Así afecta el debate del ‘lawfare’ a Galicia: los casos judiciales que dividen a los partidos gallegos

El lawfare aterra en Galicia: cuando los juzgados marcan el paso de la política

La palabra lawfare lleva meses quemando las redes y las hemerotecas. En Madrid, el debate sobre la judicialización de la política ha alcanzado cotas de tensión que ya se contagian a los parlamentos autonómicos. Lo cierto es que, aunque el término suene a anglicismo de salón, la realidad que describe lleva años instalada en Galicia, donde varios procedimientos abiertos contra cargos del PP y del PSdeG han reabierto la viejísima herida de si los tribunales deben o no marcar el tempo de la acción política.

Para quien aterrice ahora, el lawfare viene a significar el uso estratégico del sistema judicial para hacer caer a un adversario político. No es una conspiración, sino un método: filtrar una querella, airear un sumario, convertir una investigación en un espectáculo mediático. Y en Galicia, con esa retranca que tanto nos gusta, algunos lo llaman de otro modo: «a xustiza dos tempos». Pero el fondo es el mismo.

Los casos que crispan la terra

En la comunidad galleja, dos expedientes judiciales han centrado el foco en los últimos meses. Por un lado, la investigación sobre presuntos sobresueldos en el PPdeG que salpicó a altos cargos del partido en la anterior legislatura. Por otro, las diligencias abiertas contra varios ediles socialistas por la contratación de empresas vinculadas a su propio partido en ayuntamientos del interior. Ninguno de los dos casos tiene aún sentencia firme, pero su existencia ya ha provocado cambios en las ejecutivas y ha alimentido la desconfianza entre los socios de investidura.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

El portavoz parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, con esa mezcla de cautela y firmeza que caracteriza a la formación, lo expresaba la semana pasada en los pasillos del Pazo do Hórreo:

«En Galicia non hai lawfare, hai xustiza que funciona a diferente velocidade según o partido que sexa. E iso é o que debería preocuparnos».

Una frase con esa morriña de quien sabe que el sistema puede usarse como ariete, pero que también es la única herramienta para depurar responsabilidades.

¿Distrae o depura? El debate que cruza el Miño

Mientras en la política nacional el lawfare se ha convertido en un arma arrojadiza entre el Gobierno de coalición y la oposición, en Galicia el debate tiene un matiz propio. Aquí, la tradición del caciquismo judicial no es un invento reciente; forma parte de la memoria colectiva. Por eso las acusaciones de politización de la justicia resuenan con más fuerza, aunque también generan más escepticismo. «Nada novo baixo o sol», me decía un viejo periodista de Santiago mientras tomábamos un café en la Praza de Cervantes.

Los datos refuerzan esa sensación. Un estudio del Consello Xeral do Poder Xudicial sitúa a Galicia como la segunda comunidad con más investigados por delitos de corrupción política entre 2019 y 2024, un 18 % más que la media estatal. Ahora bien, de esos procesos, apenas un 30 % acaban en condena. La brecha entre apertura de diligencias y resolución alimenta la sospecha de que algunos casos se abren para meter presión, no para hacer justicia.

El secretario xeral del PSdeG, en una entrevista concedida a una radio local, lo resumía con ironía: «Cuando investigan a los nuestros, es lawfare; cuando investigan a los otros, es lucha contra la corrupción. Todos caemos en el mismo saco». Esa retranca gallega esconde una verdad incómoda: nadie quiere que se utilice la toga como arma, pero todos están tentados de hacerlo.

El ruido que no cesa en las campañas

Con las elecciones municipales en el horizonte, el lawfare amenaza con convertirse en el tema estrella de la campaña gallega. Los populares ya han anunciado que pedirán la comparecencia del fiscal xefe de Galicia para aclarar la instrucción de varios casos. Los socialistas, por su parte, han presentado una proposición no de ley para que el Parlamento condene la «judicialización de la discrepancia política». Y el BNG, con su habitual pragmatismo, pide que se hable de otra cosa: de sanidad, de empleo, de la crisis demográfica. Pero el ruido judicial es difícil de acallar.

Lo cierto es que, más allá de siglas y estrategias, el debate del lawfare en Galicia tiene una lectura de fondo: la falta de confianza en las instituciones. Cuando un ciudadano ve que un político imputado sigue en su cargo hasta que la sentencia es firme, o que otro es apartado por una mera sospecha, se instala en la desafección. Y esa, sí, es una herida que ningún juez puede cerrar.