Rueda tensa la cuerda: la Xunta negocia la AP-9, pero exige el mismo trato que Cataluña

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La autopista AP-9 vuelve a ser el epicentro del debate político gallego, pero esta vez el escenario ha cambiado. Tras la luz verde del Congreso a la ley que habilita su transferencia, el presidente de la Xunta ha dejado claro que, aunque la negociación es inevitable, no lo es la rendición. La postura del Ejecutivo autonómico se ha endurecido: no se trata de aceptar cualquier traspaso, sino de garantizar que Galicia no salga perdiendo en el reparto de competencias y financiación.

Un «lacito» para Galicia: la metáfora que condiciona la negociación

La imagen que ha elegido el presidente gallego para definir sus exigencias es tan visual como contundente. Lejos de las habituales declaraciones institucionales, Rueda ha recurrido a una comparación directa con otras comunidades autónomas para marcar el terreno de juego. Su demanda no es de máximos, sino de igualdad: quiere el mismo «lacito» que, según sus palabras, recibieron Cataluña y el País Vasco en sus respectivos procesos de transferencia.

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Este símil, que hace referencia a las condiciones ventajosas y a la cobertura financiera que acompañaron aquellos traspasos, busca presionar al Gobierno central. La Xunta no está dispuesta a ser la hermana pobre en la mesa de negociación. La advertencia es explícita: si el paquete económico no es el adecuado, la respuesta será un «no» rotundo. El riesgo de asumir una deuda que el propio presidente cifra en unos 4.000 millones de euros es un fantasma que planea sobre cualquier acuerdo.

La sombra de la deuda y el espejo del Parlamento gallego

El núcleo de la controversia no es la transferencia en sí, sino el lastre financiero que podría suponer para las arcas autonómicas. La Xunta ha repetido hasta la saciedad que no está dispuesta a hipotecar el futuro de Galicia. Esta postura, que parecía una línea roja infranqueable, se ha convertido ahora en la principal carta de negociación.

Sin embargo, el movimiento del presidente no es solo económico, sino también político. Al apelar al «lacito» de otras autonomías, Rueda sitúa el debate en el terreno del agravio comparativo. La pregunta que subyace es: ¿por qué Galicia debería conformarse con menos? Para reforzar su posición, el líder del Ejecutivo gallego ha recordado que su guía no será la ley aprobada en el Congreso, sino el acuerdo unánime alcanzado en el Parlamento autonómico. Este matiz es crucial, ya que deslegitima en parte el texto pactado por el PSOE, el BNG y Sumar, al considerar que no recoge fielmente la voluntad de la Cámara gallega.

Más allá de la AP-9: el pulso por la A-54 y la comunicación con el Gobierno

La rueda de prensa no se limitó a la autopista de peaje. Preguntado por los continuos retrasos en la autovía Santiago-Lugo (A-54), Rueda aprovechó para lanzar una pulla al Ejecutivo central. Con un tono irónico, afirmó que en Galicia «los ministros se pasean» sin informar a la Xunta de sus planes, evidenciando una vez más la falta de sintonía entre ambas administraciones.

Este comentario, lejos de ser un simple desahogo, revela un patrón de descoordinación que va más allá de la AP-9. La falta de información sobre las infraestructuras clave para la comunidad se convierte en un síntoma de una relación más profunda y tensa. Para la Xunta, no se trata solo de recibir fondos, sino de ser considerada un interlocutor válido y respetado en las decisiones que afectan al territorio.

Una negociación con dos lecturas

El panorama que se dibuja es el de una partida de ajedrez político en la que ambas partes han movido ficha. El Gobierno central ha dado el primer paso al aprobar la ley de transferencia. La Xunta, por su parte, ha respondido subiendo la apuesta y colocando sobre la mesa dos condiciones innegociables: financiación suficiente e igualdad de trato.

La comisión bilateral