Un parque que se renueva con más lentitud
La discusión sobre movilidad rara vez se limita a debates teóricos: tiene efectos directos en la seguridad, en el bolsillo de las familias y en la calidad del aire de las ciudades y del medio rural. En Galicia, la antigüedad media del parque de turismos ha escalado hasta situarse en 16,7 años, una cifra que supera con claridad la media nacional, que ronda los 14,6 años. Esa diferencia, aparentemente técnica, encierra consecuencias prácticas.
Factores detrás de la longevidad de los vehículos
Varias dinámicas han conspirado para ralentizar la renovación vehicular. Por un lado, las restricciones presupuestarias de los hogares y la subida de precios ligados a la compra de coches nuevos —incluyendo las variantes eléctricas— dificultan el relevo. Por otro, la falta de oferta o los retrasos en la llegada de modelos nuevos en años recientes han empujado a muchos conductores a mantener unidades más viejas.
La propia geografía y el patrón demográfico gallegos actúan como aceleradores de esta tendencia: en áreas rurales con servicios de transporte público limitados, el vehículo particular sigue siendo imprescindible, por lo que se tiende a estirar su vida útil más allá de lo habitual. A esto se suma la cultura del taller local y la apuesta por la reparación frente al reemplazo, que prolonga la marcha de modelos más antiguos.
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Conoce más →Impactos sobre seguridad, economía y medio ambiente
Un parque viejo implica, en términos generales, menor presencia de tecnologías de seguridad activa y pasiva —como asistencias a la frenada, control de estabilidad o múltiples airbags— que han ido estandarizándose en los últimos años. Ese desfase tecnológico influye en el número y la gravedad de los siniestros y también en la capacidad de los vehículos para cumplir con las normas de emisiones que se hacen más exigentes.
Desde la óptica económica, las familias pagan más en mantenimiento y consumen más combustible por kilómetro recorrido. Además, la presencia de coches antiguos tiene un coste público: mayores emisiones de NOx y partículas y una mayor dificultad para alcanzar los objetivos de reducción de contaminantes y de gases de efecto invernadero.
Si la renovación del parque no se acelera, ¿quién asumirá el coste real de mantener un parque cada vez más obsoleto?
Instrumentos de política para deshacer la acumulación
La administración dispone de varias palancas que pueden condensar la renovación: incentivos económicos para achatarrar vehículos antiguos a cambio de la compra de modelos menos contaminantes; ayudas específicas para zonas rurales que faciliten la adquisición de vehículos más eficientes; y medidas fiscales que penalicen la circulación de unidades con mayores emisiones.
Pero más allá del incentivo monetario, la respuesta debe contemplar la accesibilidad. Mejorar la red de recarga eléctrica en áreas periurbanas y rurales, fomentar modelos de movilidad compartida adaptados a municipios poco densos y reforzar el transporte colectivo en ejes interurbanos son estrategias que contribuirían a reducir la dependencia del coche individual y a acelerar la modernización del parque.
¿Qué pueden hacer empresas y consumidores?
El mercado de ocasión desempeña un papel central: con una demanda creciente de vehículos usados, surgen oportunidades para que el sector automovilístico y las pymes que trabajan en el taller y en la compra-venta se adapten a nuevas necesidades, ofreciendo servicios de reacondicionamiento, garantías y paquetes de financiación más asequibles. Para el consumidor, valorar el coste total de propiedad —incluyendo mantenimiento, consumo y pérdidas por obsolescencia tecnológica— puede cambiar la ecuación entre reparar y renovar.
La electrificación aparece como una solución a medio plazo, pero su implantación choca con retos específicos en Galicia: la dispersión poblacional exige.
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