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La ampliación de horarios en atención primaria reabre el conflicto laboral: ¿imposición o necesidad organizativa?

Un cambio normativo que choca con la moral de la plantilla

En los últimos años, la reorganización de servicios sanitarios ha sido una constante entre las administraciones autonómicas que buscan garantizar cobertura durante más horas. Sin embargo, cuando las modificaciones se perciben como decididas de forma abrupta, la respuesta del personal puede ser contundente. En dos puntos de la ría de Arousa, profesionales de los puntos de atención continuada (PAC) han manifestado su malestar ante la ampliación de la jornada durante los fines de semana, una decisión que, a su entender, se ha adoptado sin el diálogo previo que exigen los convenios y las prácticas habituales de negociación colectiva.

Cómo afecta al día a día del personal y del servicio

Los equipos implicados, compuestos en conjunto por alrededor de cuarenta trabajadores, sostienen que la extensión de la cobertura de sábado por la mañana altera turnos y descansos y añade carga laboral en un momento de alta presión asistencial. Más allá del cómputo de horas, lo que subyace es la sensación de pérdida de participación en decisiones que afectan a condiciones laborales básicas. ¿Qué impacto tiene esto en la calidad asistencial? Los propios profesionales alertan de que la fatiga y la incertidumbre pueden traducirse en menor capacidad de respuesta y en mayores dificultades para retener plantilla en zonas con dificultades de sustitución.

Un representante sindical señala que el conflicto no es solo por horas, sino por la forma en que se ha comunicado el cambio y la ausencia de negociación previa.

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Protesta convocada y escenario institucional

Ante la situación, la plantilla ha convocado una concentración para esta semana, con el objetivo de visibilizar su rechazo y reclamar diálogo. La decisión administrativa que impulsa la modificación del horario está planteada como una medida para ampliar la accesibilidad del servicio en fines de semana, aunque para quienes trabajan en los centros locales la manera en que se ha implementado convierte una decisión organizativa en una cuestión de conflicto laboral. Las autoridades sanitarias sostienen la necesidad de garantizar atención continuada; el cuerpo sanitario demanda que esa garantía pase también por fórmulas pactadas con quienes la prestan.

Marco legal y precedentes

Modificar las condiciones de trabajo mediante instrumentos de carácter reglamentario plantea dudas sobre encaje con la normativa laboral y con los acuerdos sectoriales. En España existen precedentes en los que ampliaciones de turnos u horarios llevaron a reclamaciones formales por parte de sindicatos y, en ocasiones, a recursos judiciales. La negociación colectiva es la vía habitual para tratar cambios sustanciales en jornada o descansos; saltársela puede acarrear conflictos que retrasen la puesta en marcha de la medida y generen desgaste institucional.

Comparación con otras experiencias

En otras comunidades, la ampliación de horarios en centros de atención primaria se ha abordado de diversas maneras: incrementos temporales de plantilla, incentivos para cubrir guardias, rotaciones que respetan descansos y acuerdos específicos con sindicatos. Donde hubo diálogo previo, la implantación suele ser menos conflictiva. En cambio, implantaciones precipitadas provocaron movilizaciones, negociaciones forzadas o incluso intervenciones de mediación laboral. ¿Podría aplicarse alguna de esas fórmulas locales para desactivar la tensión actual?

Consecuencias para la ciudadanía y propuestas

Para la población, el objetivo declarado —mejorar la disponibilidad de atención— es comprensible y en muchos casos necesario. Pero la efectividad de esa ampliación depende de que los profesionales dispongan de condiciones laborales que garanticen continuidad y seguridad asistencial. A corto plazo, las administraciones tienen la opción de abrir canales de diálogo, plantear soluciones.

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Miguel Ángel Vázquez

Redactor especializado en economía y empresas. Cubre la actualidad económica de Galicia y España para Galicia Universal.

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