Galicia se juega algo más que papeles

Una decisión administrativa con efectos en barrios, empresas y escuelas

La eventual regularización de más de veinte mil personas migrantes que residen en Galicia no debería leerse solo como un expediente colectivo ni como una noticia de ventanillas. Lo que está en juego es bastante más profundo: la relación entre legalidad, empleo, vivienda, educación y convivencia en una comunidad que envejece, pierde población en muchas comarcas y necesita mano de obra en sectores que llevan tiempo avisando de sus dificultades para cubrir puestos.

Durante años, una parte de esa realidad ha permanecido en una zona gris. Personas que trabajan, cuidan, consumen, pagan alquileres y sostienen actividades cotidianas han vivido a la vez dentro y fuera del sistema. Dentro, porque forman parte de la vida económica y social. Fuera, porque la falta de documentación limita derechos, frena contratos formales y empuja a demasiadas familias a depender de la precariedad. La regularización abre, por tanto, una discusión incómoda, pero necesaria: ¿qué sentido tiene mantener en la sombra a quienes ya participan de hecho en la sociedad gallega?

Regularizar no borra los problemas de fondo, pero reduce una contradicción que llevaba demasiado tiempo instalada en silencio.

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El impacto real: trabajo digno, recaudación y menos vulnerabilidad

El primer efecto visible será laboral. En Galicia hay actividades que dependen desde hace tiempo del esfuerzo de población extranjera: hostelería, cuidados, agricultura, construcción, logística o determinados servicios. Cuando una persona carece de autorización, su margen para defenderse frente a abusos se estrecha. Cobrar menos de lo debido, aceptar jornadas excesivas o callar ante amenazas deja de ser una excepción y se convierte en una rutina demasiado frecuente.

Por eso la regularización interesa no solo a quienes la soliciten. También afecta a empleadores que quieren contratar dentro de la norma, a la Seguridad Social, a la Inspección de Trabajo y al conjunto de las cuentas públicas. Aflorar empleo implica cotizaciones, impuestos y mayor estabilidad. Conviene recordarlo en medio del ruido político: la economía sumergida no desaparece ignorándola, pero sí puede reducirse cuando la Administración ofrece una puerta de entrada legal y comprensible.

Además, la documentación facilita algo elemental: planificar una vida. Firmar un contrato, alquilar una vivienda con menos obstáculos, abrir una cuenta, matricularse en formación reglada o iniciar un proyecto empresarial deja de depender exclusivamente de favores o atajos. En una comunidad con problemas demográficos tan acusados, convertir el arraigo de hecho en integración de derecho parece una decisión de puro sentido común.

Una vieja discusión española que Galicia vive con sus propios matices

España ya ha atravesado otros procesos extraordinarios de normalización administrativa. Cada uno generó críticas, expectativas y también una avalancha de dudas prácticas. El debate reaparece siempre con el mismo tono crispado: unos hablan de “efecto llamada”; otros, de justicia elemental. Entre ambos extremos suele perderse la dimensión concreta del problema. Galicia no afronta esta cuestión desde la misma posición que territorios con mayor presión urbana o con mercados laborales distintos. Aquí pesan el despoblamiento, la dispersión territorial y la necesidad de relevo en muchos oficios.

También hay un componente social que rara vez se formula con claridad. En numerosos municipios gallegos, la llegada de población extranjera ha contribuido a sostener matrículas escolares, consumo local y servicios básicos. No se trata de un fenómeno abstracto, sino de una presencia cotidiana en pueblos, villas y ciudades. Quien presenta la migración únicamente como conflicto desconoce una evidencia visible desde hace años: buena parte de la Galicia contemporánea ya se construye con acentos diversos.

Eso no significa negar las dificultades ni idealizar procesos que exigen políticas públicas serias, recursos y una convivencia cuidada, pero sí obliga a mirar de frente lo que ya somos. Galicia no contempla la migración desde una lejanía abstracta, sino en las aulas, en los hospitales, en los mercados, en el trabajo diario y en barrios donde la vida compartida lleva años abriéndose paso con más naturalidad que estridencia. Presentar esa realidad únicamente bajo el prisma del choque o de la amenaza no solo empobrece el debate, sino que deforma el país real. Y un país que se describe mal termina también por gobernarse peor.

Tal vez la cuestión de fondo sea si Galicia quiere pensarse desde el miedo o desde el reconocimiento de su propia transformación. Porque regularizar no es inventar una presencia, sino asumir con responsabilidad una evidencia humana, laboral y social que ya sostiene parte de nuestra vida común. Frente al ruido interesado, convendría recuperar una mirada más sobria: la de una tierra que conoce la emigración, que sabe lo que significa empezar de nuevo y que no debería permitirse el lujo moral de olvidar su propia memoria. En ese espejo, más que una amenaza, hay una oportunidad de dignidad, de orden y de verdad.