La atención primaria en tensión: la ampliación de horarios en dos PAC desata el debate sobre condiciones laborales y acceso

Un conflicto que no empezó en los centros

En el debate público sobre la cobertura sanitaria, las decisiones administrativas sobre horarios han vuelto a poner en primer plano una pregunta incómoda: ¿cómo compatibilizar la ampliación de servicios con la estabilidad y la salud laboral del personal? Los dos puntos de atención continuada (PAC) de Vilagarcía y Cambados se han convertido en ejemplo local de esa tensión, pero el problema es más amplio y tiene implicaciones para todo el sistema.

Qué ha ocurrido en los PAC

La administración autonómica ha planteado modificar el funcionamiento de ambos centros para aumentar la presencia de personal durante los fines de semana. La medida se pretende implantar mediante un acto administrativo que no ha pasado por un proceso previo de diálogo con la plantilla, lo que ha provocado malestar entre los profesionales que atienden urgencias en esas localidades.

Para expresar su rechazo, los representantes sindicales han convocado movilizaciones que coincidirán con una reunión institucional prevista en la capital autonómica. Los trabajadores afectados —en decenas entre los dos centros— sostienen que la alteración de turnos y horarios llega en un momento en el que la plantilla ya se encuentra tensionada por la carga asistencial y la falta de relevo suficiente.

«Imponer cambios en los turnos sin un acuerdo genera incertidumbre y puede afectar tanto al personal como a la calidad de la atención»

Antecedentes y comparaciones

Este tipo de fricciones no es aislado en el mapa sanitario. En los últimos años, varias comunidades han tratado de ampliar la oferta de asistencia en fin de semana para reducir listas de espera y descongestionar hospitales, recurriendo a fórmulas administrativas que a menudo han chocado con sindicatos y convenios locales. Desde expertos en relaciones laborales hasta responsables de centros de salud señalan que las modificaciones de condiciones laborales suelen requerir negociación colectiva o, al menos, compensaciones claras para el personal implicado.

En otros territorios se han probado vías alternativas: incentivos económicos para turnos no habituales, contratos específicos para refuerzos de fin de semana, o remodelación de servicios para integrar recursos y evitar duplicidades. La experiencia muestra que las soluciones impuestas sin consenso tienden a generar resistencias y, a la larga, problemas de sostenibilidad del servicio.

Riesgos para la atención y para los profesionales

Ampliar los horarios puede mejorar la accesibilidad para la ciudadanía, pero también plantea riesgos si no se acompaña de recursos humanos y medidas de protección laboral. Entre las consecuencias potenciales están el aumento de la fatiga entre los equipos, la disminución de la capacidad resolutiva por sobrecarga y, en el peor de los casos, la pérdida de personal que busca condiciones más estables en otros servicios o áreas.

Además, la percepción de cambios imprevistos incide en la moral y puede dificultar la atracción de nuevo personal a zonas con menos oferta de servicios y mayor presión asistencial.

Preguntas que quedan abiertas

La situación plantea varias cuestiones que interesa conocer para valorar la decisión desde la perspectiva del interés público: ¿qué evaluación del impacto asistencial se ha realizado antes de imponer la modificación? ¿Se han previsto medidas de refuerzo o incentivos para garantizar la continuidad y la seguridad del servicio? ¿Por qué se optó por una vía administrativa en lugar de abrir un proceso de negociación con las plantillas?

También conviene preguntarse por la planificación a medio plazo: ampliar horarios sin un plan de captación y retención de profesionales puede ser solo un parche que trasladará el problema en el tiempo.

Hacia una salida negociada

En la intersección entre la necesidad de respuesta rápida a la demanda ciudadana.