, cuando la plantilla se enfrenta a una mayor vulnerabilidad por la menor presencia de personal y la dificultad para solicitar apoyo externo. En ese contexto, la central entiende que las medidas adoptadas hasta ahora no alcanzan el nivel necesario para garantizar condiciones laborales seguras y proteger a quienes atienden a personas dependientes.

En el documento remitido a la Consellería se reclaman actuaciones concretas y urgentes para revertir una situación que, en opinión del sindicato, pone en riesgo la integridad física y psíquica de las trabajadoras. Sin entrar en detalles sobre incidentes concretos, la denuncia destaca la necesidad de un refuerzo de plantilla, protocolos de actuación actualizados, formación específica en manejo de situaciones conflictivas y una evaluación de riesgos real y periódica.

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El CRAPD I de Vigo atiende a personas con necesidades de apoyo residencial, un colectivo que exige una atención profesional y continuada. La gestión de episodios de agresividad o crisis requiere tanto medidas técnicas —como sistemas de alarma y reorganización de turnos— como recursos humanos suficientes para garantizar que las situaciones se controlan sin que el personal deba asumir riesgos desproporcionados.

Más allá del caso concreto, el sindicato sitúa la denuncia en un contexto más amplio: la precariedad en servicios sociales y residenciales, las plantillas ajustadas y la falta de actualización de protocolos ante nuevos perfiles de dependencia y patología. Estas deficiencias derivan, advierten, en una mayor exposición de las trabajadoras a episodios potencialmente peligrosos y a una carga emocional que acaba repercutiendo en la calidad de la atención.

Desde el punto de vista legal y preventivo, la normativa de prevención de riesgos obliga a las administraciones a evaluar y corregir las condiciones que puedan suponer peligro para la plantilla. La central sindical reclama, por tanto, que la Consellería asuma su responsabilidad y ponga en marcha medidas verificables: refuerzos de personal en los tramos horarios críticos, protocolos de intervención de carácter inmediato, formación obligatoria en técnicas de contención no lesiva y coordinación con servicios sanitarios y de emergencias cuando proceda.

La denuncia también plantea la necesidad de actuaciones organizativas que mitiguen la presión sobre las plantillas: revisión de ratios, criterios objetivos para el ingreso y la permanencia en recursos residenciales, y una auditoría externa que detecte puntos débiles de diseño y funcionamiento del centro. Para la central, cualquier solución de fondo pasa por combinar medidas preventivas, recursos humanos y supervisión administrativa.

En la práctica, la implantación de medidas implica decisiones presupuestarias y de gestión por parte de la Consellería. La central sindical reclama que estas decisiones se tomen con celeridad y transparencia, y que se informen a las trabajadoras sobre los criterios que se vayan a aplicar. La ausencia de comunicación y de protocolos claros, sostienen, agrava la sensación de abandono entre el personal y dificulta la convivencia laboral.

Fuentes internas del centro, citadas en la denuncia, describen un clima de inquietud que afecta tanto al bienestar laboral como a la estabilidad del servicio. La central avisa además de que, si no se producen cambios sustanciales, caben nuevas movilizaciones o recursos ante los órganos competentes para proteger a la plantilla.

La situación en este centro viguesa pone sobre la mesa un debate recurrente en Galicia: cómo garantizar la seguridad laboral en servicios sociales que atienden a colectivos vulnerables, sin que esa garantía dependa exclusivamente de la dedicación individual de las trabajadoras. Para resolverlo se requiere, según la denuncia, una combinación de inversión, planificación y voluntad administrativa.

Mientras la Consellería de Política Social analiza el escrito recibido, la central sindical insiste en la necesidad de medidas verificables y urgentes. El desafío es preservar la atención a las personas dependientes al tiempo que se protegen quienes la prestan; en ello está, dicen, la credibilidad del sistema público de atención residencial en la comarca.